La Asamblea General deberá decidir si vota a Van Rompaey o a Chalar
El ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Julio César Chalar y el exministro de la corporación Leslie van Rompaey fueron propuestos para ocupar un cargo vacante en la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya.
Según se establece en el Estatuto de Roma –ratificado por 60 países–, creado por la Corte que funciona desde el año 2002, los 18 miembros se eligen por proporcionalidad para contar con representantes de todas las regiones del mundo. En este caso se trata de un cargo que corresponde a Latinoamérica y el Caribe, al haber cesado el juez de Trinidad y Tobago.
La CPI funciona en casos de graves violaciones contra los derechos humanos. Hasta ahora las sentencias que ha emitido han estado relacionadas con crímenes de lesa humanidad cometidos por dictaduras africanas.
Según explicaron fuentes políticas, se informó a la SCJ el cargo vacante en la CPI y la posibilidad de que Uruguay proponga un candidato para ocuparlo.
La SCJ, con el aval de la Universidad de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, propuso los nombres de Van Rompaey y Chalar y ahora será la Asamblea General la que vote y decida el nombre. El Parlamento tiene plazo para dirimir hasta el 28 de agosto.
Una vez que el Parlamento defina el nombre del candidato uruguayo se abre la última instancia. Se propone el nombre a la Asamblea de Estados Miembros del Tratado de Roma que será la encargada de designar al nuevo ministro.
Consultado acerca de la propuesta Van Rompaey dijo a El Observador que está dispuesto a aceptar el cargo que implicaría trasladarse a La Haya. Su nombre fue manejado en 2011 pero en ese momento no se tuvo en cuenta que la proposición debía ser votada por la Asamblea General. En ese momento la Corte expidió el nombre al Ministerio de Relaciones Exteriores pero no dio el tiempo de que lo votara el Parlamento.
La CPI funciona con una presidencia y divisiones judiciales y es responsable de la administración general de la Corte. La presidencia está compuesta por tres magistrados del Tribunal, elegidos por los jueces, por un período de tres años. El presidente de la Corte es el juez Sang-Hyun Song (República de Corea). El juez Sanji Mmasenono Monageng (Botsuana) es vicepresidente primero, y el juez Cuno Tarfusser (Italia) es el vicepresidente segundo.
A su vez, las divisiones judiciales están integradas por 18 jueces que representan a República de Corea, Botsuana, Italia, Alemania, Ghana, Finlandia, Letonia, Bulgaria, Kenia, Bélgica, Argentina, Japón, Filipinas, Reino Unido, Trinidad y Tobago, República Dominicana, República Checa y Nigeria.
Además, la Corte cuenta con un fiscal que es quien decide si da trámite a las denuncias, tras evaluar la información disponible. El fiscal también puede comenzar una investigación por iniciativa propia. Si resuelve emprender un caso le pide a la Sala de Cuestiones Preliminares autorizar la investigación que da inicio a las actuaciones. l