Diez meses tardó el Municipio B en construirle la rampa a Adriana Sánchez, discapacitada motriz de nacimiento, en la puerta de su casa en Arenal Grande y Uruguay. Esto ocurrió luego de que el Centro Comunal Zonal Nº 2 la intimase a pagar una multa de 5 unidades reajustables ($ 3.262 al precio actual) y le ordenara retirar la rampa de material que había colocado para entrar y salir de su vivienda al considerarla una obstrucción para la circulación de peatones.
En setiembre de 2012 se le notificó que la multa quedaba sin efecto y que el municipio se encargaría de realizar una nueva intervención. Ello sucedió finalmente la semana pasada. Entre tanto, la rampa de la discordia sufrió roturas que hacían más dificultoso el pasaje de la pesada silla de ruedas con motor. No obstante, no fue el municipio el que realizó la obra, sino una empresa que, según le expresó el alcalde Carlos Varela a Adriana, se ofreció a hacer el arreglo.
La diferencia con la anterior es que se trata de dos rampas, una para cada lado de la puerta, cubierta de baldosas. Esto le permite a Adriana realizar giros y alcanzar la cerradura. “Ahora yo puedo entrar sola”, dijo a El Observador con felicidad. Lo único que debe cambiar es la reja para que pueda ser abierta hacia adentro de la casa. “Y no hay escalón para que nadie tropiece”, agregó. Un tropezón fue el detonante de la multa hace casi un año.
El CCZ 2 se enteró de la rampa por una denuncia anónima y, antes que enviara la intimación, una mujer furiosa increpó a la madre de Adriana para que sacara eso del medio de la vereda. Adriana, de 31 años, confesó a El Observador que se ha puesto atrás de la ventana para ver si algún transeúnte se choca con la nueva rampa. El problema que planteaba la vieja es que está casi al frente de una parada de ómnibus. Al margen de la felicidad de Adriana, la solución no cumple con el digesto municipal. Para Nicolás Li Calzi, responsable de Uruguay Accesible, una consultora especializada en accesibilidad al medio físico, la nueva rampa “no es técnicamente adecuada” puesto que “contraviene” a la normativa.
El artículo D.2194 del digesto municipal prohíbe “la colocación o construcción de escalones fuera de la alineación de las propiedades, así como cualquier obstáculo que impida la fácil circulación de peatones”. Este es el mismo artículo por el que se la intimó en primera instancia. “La Intendencia de Montevideo no puede dejar que se haga de cualquier manera. Si brindó asesoramiento, lo brindó mal”, apuntó.
La solución que Li Calzi ya le había planteado al alcalde y que reiteró estos días es cambiar la pendiente de la vereda. Esto significa que la acera que está frente a la fachada de la casa de Adriana se eleve para estar al mismo nivel del escalón de su puerta. Esta intervención es usada en la entrada de la calle Colonia del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Así no generás obstáculos”, explicó el arquitecto. A su juicio, la nueva rampa seguirá entorpeciendo el paso de la gente. Como complemento Li Calzi recomienda el traslado de la parada. Este pedido ya se le hizo al municipio el año pasado pero fue negado en esa oportunidad.
