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 El Ministerio de Defensa reabrió la investigación administrativa sobre las denuncia presentada en 2014

Nacional > denuncia reabierta

Ejército envió a sus soldados durante 19 años a instalar piscinas para una empresa privada

El caso fue clausurado en el penúltimo día del gobierno de Tabaré Vázquez sin que nadie fuera sancionado. También armaban potreras para la empresa de un coronel retirado y traían whisky del Chuy. El oficial que denunció estos hechos nunca más pudo ascender.

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03 de diciembre de 2022 a las 05:03

Decenas de soldados del Ejército Nacional trabajaron entre 1997 y 2016 en beneficio de una empresa privada que vende e instala piscinas.

No existía ningún convenio firmado que avalara tal actividad. Todo se hizo por acuerdos verbales entre oficiales del Ejército y un empresario. El dueño de la compañía entregaba cada quincena una suma de dinero que los oficiales a cargo decidían cómo repartir: una parte para los soldados que instalaban las piscinas y otra parte para la unidad.

Esa es solo una de las sorprendentes revelaciones de un largo expediente al que tuvo acceso El Observador, originado en 2014 a raíz de las denuncias de un oficial del Ejército.

Los trabajos de soldados para la empresa de piscinas Akesse se dieron con el beneplácito de los mandos del Ejército al menos entre los años 2000 y 2016, aunque algunos de los implicados sostuvieron que las tareas comenzaron antes, en 1997.

En 2014 la situación, junto con otras irregularidades, fue denunciada a los mandos por el teniente primero Nelson Duarte.

A raíz de esa denuncia se realizaron varias investigaciones entre 2014 y 2020. De ellas quedó claro que cada una de las denuncias del teniente Duarte eran ciertas: cuadrillas de soldados trabajaban para un particular instalando piscinas, militares traían whisky de contrabando del Chuy en vehículos del Ejército y en un cuartel se hacían trabajos de carpintería para la empresa de un coronel.

Sin embargo, salvo una sanción menor a un oficial por traer whisky de la frontera y otros dos castigos menores por temas colaterales, los responsables de estas “irregularidades” no fueron penados de ninguna manera. Tampoco se investigó a fondo, ni se llevó el caso a la justicia. En cambio, el teniente Duarte padeció numerosas sanciones, traslados y nunca más logró un ascenso. Ocho años después, sigue siendo teniente primero.

El expediente que se originó a raíz de las denuncias del Duarte se inició en 2014 y tuvo decenas de actuaciones hasta 2017. Luego permaneció inactivo más de dos años, a pesar de que existían recomendaciones del departamento jurídico del Ministerio de Defensa Nacional en sentido contrario.

El 28 de febrero de 2020, el último día hábil del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, el ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, firmó la clausura de todas las actuaciones, sin que nadie fuera sancionado por las graves irregularidades constatadas por la instalación de piscinas.

Le duplican la pena

El expediente es una verdadera caja de sorpresas, en las cuales el Ejército Nacional no sale bien parado.

El 21 de noviembre de 2013 Duarte denunció al comandante de la Brigada de Infantería 1, coronel Víctor Grande, que en esa unidad ubicada en el kilómetro 14 de camino Maldonado estaban ocurriendo hechos irregulares.

En su primer informe de Duarte señala: “Diariamente sale un contingente de personal aproximadamente a las 07.00 horas a realizar trabajos de instalación de piscinas para la empresa Akesse, trabajo que realizan durante el horario de instrucción, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 350 del Tofup. Acorde a lo indagado por el suscrito no se realizarían los aportes legales por dicha actividad”.

El teniente también denunció que en la carpintería de esa unidad se fabricaban porteras de campo y que el 30 de octubre de 2013 había allegado “un embarque de whisky procedente de la ciudad de Chuy, el cual fue transportado en un vehículo militar (…) configurando contrabando”.

Los soldados también fabricaban porteras para la empresa de un coronel

Ante tales denuncias, la primera reacción de sus superiores fue aplicar graves sanciones… al teniente Duarte. El comandante de la Brigada de Infantería 1, coronel Víctor Grande, a quien estaba dirigida la denuncia, le impuso diez días de arresto a rigor por “tomarse atribuciones totalmente indebidas al iniciar investigaciones de presuntas irregularidades”.

