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El imputado ejercía su ministerio en la catedral de Minas

Nacional > prisión domiciliaria

Dos nuevas denuncias contra el cura imputado por abuso sexual en Minas

Tribunal de apelaciones dispuso prisión domiciliaria con tobillera para el imputado; las nuevas denuncias son de 30 años atrás

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07 de marzo de 2021 a las 05:02

Luego de que la Justicia imputó al sacerdote de Minas por abuso sexual a dos menores, llegó una nueva denuncia al mail que la Iglesia Católica dispuso a esos efectos. Una persona que vive en el exterior denunció por abuso al mismo sacerdote por un caso ocurrido hace 30 años, cuando era niña. 

Pocos días antes, y con anterioridad al fallo de la justicia, había llegado otra denuncia también de un caso de la misma época. Según dijo a El Observador el obispo de Maldonado y Minas, Milton Tróccoli,  a ambas denunciantes se les explicó que podían recurrir directamente a la Fiscalía y optaron por ese camino.

Si bien aunque los delitos penalmente están prescriptos, podrán ser tenidos en cuenta para considerar la culpabilidad del sacerdote en el juicio.

Este viernes, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° Turno ordenó prisión domiciliaria al imputado en el entendido de que las niñas “no cuentan con la protección de su madre, quien parece marcadamente volcada a favorecer los intereses del imputado”, según se establece en los fundamentos de la sentencia interlocutoria dictada por el tribunal y a la que accedió El Observador. 

La fiscal del caso, Tania Vidal, había apelado la decisión judicial de no otorgar la prisión preventiva para el imputado, pero finalmente el tribunal fue por un camino intermedio. Si bien decidió no encerrar al imputado dictó prisión domiciliaria, argumentando que de seguir libre podría “entorpecer” la investigación y “la situación de vulnerabilidad” que sufren las niñas a raíz de la propensión de la madre de favorecer al acusado, lo que “bien puede proporcionalmente neutralizarse con el arresto domiciliario total en lugar ajeno al sitio de residencia de las víctimas”, dice el documento.

Sede del obispado de Minas

Según probó la fiscal, el imputado mantenía “una relación de amistad” con la madre de las niñas abusadas, cuya casa solía frecuentar desde 2014 porque ayudaba económicamente a la familia. Una de las niñas relató que en una oportunidad el cura entró a su cuarto “y abusó sexualmente de ella, por lo que salió corriendo de su habitación aterrorizada y logró encerrarse en el baño”.

Por eso, se estableció que el sacerdote cumpla la sanción en el departamento de Montevideo, y que se le coloque tobillera electrónica, “o en su defecto vigilancia intensiva a cargo de OSLA (Oficina de Supervisión de Libertad Asistida)”, así como la prohibición de comunicarse directa o indirectamente con las víctimas, su madre o sus hermanos. 

Tróccoli informó que cumplirá la prisión en casa de un familiar y que la iglesia le proporcionará la manutención necesaria para los alimentos, o lo que precise. Explicó que al no ser en su diócesis que la justicia dispuso la prisión domiciliaria, no puede disponer de un lugar donde alojarlo.  

El tribunal argumentó que no era “necesario adoptar una medida tan excepcional como lo es la prisión del imputado” ya que “aquí se perfilaría como un adelanto de la pena”, basándose en la opinión consultiva n°5/85  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que la restricción debe responder a la “existencia de una necesidad social imperiosa” y que entre varias opciones de pena para alcanzar este objetivo “debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido”. 

Proceso eclesial

Cuando Tróccoli asumió en la diocesis de Minas y el cura le comunicó que la justicia lo había citado, el obispo lo apartó del ministerio sacerdotal y le prohibió tener contacto con fieles. Además, Tróccoli comunicó los hechos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la sección del Vaticano que trata las denuncias por pedofilia. 

De todos modos, según explicó, se espera a que se pronuncie la justicia ordinaria para resolver de modo de evitar que haya procesos paralelos. O sea, que una vez que reciba la condena judicial, y se lo declare culpable, la iglesia dispone la suspensión definitiva del ministerio sacerdotal. l

Línea para denunciar

“Pese al dolor que supone revivir hechos tan aberrantes por parte de las víctimas, continuamos alentando a quienes hayan padecido abusos por parte de sacerdotes o consagrados a presentar sus denuncias por la vías de comunicación habilitadas para ese fin: celular 095 382 465 y la dirección de correo electrónico denuncia.abusos.uy@gmail.com”, dijo el obispado en un comunicado difundido este viernes.

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