Nacional > Presupuesto
Diputados anunciaron solución al conflicto salarial con funcionarios judiciales
La Cámara de Diputados, que debate desde este domingo el proyecto de Presupuesto Nacional, anunció este jueves la fórmula para obtener los recursos necesarios para saldar la deuda con el Poder Judicial que se arrastra desde 2011, con la votación de la ley de Presupuesto de 2010, cuando José Mujica era presidente.
La solución encontrada permitirá pagar el aumento salarial del 26,03% a los funcionarios judiciales. En aquel momento se aprobó ese incremento salarial para los ministros de Estado que no tuvo en cuenta que los ministros de la Suprema Corte de Justicia están equiparados constitucionalmente a los primeros, y su vez, a los ministros de la Corte están enganchados salarialmente los restantes funcionarios judiciales.
"Estamos en condiciones de afirmar que se van a incluir una serie de normas que van a permitir que al término de este quinquenio todos los funcionarios administrativos consagren en sus saberes salariales la equiparación del 26,6%", anunció en conferencia de prensa el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez.
"Entendemos que el devenir de estos años ha significado para los funcionarios un gran problema en el relacionamiento entre ellos y en pérdida de materia salarial. Y para este gobierno y esta bancada es una satisfacción realmente muy importante poder decir que llega a su fin este problema que arrastra una década", agregó Rodríguez.
Para aprobar la reforma salarial los legisladores deberán, entre otras cosas, cambiar otras leyes, reconsiderar votaciones e incluir excepciones en el Presupuesto. A los funcionarios, además, se les pedirá que firmen por escrito su "renuncia a promover cualquier tipo de reclamación en sede administrativa o jurisdiccional", según informó El Observador.
El dinero para pagar este acuerdo saldrá del propio Poder Judicial y de una partida asignada a “Diversos créditos” para pagar intereses de las sentencias por este conflicto. La base de esta solución es el proyecto que presentó el organismo de Justicia en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto.
La solución de este conflicto no fue fácil y en el intento los legisladores casi generan un nuevo enfrentamiento con el Poder Judicial. El congelamiento de las partidas de vivienda y formación académica era parte del combo inicial que permitiría conseguir una solución. Pero los legisladores no sabían que se trataba de partidas salariales y tuvieron que dar marcha atrás y quitarlo del Presupuesto luego de haberlo votado en comisión.