El 25 de noviembre de 2013, Duarte amplió sus revelaciones. Detalló allí que el contingente de soldados que salía a instalar piscinas estaba compuesto por entre diez y doce hombres y listó las matrículas de las camionetas que los pasaban a buscar. También citó el testimonio de un soldado que le había contado que casi no iba a trabajar a la brigada porque tenía “un régimen especial” que le permitía desempeñarse “como sereno en las obras de instalación de piscinas”.

En cuanto a las porteras, eran fabricadas para una empresa propiedad del coronel Alejandro Magnani.

El 4 de diciembre de 2013 comenzó en la Brigada de Infantería 1 una investigación. Duarte fue interrogado por Grande. Pero el interrogatorio no se centró en las denuncias, sino en las actitudes de Duarte. ¿Por qué habló con los soldados? ¿Por qué tomó fotos? ¿Por qué no denunció en ese mismo momento? ¿Con qué oficiales habló? ¿Qué objetivo tenía?

En el interrogatorio, además, Grande le preguntó a Duarte por todas sus sanciones pasadas. Rememoró que el teniente había sido castigado tiempo atrás por haber llevado a un soldado a trabajar a su empresa particular que tenía (un camión con el que trasladaba podas). También que una vez se había llevado prestadas una escalera y otras herramientas, y cuando las devolvió faltaban algunas (una plomada y un alargue, según Duarte). Y que había hecho reparaciones en su domicilio mientras estaba de licencia médica.

El interrogatorio fue extenso, pero el coronel Grande casi que no preguntó nada sobre la instalación de piscinas y otras denuncias.

Sin embargo, ya en esa investigación sumaria, quedó claro que las denuncias eran verdaderas.

El coronel Grande interrogó al soldado Wilson Fagúndez quien admitió que había trabajado fabricando porteras de campo, relató que se armaron unas 40 y que cobró 200 pesos por cada una.

Interrogado por Grande el coronel Wilfredo Paiva señaló que “en coordinación con el coronel Alejandro Magnani que trabaja en el rubro, se inició un proyecto de armado de porteras de campo, atendiendo a la necesidad de proveer con seis unidades a al Batallón ‘Resistencia’ de Infantería Nº2”

El Batallón “Resistencia” es una de las unidades que conforman la Brigada 1.

Paiva relató que Magnani proveía de los materiales y luego retiraba las porteras terminadas y que los soldados cobraban 200 pesos por cada una. El trabajo había comenzado en mayo de 2013 y se habían armado unas 50 porteras, de las cuales siete habían quedado para la unidad y el resto se las había llevado Magnani.

En la investigación sumaria, además, el teniente primero Leonardo Sánchez declaró que al terminar una misión en Rocha, el mayor Luis Manzanarez le ordenó traer un “encargue”: 12 botellas de whisky.

Sobre el trabajo realizado por soldados para beneficio de la empresa Akesse, el coronel Grande en la investigación sumaria solo interrogó al teniente coronel Mario Aguerrondo, jefe del batallón “Resistencia” de Infantería Nº2.

Aguerrondo confirmó que personal militar trabajaba instalando piscinas para esa empresa.

“No hay ningún convenio firmado”, declaró Aguerrondo. “Lo que existe es un acuerdo de palabra por el cual se le facilita al personal, a los efectos de beneficiarlo, la concurrencia a dicha empresa, lo que le permite a la misma contar con empleados responsables en el cumplimiento de las tareas”.

Aguerrondo dijo que “el único beneficio” que percibía el Ejército por tal acuerdo “es el mantenimiento de una piscina con la que cuenta la Unidad, pero particularmente lo que se logra con esta actividad es darle oportunidad al personal de tener otros ingresos, también colabora para que haya una menor rotación dentro de la unidad”.

Agregó que se buscaba no afectar el servicio y que los soldados eran “compensados” por esos trabajos.

El coronel concluyó su investigación sumaria declarando que la instalación de piscinas era una obra benéfica no cuestionable: “Persigue como objetivo principal la oportunidad de mejorar la calidad de vida de aquel personal que tiene dificultades económicas”.

“No se detectan que existan acciones ilegales por parte de la Unidad”, concluyó.

