Mundo > Se encienden las calles

Dictadas condenas de hasta 13 años para nueve independentistas catalanes

La pena más alta,13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta,  fue para el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras. Pedro Sánchez dice que se abre "una nueva etapa"

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14 de octubre de 2019 a las 11:45

El Tribunal Supremo español impuso este lunes penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve de los 12 líderes independentistas procesados por el fracasado intento de secesión de 2017, anunció el alto tribunal.

Los doce fueron juzgados por haber organizado el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación ilegal —marcado por imágenes de violencia policial que dieron la vuelta al mundo—, y la proclamación el 27 de ese mes en el Parlamento regional de una "República catalana" que nunca se materializó.

La pena más alta, 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta por sedición y malversación, fue para el ex vicepresidente del gobierno regional catalán Oriol Junqueras, una pena muy inferior a los 25 años que solicitaba la fiscalía. Los otros tres procesados que no recibieron pena de cárcel fueron condenados a una multa. 

Los hechos alrededor de la fallida secesión significaron la peor crisis política en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975.

Después del anuncio de la sentencia del Tribunal Supremo, que relanzó la tensión en Cataluña donde el separatismo tiene la escena política y social en ebullición desde hace una década, los manifestantes cortaron varias vías de la capital catalana.

Miles de personas se congregaron en la céntrica Plaza de Cataluña al grito de "las calles siempre serán nuestras", constató un periodista de la AFP. 

Una nueva plataforma independentista, el 'Tsunami Democrático', llamó a colapsar el aeropuerto de Barcelona para "internacionalizar la respuesta ciudadana".

"Ahora sólo nos queda la vía de la desobediencia civil e institucional. Esto va para largo", dijo a AFP Juli Cuéllar, un funcionario de 44 años.

Poco después de conocerse la sentencia, el Supremo emitió una nueva orden internacional de detención contra ex presidente regional catalán Carles Puigdemont, por sedición y malversación de fondos.

Estos son los doce líderes independentistas condenados:

13 años para el ex número dos del gobierno catalán 

Dirigente de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, de 50 años, fue condenado a 13 años de prisión, por sedición y malversación de fondos públicos.

La fiscalía había solicitado 25 años de cárcel por rebelión y malversación, y los abogados que representaron al Estado 12 años, por sedición y malversación.

Junqueras fue encargado por el entonces presidente regional Carles Puigdemont de preparar el referéndum de autodeterminación ilegal del 1 de octubre de 2017. Fue el principal acusado del juicio, en ausencia de Puigdemont, huido de la justicia española a Bélgica.

Más de 10 años para exministros regionales

Tres antiguos ministros regionales, Dolors Bassa (60 años) Jordi Turull (53), y Raul Romeva (48), fueron condenados a 12 años de prisión por sedición y malversación.

Otros dos exministros catalanes, Josep Rull (51 años) y Joaquim Forn (55), fueron sentenciados a 10 años y 6 meses de prisión por sedición.

La fiscalía reclamaba para ellos 16 años, los abogados del Estado, 11 y medio.

11,5 años por la expresidenta del Parlamento catalán 
 

Carme Forcadell, de 64 años, recibió 11 años y 6 meses de prisión por sedición. La fiscalía solicitaba 17 años, los abogados del Estado, 10.

Esta exdirigente de la influyente Asamblea Nacional Catalana (ANC), que organizó masivas manifestaciones de separatistas, ignoró las advertencias de la justicia de que no permitiera la tramitación de leyes para organizar el referéndum y la secesión.

9 años para dos dirigentes de asociaciones independentistas 

El Tribunal Supremo condenó a 9 años de prisión por sedición al presidente de la ANC en el momento de los hechos, Jordi Sánchez, de 55 años, y el presidente de otra gran asociación separatista, Omnium Cultural, Jordi Cuixart, de 44 años.

La fiscalía reclamaba 17 años, los abogados del Estado, 8.

Ambos fueron puestos en prisión provisional el 16 de octubre de 2017 por haber convocado una manifestación frente a una dependencia del gobierno catalán que era registrada, impidiendo la salida de funcionarios y agentes de fuerzas del orden.

Esta protesta de miles de independentistas no dejó heridos, pero varios vehículos de a Guardia Civil fueron destruidos.

Multa para otros tres exministros regionales 

Otros tres exministros regionales, los únicos acusados en libertad condicional, fueron condenados a una multa de 60.000 euros y 20 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Fiscalía y abogados del Estado pedían 7 años por malversación y desobediencia. 

Ellos son Santi Vila, 46 años, quien abandonó el gobierno regional la víspera de la declaración de la independencia, el 27 de octubre de 2017; Carles Mundó, 43 años; y Meritxell Borràs, 55 años.

"Barbaridad"

El ex presidente regional catalán Carles Puigdemont calificó este lunes de "barbaridad" las penas de hasta 13 años de prisión impuestas a varios independentistas catalanes por el intento fallido de secesión de España llevado a cabo en 2017 bajo su mandato.

