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Denunciaron a Susana Giménez por evasión fiscal en Argentina: cuál es la maniobra de la que la acusan
La agencia impositiva argentina, la AFIP, reclama a Susana Giménez una deuda de 50 millones de pesos argentinos (unos US$ 360.000) y la acusó de evadir impuestos, por lo que presentaron una denuncia penal contra la diva televisiva, que desde 2020 está establecida en Uruguay.
La denuncia penal es por negarse a presentar la Declaración Jurada de Bienes Personales del año 2019, paso previo indispensable para pagar dicho impuesto, y el pasado jueves presentó la denuncia formal ante la justicia. Según supo El Observador con fuentes judiciales argentinas la deuda se determinó porque lo que sí hizo Giménez fue responder a los requerimientos previos (declaración jurada de patrimonio y otros trámites), pero se negó sistemáticamente a presentar la declaración jurada de Bienes Personales.
La actriz y conductora rechazó la existencia de la deuda y dijo que no hizo “ninguna declaración engañosa ni ocultación maliciosa, ni mucho menos defraudó al Fisco”.
Giménez fue notificada de la deuda en abril, y desde entonces ha rechazado las acusaciones. Sus abogados señalan que no hubo omisión, y que un incremento de la tasa de los impuestos a los bienes personales generó que la renta obtenida por sus bienes fuera inferior a lo que se le reclama, aduciendo que la reforma sancionada por el Congreso a fines de ese año es "confiscatoria".
“Susana debería desprenderse de una parte de los ahorros de toda su vida capital para poder afrontar el pago del gravamen”, dijeron sus abogados, en declaraciones que publica Infobae.
La AFIP la denunció por haber “ocultado su realidad fiscal", un delito por el que incluso podría ser condenada con entre tres años y medio y nueve años de prisión. Según dijeron fuentes judiciales a El Observador, tras una serie de intimaciones no respondidas, se procedió a la denuncia penal contra la diva.
Según la agencia impositiva, Giménez manifestó “un actuar doloso tendiente a evitar el ingreso de las cargas tributarias correspondientes, afectando así el bien jurídico tutelado: el erario público. El engaño o ardid utilizado por la contribuyente permitió evitar o evadir el ingreso genuino de las obligaciones que legalmente adeudaba”.
Si Giménez paga la deuda (que sumada a intereses y demás cargas, puede llegar a 300 millones de pesos argentinos, unos US$ 2.100.000), la acción penal queda sin efecto. Los otros caminos posibles para la denuncia son que Giménez sea imputada por la Justicia, por lo que deba ir a Buenos Aires a declarar, y si no asiste, puede llegar a librarse una alerta de Interpol contra ella.