Lo mismo respecto a fabricar porteras para el emprendimiento de un coronel.

Grande sancionó con una pena menor al mayor Manzanarez por ordenar trasladar whisky de contrabando: cinco días de arresto simple.

En cambio, fue mucho más duro con el teniente Duarte, cuyas denuncias se habían comprobado verdaderas.

Escribió que Duarte “demuestra no tener un claro concepto del rol que le compete como Oficial del Ejército. Atribuyéndose potestades que no le corresponden, mostrando desconocimiento de los Reglamentos, asumiendo actitudes que generan perjuicios en el servicio, falta de compañerismo y una falta total de compromiso con la Unidad”.

Según Grande, el teniente Duarte adolecía de falta de confianza en sus mandos, falta de dominio de sí mismo y actuaba “de forma negligente arrojando dudas acerca de la honestidad de sus procederes”.

Era tan grave lo de Duarte, concluyó Grande, que el caso lo excedía. Por eso pidió a sus superiores que reevaluaran la sanción que ya le había impuesto.

Como consecuencia, el 7 de enero de 2014, el comandante de la División de Ejército 1, general Sergio D´Oliveira, duplicó el castigo que Grande le había dado a Duarte: duplicó la pena de diez días de arresto a rigor a 20.

Ministro anula sanciones

Sin embargo, una vez que las actuaciones fueron elevadas al Ministerio de Defensa Nacional algunas cosas cambiaron.

El entonces ministro Jorge Menéndez en una resolución firmada el 4 de noviembre de 2016 dispuso “la realización de una Investigación Administrativa (…) a los efectos de determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio y a la individualización del o de los responsables”.

La primera instrucción la llevó adelante la abogada María Verónica Fontana, quien concluyó que compartía las conclusiones a las que había arribado el coronel Grande.

Por ejemplo, señaló respecto a fabricar porteras en el cuartel para un coronel retirado: “el Ejército Nacional no sufrió perjuicio alguno, pudiendo incluso haberse beneficiado”.

A la abogada del Ministerio de Defensa Roxana Braida le cupo la tarea de leer la instrucción de Fontana y realizar el informe para el ministro Menéndez. Braida rechazó las conclusiones de Fontana.

El 24 de marzo de 2017 escribió que “los hechos denunciados suponen la existencia de una situación irregular de gravedad”.

Destacó con especial énfasis la situación en torno a las piscinas. Braida señaló que el Ejército estaba eligiendo quién trabajaba para una empresa privada, algo totalmente fuera de lugar. “Dicha actuación irregular a todas luces, continuada en el tiempo desde el año 2000, puede comprometer seriamente la responsabilidad del Estado, porque pueden darse situaciones fácticas que deriven en cuestiones tales como un accidente laboral y tener que valorar si es en acto de servicio o no, reclamos por leyes sociales de seguridad social, reclamos laborales, si se configura tercerización o no, etc”.

Señaló que la situación debía “ser cesada de inmediato”. Y agregó: “Existe responsabilidad atribuible a todos los Jefes del Batallón ‘Resistencia’ de Infantería Nº2” desde el año 2000”.

También sobre el tema de las porteras fue clara. “Desde el momento en que dicha tarea se realiza durante el desempeño del servicio militar, utilizando las instalaciones, servicios públicos, maquinaria, etc. de la Unidad, es dable afirmar que la Administración realizó un gasto que no ha sido en beneficio del servicio sino para provecho de un particular, poniendo en riesgo con tal acto irregular, incluso, la responsabilidad del Estado por las mismas razones expresadas en el numeral anterior”.

Braida también sugirió al ministro Menéndez que revisara las sanciones impuestas a Duarte, ya que sus denuncias eran ciertas.

El 27 de marzo 2017, la jefa de la sección jurídica del Ministerio de Defensa, Silvia Usher, remitió a Menéndez las actuaciones y dijo compartir el informe de Braida.

“Se estima que existe responsabilidad de todos los Jefes respectivos, ya que en algunos casos el personal asignado prácticamente no concurría a la Unidad (sereno en las obras de instalación de piscinas)”, escribió Usher. “Esta situación, que se describe como un acto altruista realizado en beneficio del personal, que recibía alguna suma de dinero por parte de (la empresa), es totalmente irregular, antijurídica, implica el incumplimiento de las obligaciones de los Jerarcas respectivos y puede ser un indicio de otras situaciones irregulares…”

Usher se planteó si no era necesario ampliar la investigación, citar a los empresarios y dar “cuenta a la justicia competente y eventualmente a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social”.

