La Asociación de Defensores de Oficio presentó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un proyecto de ley para que ese servicio que patrocina a las personas de menores recursos deje de pertenecer al Poder Judicial y se establezca, por ley, una Dirección Nacional de Defensoría Pública como órgano descentralizado.
La iniciativa apunta a equilibrar el rol de los defensores y de los fiscales en el marco del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), cuya puesta en marcha está prevista para julio de 2017. El futuro modelo otorgará al Ministerio Público el rol de dirigir las indagatorias (modelo acusatorio) y establecerá un sistema de audiencias orales y públicas.
De hecho, en función del nuevo CPP, la Fiscalía de Corte se transformó el año pasado en un servicio descentralizado denominado Fiscalía General de la Nación y dejó de depender del Ministerio de Educación y Cultura.
El presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, Luis Ferrari, dijo que "el beneficio de tener un organismo estatal no inserto en el Poder Judicial fortificaría el rol de la Defensa Pública".
"Es imposible poner en marcha el nuevo CPP en la realidad actual donde ya hay diferencias entre fiscales y defensores porque esa realidad se acentuaría aún más", expresó Ferrari ayer a El Observador. "Con el sistema actual, en Montevideo intervienen 12 fiscales entre titular, adscriptos y adjuntos, mientras que defensores hay dos con un procurador", agregó.
En todo el país hay algo más de 200 defensores de oficio que atienden los casos judiciales de las personas de escasos recursos en todas las materias. En particular, el mayor volumen de trabajo se encuentra a nivel penal, menores infractores y violencia doméstica, donde se atiende entre el 85% y el 90% de las causas, indicó Ferrari.
La semana pasada, en el marco de una reunión con el presidente Tabaré Vázquez a la que también asistieron representantes de todos los partidos políticos, el presidente de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, advirtió que el Poder Judicial no está en condiciones de implementar el nuevo CPP.
"Al día de la fecha el Poder Judicial no cuenta con recursos presupuestales para afrontar la puesta el vigencia del CPP", dijo Pérez Manrique durante la reunión.
Por otra parte, la situación de disparidad entre el Ministerio Público y la Defensoría Pública en el marco del futuro CPP también es objeto de análisis a nivel de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), que ayer lunes presentó su informe referido a su labor del año pasado.
"Si hay una Fiscalía fuerte también tiene que haber una Defensa Pública fuerte", dijo el presidente de la Inddhh, Juan Faroppa.
En tanto, la integrante del consejo directivo de la entidad y exfiscal penal, Mirtha Guianze, afirmó que el nuevo modelo procesal busca tener "más diligencia para meter a la gente presa", pero advirtió que "está faltando" el análisis y el debate sobre el rol de la Defensa Pública.
El 25% de las denuncias que recibió en 2015 la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) refiere a situaciones de supuestos abusos cometidos por funcionarios del Ministerio del Interior. En el caso de las denuncias por la actuación policial, las denuncias refieren a "cuando se utiliza la fuerza de una manera desproporcionada, que no respeta las normas que rigen la actuación policial, de proporcionalidad, oportunidad, respuesta adecuada a la agresión recibida", dijo el presidente de la Inddhh, Juan Faroppa
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