Nacional > EVALÚAN DENUNCIA PENAL

Director del MGAP renunció a actividad privada pero el FA reclama salida del gobierno

Si bien la Asesoría Jurídica del ministerio no encontró irregularidad, el Frente Amplio considera que se violaron una serie de artículos vinculados a la función pública
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11 de septiembre de 2020 a las 05:04

Pese a que el director de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Nicolás Chiesa, anunció su renuncia a la empresa privada Mi Granja S.A., el Frente Amplio reclama su salida del gobierno y evalúa hacer una denuncia penal por "conjunción de interés público y privado". 

El ingeniero agrónomo –integrante de Ciudadanos y que asumió su cargo el pasado 2 de marzo– firmó el pasado 4 de setiembre un contrato de concesión de uso con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) en representación de Mi Granja, de la que es apoderado, tal como informó El Observador. Además, a través de ese contrato la empresa accedió a un subsidio de 159.200 unidades indexadas, es decir, $ 746.918 al valor actual. Ese monto está destinado a solventar los gastos de traslado desde el Mercado Modelo hacia el Parque Agroalimentario que se inaugurará en noviembre. 

Si bien desde un principio el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, lo respaldó por su "capacidad y hombría de bien", el presidente Luis Lacalle Pou fue tajante y calificó a la situación de "lamentable". 

"Seguro que las dos cosas no se puede ser, de los dos lados del mostrador no puede estar ningún gobernante", dijo el mandatario este miércoles en una rueda de prensa en la Rural del Prado. 

Antes de hacer esas declaraciones Lacalle había hablado con el ministro de Ambiente, Adrián Peña, quien además es coordinador de Ciudadanos, sector fundado por Ernesto Talvi. Chiesa es considerado como uno de los mejores técnicos del sector y es un hombre de confianza de Peña. 

En la conversación, el mandatario y el flamante ministro discutieron la situación del ingeniero agrónomo, que debió optar por un trabajo u otro. Finalmente, decidió permanecer en la función pública, algo que no cayó bien en filas frenteamplistas, que reclamaron la salida del jerarca del cargo en el gobierno. 

"Esto es como el que tira la piedra y esconde la mano. Ya las decisiones que se llevaron adelante estando al frente de esta dirección se llevaron adelante estando de los dos lados del mostrador. Eso es inaceptable", dijo en rueda de prensa el diputado Alejandro Sánchez y agregó que "la acción ya fue cometida".

Además, el legislador frenteamplista –integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP)– sostuvo que Chiesa ha sido uno de los "principales propulsores de la apropiación indebida de la UAM". 

Esto último hace referencia a los artículos incluidos en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional, que prevé cambiar la gobernanza de la UAM y pasar el contralor administrativo desde la Intendencia de Montevideo hacia el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Además de denunciar públicamente una intención de apropiarse indebidamente de la unidad, el Frente Amplio señaló que lesiona la autonomía departamental, ya que el abasto de frutas y verduras a nivel mayorista corresponde al gobierno departamental. 

"Está clarísimo que hubo una acción estando de los dos lados del mostrador y ahora renuncia al sector privado pero en realidad la acción ya fue cometida", afirmó. 

Los legisladores del Frente Amplio elaboraron un informe en el que analizan todas las disposiciones legales que podrían caber en el caso de Chiesa. El documento, al que accedió El Observador, señala que el jerarca presuntamente violó dos artículos del Código Penal (uno referido a la conjunción de interés público y privado, y el otro al abuso de funciones), así como otro del estatuto del funcionario público de la administración central y 18 referidos al Código de Ética en la Función Pública. 

No obstante, Uriarte señaló este jueves en una conferencia de prensa que la consulta realizada a la Asesoría Jurídica de la cartera –entregado al ministro a última hora del miércoles– concluyó que la situación de Chiesa "no encuadraría en la figura prevista en el artículo 17 del decreto 30 de 2003". 

Dicho artículo, que fue sustituido por la ley 19.823 de 2019, establece las "implicancias" y señala que el "funcionario público debe distinguir y separar radicalmente los intereses personales del interés público".

"En tal virtud, debe adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir o evitar todo conflicto o conjunción de esos intereses en el desempeño de sus funciones. Si considerare dudosa la existencia de conflicto entre el interés público y su interés personal, el funcionario deberá informar de ello al superior para que éste adopte la resolución que corresponda. Por razones de decoro o delicadeza el funcionario podrá solicitar a su superior que le excuse del caso, ateniéndose a lo que éste resuelva. Los funcionarios que integren un órgano colegiado podrán plantear la excusación o deberán informar de la implicancia al Cuerpo del que forman parte, a cuya resolución se estará", señala el artículo. 

No obstante, el artículo 30 de dicho decreto establece que los funcionarios públicos tienen prohibido entablar relaciones con una actividad controlada por ellos mismos.

"Queda prohibido a los funcionarios públicos con cometidos de dirección superior, inspectivos o de asesoramiento ser dependientes, asesores, auditores, consultores, socios o directores de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se encuentren sujetas al control de las oficinas de que aquéllos dependan. Les está prohibido asimismo percibir de dichas personas retribuciones, comisiones u honorarios de clase alguna", afirma el texto.

Ciudadanos, por su parte, manifestó su respaldo a Chiesa y afirmó que el ingeniero agrónomo no incurrió en "ninguna conducta contraria a las normas penales, administrativas o éticas". 

El sector también señaló que si bien Chiesa firmó como apoderado, lo hizo ante la UAM, que es una "persona de derecho público no estatal", dependiente de la Intendencia de Montevideo y no del MGAP. No obstante, tal como establece la legislación actual, el directorio está integrado por un representante de esa cartera. 

Ciudadanos también adjudicó al Frente Amplio una "campaña de enchastre" que está relacionada con las denuncias que hizo Chiesa sobre el desvío de fondos en la Dirección General de la Granja durante la administración anterior. 

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