De acuerdo a la abogada, debía hacerse todo eso para evitar “que esta cartera y el Ejército Nacional pueda encontrarse en una situación de poca transparencia que pueda afectar la imagen de las Fuerzas Armadas”.

Usher pidió también sancionar a los implicados en la construcción de porteras (“fuera de todo sustento jurídico”) y revisar la sanción al teniente Duarte.

Con tales informes sobre la mesa, el 26 de mayo 2017, el ministro Menéndez ordenó ampliar la investigación administrativa, pero pospuso la toma medidas disciplinarias “hasta tanto finalice el procedimiento”.

También tomó una resolución de evidente justicia: anuló las sanciones disciplinarias contra Duarte impuestas por el coronel Grande y el general D´Oliveira.

“No había nada oculto”

Durante la ampliación de la investigación administrativa fueron citados muchos jefes y exjefes de las unidades implicadas y por primera vez declaró también el dueño de la empresa de piscinas.

Las nuevas declaraciones arrojaron más detalles sobre la operativa y se situó su comienzo tres años antes de lo que se sabía hasta ese momento.

El teniente coronel Julio Álvez, jefe del batallón “Resistencia” de Infantería Nº2, declaró que la instalación de piscinas comenzó en 1997, a través del sargento 1 Almeida. Que en la época de mayor trabajo, entre noviembre y febrero, se recibían 180.000 pesos por mes de parte de la empresa y que a cada soldado se le liquidaba 650 pesos por jornal, salvo los que fungían como “encargados” que recibían 1.000. Agregó que con el dinero que le quedaba a la unidad se hicieron baños nuevos, se colocaron mosquiteros y se compraron acolchados.

Según este oficial, desde que se sancionó la llamada ley de responsabilidad penal empresarial, Akesse comenzó a inscribir a los soldados en el BPS.

El mayor Gustavo Spinelli, que fue segundo jefe del batallón “Resistencia”, relató que él ya había tenido que declarar sobre este tema ante la justicia militar. Fue “en la causa por la deserción del soldado Arregin, quien (…) desertó porque se encontraba muy cansado para hacer guardias y en esta causa mencionó que trabajaba en la instalación de piscinas”.

Y a juzgar por lo que declaró otro de los interrogados, lo del cansancio era muy explicable.

Manifestó el sargento Washington Almeida que si los soldados “concurrían a colocar una piscina y tenían guardia en la noche, al volver de la colocación entraban de guardia, y al otro día si querían ir a colocar piscinas con la empresa, se les autorizaba”.

O sea: piscinas de día, guardia de noche, piscinas de día.

Almeida confirmó que todo comenzó en 1997. Que en épocas de zafra se enviaban tres y hasta cuatro cuadrillas de ocho soldados cada una para instalar piscinas. Que en invierno el trabajo mermaba. Que cuando se instalaban albercas en ciudades como Maldonado y Mercedes el alojamiento de la tropa estaba a cargo de la empresa. Que se llegaba a cobrar 100.000 pesos por quincena. Que el 80% era para los soldados y el 20% para la unidad (otros dijeron que era 70 y 30). Que él mismo pasaba a buscar el dinero por la empresa y lo llevaba a la unidad. Y que con el segundo jefe ensobraban los pagos.

El 30 de junio de 2017 declaró Adolfo Bruzzone, responsable de la empresa Akesse desde 1990. “Es un convenio verbal, no recuerdo quién hizo las primeras tratativas”, dijo. “Nosotros pagamos una contraprestación en dinero a la Unidad, qué hace luego la Unidad con este dinero no tengo conocimiento”.

Afirmó que la empresa hacía los aportes legales al BPS. En cuanto a las contraprestaciones que su empresa otorgaba al Ejército, señaló: “Creo que hicimos algún servicio a la piscina que está en la Brigada, alguna vez. En otras ocasiones nos han comprado productos para las piscinas de distintas unidades, pero no es canje por los servicios de los funcionarios”.

