Dominó: una ONG violenta a la que la Justicia derivaba hombres sin tener casi información sobre sus prácticas

Las denuncias difundidas por Santo y Seña (Canal 4) sobre presuntas irregularidades en Proyecto Dominó, encabezado por Juan Carlos Vega, tuvieron eco en el sistema judicial y la Suprema Corte de Justicia ordenó este lunes a los jueces de Familia Especializada que "informen sobre la idoneidad y los servicios prestados" de esta ONG.

Si bien jueces de Familia a los que consultó El Observador indicaron que la asistencia a ese tipo de talleres es "una recomendación" y que no se reciben informes formulados por la ONG, existen sentencias que hablan de que se trata de una "imposición". 

El psicólogo Gastón Trucelli del Equipo Técnico Familia Especializado (ETEC) señaló que años atrás un equipo de la ONG se había presentado ante varios jueces para plantearles la propuesta que tenían para tratar a los hombres violentos. Pese a eso, aclaró que desde él tiende a (que es el que la mayoría de las veces realiza la evaluación psicológica de los hombres denunciados) recomendar medidas –como generar espacios para la rehabilitación– no define a dónde debe ir el encausado, una decisión que recae en cambio en los jueces.

La Suprema Corte de Justicia no tenía ningún convenio con la ONG, pero dadas las limitadas opciones para tratar este tipo de problemáticas, era potestad de los jueces orientar a los encausados a dónde ir, y el Proyecto Dominó constituía así una de las opciones posibles. 

La jueza Aída Vera Barreto dijo a El Observador que "es normal y común" que se envíe a los hombres violentos a rehabilitación y los lugares son sugeridos por el juez, aunque suelen dar más de una opción. En general, las instituciones se presentan en audiencia y plantean su plan de trabajo. Vera Barreto señaló que en su caso esto no ocurrió específicamente con Proyecto Dominó, pero dijo no recordar si había enviado "a uno o a dos" y reconoció que "no hay control de esas instituciones". 

La magistrada destacó que en la mayoría de los casos la defensa del acusado es quien propone alguna institución en donde pueda cumplirse la medida.

Por su parte, la jueza Julia Staricco expresó que, siguiendo la premisa legal de que es obligación del Estado prevenir la violencia, sí ha derivado a algunos encausados a la ONG. Argumentó que no recibió informes de ellos –porque entiende que no es su rol– y además sostuvo que lo que ella realiza es una intimación, que no es obligatoria y además presenta más de una opción. "Generalmente les indico los teléfonos y ellos eligen (...) puede tratarse en el prestador de salud, Intendencia y en el Mides (cuando están conectados a tobillera)", complementó.

Consultada sobre su experiencia, Staricco manifestó: "Uno dijo que le había ido muy bien y otros que por problemas de agenda o coordinación no fueron". Los informes tenidos en cuenta en sus audiencias evaluatorias son producidos por la ETEC, el Mides, técnicos del Instituto Técnico Forense o Inmujeres. 

Otros consultados dijeron que si el acusado quisiera mostrar su buena voluntad, también puede proponer una alternativa de a qué centro asistir.

En tanto, un ministro del tribunal de apelaciones de Familia consultado por El Observador aseguró nunca haber visto un informe de la ONG Proyecto Dominó, pero dijo que tampoco recibió reclamos. Una sentencia del 2017 del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2^o Turno evaluó un dictamen del juzgado de Familia Especializado de 8vo. Turno, a cargo de la Sra. Juez, Dra. Iris Vega Ottonello, en el que se intimaba al encausado a concurrir al Proyecto Dominó "para el control de sus impulsos violentos, entregándosele folleto, por un mínimo de 10 sesiones a los efectos del control de la ira". En esa oportunidad, el tribunal lo consideró una "imposición". 

En el informe de Santo y Seña, varios hombres declararon que en la ONG los insultaban, y los maltrataban a ellos y a sus familias. “Si lo mirás mal te pone media hora o 40 minutos contra la pared”, contó uno de los entrevistados. Expusieron que el director del proyecto, Juan Carlos Vega, imponía una lógica sectaria en las reuniones que se llevaban a cabo los sábados. Vega reconoció públicamente romper platos y vasos como parte de su método "confrontativo". La ONG hacía firmar un contrato de confidencialidad para que no se difundiera lo que sucedía en los encuentros.

Según informó el programa periodístico, Vega tampoco es psicólogo tal y como se presenta. El encargado del proyecto señaló que cerraría el proyecto por la cantidad de detractores que cosechó. Este sábado, por lo pronto, el taller fue cancelado. 

El comunicado de la Corte manifiesta que "una vez recibida la información requerida, el máximo órgano de Justicia analizará la situación y decidirá las medidas que amerite la situación constatada".

Aclaración: una versión anterior de esta nota afirmaba que Trucelli había manifestado la posición del ETEC, cuando únicamente expresó su visión personal. A los lectores y a los involucrados, las disculpas del caso.