Agro > Auditoría del MGAP
Funcionario de la Dirección de la Granja desvió fondos por US$ 800.000 y facturó hasta un jacuzzi
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca realizó una denuncia penal en mayo del año pasado por desvío e irregularidades en el manejo de los fondos de la Junta Nacional de la Granja (Junagra), particularmente en la administración del Fondo de Fomento de esa dirección. Además, se informó en ese entonces que se efectuaría una auditoría interna en esa área que iría hasta el 2017.
Este lunes, el actual director nacional de la Granja, Nicolás Chiesa, dijo que entre las compras realizadas con dinero del fondo se llegó a detectar hasta la adquisición de un jacuzzi, que fue entregado en el domicilio del funcionario denunciado.
“Se tuvo el tupé de pedir una factura con RUT a nombre de la Dirección de la Granja y cargarlo en el Excel de la contabilidad", expresó Chiesa en el programa Hora de Campo.
Chiesa sostuvo que el desfalco fue por más de $ 30 millones (más de US$ 800 mil) y responsabilizó a las anteriores autoridades de la cartera por la falta de control: al exministro Enzo Benech y al subsecretario Alberto Castelar, en particular.
Según el actual jerarca, a ambos se les había solicitado una vez hecha la denuncia que se hiciera “urgente” una auditoría externa, a lo que se negaron.
El Fondo de la Granja maneja una presupuesto de $ 350 millones por año y el Fondo de Fomento es principalmente financiado a través del cobro del IVA a la fruta y hortalizas importadas.
“Nos encontramos con una forma de trabajar y una desidia que no es la que uno esperaría que se lleve adelante en el manejo de fondos en la administración pública. Todos estos controles pasan por la dirección general del ministerio, que es la que tiene que auditar y generar los controles. Y no se hicieron. Es una vergüenza como manejaron este ministerio las autoridades anteriores”, aseguró Chiesa, que agregó que se hará una auditoría externa.
Chiesa afirmó que la falta de controles fue lo que permitió el desfalco por parte de un funcionario de la dirección. “Todo se llevaba con una planilla Excel y nunca hubo una auditoría, ni siquiera interna. Ni un kiosko funciona como estaba funcionando el Fondo de la Granja. No había control ninguno”, insistió.
Al momento de efectuarse la denuncia penal tras constatarse las irregularidades, el MGAP tomó la decisión de suspender la habilitación a las personas que se encargaban de autorizar los traspasos de dinero y renunció Avelino Casas, quien se desempeñaba como director de la Granja hasta ese entonces. Casas había asumido hacía unos pocos meses y Benech dijo que su renuncia correspondía en realidad a asumir la responsabilidad institucional ante los hechos. El ministerio ordenó hacer una auditoría interna una vez hecha la denuncia penal.
Sobre el funcionario sumariado en mayo de 2019, Chiesa aseguró que “cuando se sintió acorralado llegó a devolver parte del dinero” (en principio se manejó la cifra de $ 50 millones), sin embargo, reveló que tras seis meses de estar separado del cargo fue restituido al trabajo, “aunque tiene prohibido el ingreso a la dirección”.
“Se llevó pruebas, comprobantes y evidencia. Hoy tengo entendido está con licencia médica. Esperemos que la Justicia avance y va a tener que ir la venia al Parlamento para la destitución de este funcionario. Es una vergüenza en este país que tengamos a un funcionario que después de seis meses -de ser separado del cargo- empiece a cobrar su sueldo nuevamente”, rechazó Chiesa.
Alerta desde el sistema financiero
Desde la Confederación Granjera del Uruguay el reclamo de que se investigara a fondo la situación es de larga data y el presidente de la agremiación, Erik Rolando, dijo que se pidió incluso por nota escrita una auditoría externa, pero que no fue acompañada por los miembros de la propia Junta Nacional de la Granja.
Rolando, a su vez, agregó que la persona investigada era el contador de la dirección y encargado de todas las rendiciones, y que aunque en un momento se manejó un monto, después “empezaron a aparecer depósitos a través de cajeros” que implicaron la devolución de unos $ 20 millones.
Según fuentes consultadas por El Observador, las maniobras saltaron por una denuncia del Banco Santander al Banco Central del Uruguay (BCU), dado que había depósitos en una cuenta en relación a los ingresos que no se podían justificar.
A partir de esa constatación, el BCU canalizó la denuncia al Banco República, que era al institución desde donde provenían los fondos y a partir de ahí es que fue alertado el MGAP.
