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Desaparecidos: 163 causas activas con pocos hallazgos y lento avance judicial

Familiares piden al gobierno que sea proactivo para conseguir información de las Fuerzas Armadas

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21 de mayo de 2020 a las 05:02

El primer día que se abrieron los juzgados, Matilde Rodríguez Larreta presentó una denuncia penal para que se investigara la responsabilidad de las autoridades del gobierno uruguayo en los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz (su esposo), Zelmar Michelini, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en Buenos Aires en mayo de 1976. 

Como ella, en estos 35 años desde el retorno de la democracia, han sido centenares los familiares que reclamaron que se juzgue a los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985), aunque los avances han sido escasos. 

El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, dijo a El Observador que tienen 160 causas activas que pertenecen al código del proceso penal viejo y 3 que responden al nuevo. 

Perciballe espera que en julio se realice el primer juicio oral y público por estos delitos, luego que en noviembre del año pasado el juez  Luis Sobot imputara a tres policías (Hugo Guillén, Wisthon Vitale y Alejandro Ferreira) por torturas en el centro clandestino de Canelones conocido como “Los vagones”. Las otras dos causas permanecen en investigación.

De las 160 causas del código viejo, hay entre 10 y 12 en etapa de ejecución, con personas penadas que cumplen condena; otras tres con personas condenadas que presentaron recursos por lo que no hay sentencia firme, y otras dos en etapa de sumario, es decir con personas procesadas pero sin condena. 

El resto están en etapa de investigación, aunque en 20 de ellas la Fiscalía ya solicitó procesamientos y está a la espera de que los jueces resuelvan. En abril, hace prácticamente un mes, el juez Nelson dos Santos condenó al represor José Nino Gavazzo a 25 años de cárcel como coautor del homicidio del maestro Julio Castro.

El cuerpo de Castro es uno de los cinco que fueron encontrados desde el año 2005, cuando comenzaron las excavaciones en los predios militares en el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010). 

Los datos del Observatorio Luz Ibarburu, una organización de la sociedad civil que se dedica a dar seguimiento a las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, señalan que -en este momento- son 21 las personas procesadas con prisión o condenadas por delitos de lesa humanidad. 

De ellos, 11 están en establecimientos penitenciarios (en las cárceles de Domingo Arena y Coraceros), de los cuales cinco tienen salidas transitorias (Ricardo Medina, Ernesto Soca, Juan Carlos Larcebeau, Luis Maurente y Enrique Ribero). Los 10 restantes tienen prisión domiciliaria y dos de ellos son controlados a través de tobilleras electrónicas (José Nino Gavazzo y Ricardo Arab), mientras que Gilberto Vázquez cuenta con custodia policial permanente. Murieron mientras cumplían su condena Juan María Bordaberry, Gregorio Álvarez y Miguel Dalmao.

El presidente de la República Luis Lacalle Pou se comprometió a continuar con las búsquedas que se iniciaron con el Frente Amplio en el poder, y los socios de la coalición incluyeron el tema en el Compromiso por el país, la hoja de ruta del gobierno.

Para reafirmar ese compromiso, la semana pasada la vicepresidenta Beatriz Argimón y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, visitaron el Batallón Nº14 donde se realizan excavaciones. En ese lugar, en el año 2011 fueron encontrados los restos de Castro. En ese predio, algunos meses después en marzo de 2012 fue hallado Ricardo Blanco, un dirigente del Partido Comunista Revolucionario y sindicalista de UTE desaparecido en 1978.

Los restos de Eduardo Bleier, hallados en el Batallón Nº13 en agosto de 2019, son los últimos que fueron encontrados. A unos pocos metros, 14 años antes, los antropólogos hallaron a Fernando Miranda, padre del actual presidente del Frente Amplio Javier Miranda. 

El primero de los detenidos desaparecidos encontrados en un predio militar fue Ubagésner Chaves Sosa, un dirigente comunista y sindicalista metalúrgico, que fue hallado en una chacra de Pando de la Fuerza Aérea en noviembre del 2005.

Pese a las señales del nuevo gobierno, desde la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos reclaman con insistencia en que para encontrar a los cuerpos se necesita algo más que mantener el presupuesto para la búsqueda. 

El dirigente de la organización Nilo Patiño dijo a El Observador que es fundamental “tener la actitud” de conseguir información en la interna de las Fuerzas Armadas. “Es un reclamo nuestro de siempre, no porque pensemos que los perpetradores vayan a hablar, pero sí que se puede buscar y tener la actitud de buscar en las fuerzas, porque la desaparición fue un acto institucional”, expresó.

Patiño agregó que las excavaciones deben tener un “sostén de información” y que son los datos los que hicieron que se hallaran cuerpos. “Se excava en el 13 y en el 14 porque ahí hubo enterramientos. Esa es la constatación que hay. En el caso de Miranda, hubo un croquis anónimo que vino de un militar, por los datos, y había tal exactitud que da a pensar que eso está escrito en algún lugar”, señaló.

Este miércoles fue el primero en que los familiares no pudieron salir a la calle a reivindicar sus causas en la Marcha del Silencio, pero la organización valoró de forma positiva el “nivel de participación” de la sociedad. 

“Las reivindicaciones nuestras siguen vigentes porque no los hemos encontrado, pero es la primera vez que hay ese nivel de participación e iniciativas de colectivos de gente de particular, pequeños grupos, que se han manifestado. Es muy bueno porque una de las metas de Familiares siempre fue que la sociedad se apropie de la causa”, sentenció Patiño.

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