"100 años de prisión en total. Una barbaridad. Ahora más que nunca, a vuestro lado y al de vuestras familias. Toca reaccionar, como nunca", tuiteó Puigdemont, que se marchó en a fines de octubre de 2017 a Bélgica tras los hechos juzgados ahora por el Tribunal Supremo, y sobre quien pesa una orden de captura en España.

Oriol Junqueras, principal condenado de los líderes separatistas con 13 años de cárcel, advirtió este lunes en una carta que, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo, el movimiento volverá más fuerte.

"Ante aquellos a quienes solo mueve la voluntad de hacer daño, les decimos que hoy no termina nada, ni vencéis ni convencéis (...) Volveremos y volveremos más fuertes (...) No tengáis ninguna duda, volveremos y ganaremos", aseguró Junqueras en esta carta escrita desde la cárcel y publicada por su partido Izquierda Republicana (ERC).

FC Barcelona: "la cárcel no es la solución"

El Barcelona criticó este lunes las penas de prisión impuestas a varios independentistas catalanes.

"Del mismo modo que la prisión preventiva no ayudó a resolver el conflicto, tampoco lo hará la prisión dictada hoy, porque la cárcel no es la solución", aseguró el Barcelona en un comunicado.

"La resolución del conflicto que vive Cataluña pasa, exclusivamente, por el diálogo político", añadió el club catalán.

En su comunicado, en el que expresa "todo su apoyo y solidaridad a las familias de los que son privados de libertad", el Barcelona "pide a todos los responsables políticos que lideren un proceso de diálogo y negociación para resolver este conflicto".

El club azulgrana, una entidad con seguidores en todo el mundo y estrechamente vinculado al nacionalismo catalán, dijo hacer este llamamiento como "una de las entidades de referencia de Cataluña, y de acuerdo con su trayectoria histórica, desde la defensa de la libertad de expresión y del derecho a decidir".

El Barcelona se había posicionado ya en 2014 por el "derecho a decidir" y la celebración de un referendo sobre la independencia de Cataluña.

El Espanyol, el otro gran equipo de Barcelona, mostró, por su parte, su "respeto a las decisiones judiciales", al tiempo que lamentó "el sufrimiento que determinadas situaciones procesales puedan generar a personas individuales".

El club 'perico' recuerda que es "una entidad puramente deportiva y, como tal, no representa los sentimientos, ni los posicionamientos de todos sus socios".

Simultáneamente insta "a todos los poderes públicos a buscar soluciones políticas y democráticas por esta crisis social, por la vía del diálogo y dentro del marco legal y del más estricto respeto a la legalidad".

Pedro Sánchez: "podemos iniciar una etapa nueva"

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, deseó este lunes la apertura de una "etapa nueva" en Cataluña, basada en el "diálogo" y la "convivencia", tras conocerse las condenas a 12 líderes independentistas catalanes, de hasta 13 años de cárcel.

"En una democracia nadie es juzgado por sus ideas, ni por defender su proyecto político, sino por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico", dijo Sánchez en un discurso institucional, pidiendo a los separatistas catalanes acatamiento a las penas anunciadas por el Tribunal Supremo.

Según el líder socialista, la sentencia "pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado con plenas garantías y absoluta transparencia", y es resultado "del Estado social y democrático de derecho de España".

No obstante, añadió, "si dejamos de lado los extremismos podemos iniciar una etapa nueva en la que la vuelta a la concordia sea uno de los principales pilares de Cataluña".

Si el gobierno catalán trabaja efectivamente por la "convivencia", Sánchez añadió que "encontrarán al gobierno de España dispuesto a contribuir al diálogo dentro de la legalidad constitucional".

En plena campaña electoral de cara a las legislativas del 10 de noviembre, Sánchez tuvo palabras duras para el movimiento independentista, afirmando que "hoy se confirma el naufragio de un proyecto político que ha fracasado en su intento de obtener respaldo interno y reconocimiento internacional", y que "deja tras de sí sólo un triste saldo de dolor y de enfrentamiento".

Comisión Europea respeta decisiones

La Comisión Europea reiteró este lunes su respeto de las decisiones judiciales españolas, rechazando comentar las condenas de hasta 13 años de prisión contra 12 independentistas catalanes por el intento de secesión en 2017.

"Respetamos las decisiones del poder judicial español y no nos corresponde a nosotros adoptar una posición sobre estas cuestiones", aseguró en rueda de prensa la portavoz del ejecutivo comunitario, Mina Andreeva.

A lo largo de la crisis política en España con el intento de independencia de Cataluña, la Comisión ha evitado inmiscuirse en un "asunto interno" de un país miembro de la UE, una posición que reiteró Andreeva.

Pese a los llamados de los independentistas, Bruselas ha rechazado siempre ser un eventual mediador y su única crítica a Madrid fue por las cargas policiales para impedir el referéndum de octubre de 2017, aunque las justificó después.

Fuente: AFP

 

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