La accidentada vida argentina poskirchnerismo marcha por dos pedregosos caminos conexos que desacreditan a la administración anterior y le crean graves problemas al gobierno actual. Por un lado, está la bola de nieve judicial contra la corrupción que desvalijó el país durante más de una década bajo el matrimonio Kirchner y arruinó a una nación potencialmente rica. Por otro, se multiplican las protestas populares en diferentes ciudades contra los tarifazos dispuestos por el nuevo gobierno, como única forma de empezar a mejorar servicios públicos que el régimen anterior dejó caer mientras sus principales figuras se llenaban los bolsillos. Dos fallos judiciales le han dado la razón a los reclamos, suspendiendo la vigencia de las disparadas tarifas de gas y de electricidad.
El presidente Mauricio Macri y su equipo tienen ahora por delante el rompecabezas de armar estructuras tarifarias que generen menos turbulencia y que, al mismo tiempo, permitan recomponer los servicios. Es solo parte de un complejo desafío. La apuesta principal de Macri es atraer masiva inversión, tanto extranjera como de argentinos que tienen fuera del país cientos de miles de millones de dólares, fugados a lo largo de los años debido a la inseguridad interna. La clave para lograrlo es afirmar la imagen de seriedad y eficiencia que proyecta el nuevo gobierno y la confianza que genera.
No es un aporte menor hacia esa meta el explícito respaldo sin precedentes del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, durante una breve estadía en Buenos Aires, que siguió a la reciente visita del presidente Barack Obama al país. Pero asegurar las cuantiosas inversiones que Argentina necesita para salir de la recesión y crear actividad y empleo llevará tiempo. Entre tanto, la administración Macri tiene que ingeniárselas con los recursos comparativamente escasos de que dispone para impulsar la actividad productiva, bajar una inflación que ronda el 40% y atenuar la pobreza del 30% de la población que dejó el kirchnerismo.
Las pesadillas argentinas son consecuencia directa de la ineficiencia y los monstruosos niveles de corrupción del kirchnerismo durante sus 12 años en el poder. Mientras dejaba caer los servicios públicos por falta de inversión, miles de millones de dólares desaparecían en manos del matrimonio Kirchner y su entorno en chanchullos de todo tipo. Ahora están saliendo a luz en avalancha a medida que los jueces, liberados de las presiones y las amenazas del régimen anterior, encausan y encarcelan a exministros y otras prominentes figuras del kirchnerismo. Hasta Hebe Bonafini, la octogenaria presidenta de las Madres de Plaza Mayo, comparece ante la Justicia por fraudes en la construcción de viviendas populares con fondos del Estado.
Muchas de las maniobras han quedado al descubierto en documentos burdamente falseados, en la ingenua certeza kirchnerista de que su control del poder iba a ser eterno y nunca tendrían que rendir cuentas. Aunque los casos de corrupción son manejados por la Justicia, sus ramificaciones involucran al gobierno no solo por el robo de cuantiosos recursos fiscales. Tiene ribetes políticos la posibilidad de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también termine presa. Aunque se le prueben delitos, su encarcelamiento puede desatar disturbios, algo que dificultaría aun más la hercúlea tarea que enfrenta Macri de poner de pie a un país caído.
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