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Ejército dice que no hay “casos pendientes” de resolver tras denuncias contra tropas en Haití
Dos días después de que The Conversation publicara una investigación en la que afirma que los cascos azules de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah) abusaron sexualmente y embarazaron a niñas y mujeres en Haití, y que luego fueron repatriados a sus países, el Ministerio de Defensa Nacional divulgó un comunicado en el que explica la actuación de la tropa y las medidas que se han tomado para evitar estos casos.
El informe elaborado por las docentes Sabine Lee (Universidad de Birmingham), y Susan Bartels (Universidad de Queen), indica que el 28,3% del personal involucrado en estas historias es de Uruguay.
El oficio enviado al ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, está firmado por el general Mario Stevenazzi, director nacional del Sistema de Apoyo a las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (Sinomapa), y señala que desde 1992, cuando se desplegó el primer contingente en misiones de paz, hubo 36 denuncias a soldados por abuso y explotación sexual.
De esas 36 denuncias, 24 ocurrieron en Haití entre 2004 y 2017, el período en que duró la misión.
El informe de Stevenazzi señala que 9% de los casos fueron “comprobados” y que el 99% de las denuncias están clasificadas en la categoría de explotación por el “relacionamiento entre el efectivo uruguayo y la local sin violencia, no constituyen abuso pues no implicaron violencia física”.
Entre las medidas adoptadas ante estos casos, el general señala que el Estado asumió la investigación y que en los que se lograron comprobar se adoptaron las “medidas disciplinarias correspondientes” que van desde sanciones de arresto a rigor, desafectación de la fuerza o pase a la Justicia Militar.
Stevenazzi también reconoce que en 11 de los 24 casos hubo denuncias por presunta paternidad en Haití y afirma que hay 4 casos que se comprobaron mediante la realización de examen de ADN, 1 en el que se pasó a retención judicial y 3 que están en proceso bajo la órbita del punto focal en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El general subrayó que entre las medidas adoptadas estuvo la implementación de la figura del “Punto Focal de Asistencia a los Hijos”, una figura que recae sobre la Cancillería. Además se acompañó a los efectivos uruguayos para el reconocimiento voluntario y se puso a disposición de los antecedentes administrativos a la ONU y a los tribunales del país de origen para posteriores acciones judiciales en lo civil.
Stevenazzi dedica un apartado a los “casos pendientes” y manifiesta que para el Estado uruguayo “no existen casos de abuso y explotación sexual pendientes de resolución” aunque aún falta que la ONU los considere “cerrados”.
En el oficio, el director del Sinomapa señala que los casos que se remiten al país son solo aquellos que son evaluados con “cierta veracidad” por la ONU, y pone como ejemplo un caso de 2013, cuando un grupo de soldados fueron denunciados por un caso de explotación sexual en Haití en la frontera con República Dominicana, pero una investigación del Ejército comprobó in situ que las denuncias eran “falsas”.
En el informe, que había sido solicitado por Bayardi, el general dice que los casos de abuso y explotación sexual son en gran medida una “nefasta consecuencia” de una “devastadora realidad social y coyuntural de los escenarios de despliegue”.
“Su prevención y erradicación no se limita al elemento represivo, centrado en las sanciones a los infractores sino que incluye una dimensión social. En este sentido se ha buscado involucrar a los contingentes nacionales de las fuerzas armadas en actividades que permitan fortalecer los vínculos en la sociedad, con especial atención a los grupos más vulnerables”, agrega.
Stevenazzi recuerda que en 2003 la ONU implementó la política de tolerancia cero y que desde ese momento Uruguay no cesó en sus esfuerzos por asegurar el cumplimiento de los estándares de conducta generando “capacitación y entrenamiento constante en la materia”.
“La prevención es fundamental debido a la gravedad de estos actos que afectan la imagen de las Fuerzas Armadas, del país, de la misión y de la ONU”, subraya antes de mencionar que Uruguay se destaca por ser uno de los pocos países que tiene “procedimientos claros” de investigación, por responder en tiempo y forma cuando surge la presunción de un nuevo caso.
El general también destaca que el protocolo de actuación de Uruguay aprobado en 2014 mereció un reconocimiento de la ONU por ser el primero y un “modelo” a seguir por los otros países.