Todo esto se hacía con conocimiento de los mandos. Esteban Gambaro, exjefe de las unidades involucradas y director de la Maestría en Estrategia Nacional del CALEN al momento de declarar, manifestó: “No había nada oculto ni que no estuviese en conocimiento del mando y de los Superiores Jerárquicos, todo estaba plenamente en conocimiento de los Superiores”

El informe de la segunda instrucción de la investigación redactado el 21 de julio de 2017 por la abogada Gabriela Peña destacó la “absoluta improcedencia de las actividades” y consideró que quienes participaron de ellas incurrieron en un “accionar en forma absolutamente irregular”.

Exministro de Defensa José Bayardi

Se sugirió al ministro evaluar “la procedencia de imposición de sanciones al personal militar indicado como responsable en los hechos investigados”

El 31 de julio de 2017, la jefa de Jurídica Sylvia Usher apoyó esas conclusiones y manifestó que no existía documentación que comprobara que efectivamente se habían hecho los aportes legales al BPS.

Sugirió por tanto elevar las actuaciones el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Dirección General Impositiva y al BPS. Y exigirle a la empresa que presentara los recibos por el dinero pagado al Ejército y por sus declarados aportes al BPS.

Sin embargo, nada de eso se cumplió.

A partir de ese momento, el expediente no tuvo más actuaciones hasta el último día hábil del segundo gobierno de Tabaré Vázquez.

Ese día, el ministro Bayardi firmó una resolución que manifiesta que “se constataron las irregularidades denunciadas”. Pero “habiendo prescripto el plazo de 60 días para sancionar a los referidos funcionarios, corresponde clausurar la investigación administrativa y su ampliación”.

Consultado por El Observador, Bayardi dijo no recordar el caso.


 

Nueva denuncia en curso: “Tenga cuidado”
El teniente Nelson Duarte ha realizado una nueva denuncia de irregularidades en el Ejército que están a estudio del Ministerio de Defensa Nacional, confirmó Fabián Martínez, director general de Secretaría de esa cartera.
Martínez no quiso decir cuál es el objeto de la denuncia, que fue presentada en 2021, pero dijo que no se trata de los mismos hechos denunciados en 2014. Son otros. Tampoco Duarte quiso hacer declaraciones mientras el caso está siendo investigado.
Como ya le ocurrió en 2014, esta nueva denuncia de Duarte ha tenido un trámite nada fácil que llevó al teniente a denunciar la situación ante la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Según relató allí Duarte, su denuncia derivó en que el comandante del Ejército instruyera una investigación administrativa que le fue confiada a un general que es “uno de los funcionarios denunciados”.
En octubre de 2021, ese general sometió al teniente a “un interrogatorio hostil, en que las preguntas no estaban orientadas al esclarecimiento de los hechos, sino a determinar en qué forma había obtenido la información”.
El instructor, según denunció Duarte ante la Inddhh, lo amenazó: “Usted es teniente y yo general (…) tenga cuidado a quién involucra en sus declaraciones, no sea que se meta con gente con la que no se tiene que meter”.
Duarte también relató que se le sancionó, padeció seguimientos en la calle y se le quitaron funciones en su trabajo.
La INDDHH intimó en esa fecha al Ministerio de Defensa a que cesara el hostigamiento al oficial.
El 30 de agosto de 2022, la INDDHH emitió una resolución donde se señala que en el caso del teniente Duarte “existen elementos suficientes de convicción para establecer la vulneración del derecho al debido proceso, derecho al trabajo libre de acoso laboral y el ejercicio libre de la profesión”.
La INDDHH recomendó al Ministerio de Defensa realizar una nueva investigación administrativa, y también lo plantearon los servicios jurídicos de la cartera. Según dijo Martínez, se comenzó una nueva investigación administrativa, que esta vez no fue confiada a jerarquías del Ejército sino a un funcionario del Ministerio.
A su vez, agregó, se decidió trasladar a Duarte a la Dirección de Paso de Fronteras, que no depende del comandante en jefe del Ejército sino del propio Ministerio.
Martínez dijo que las medidas tomadas permiten dar garantías a la investigación que está en curso.

 

INDDHH: “Represalias” del Ejército por denunciar

A pesar de que sus denuncias eran ciertas y que las sanciones impuestas fueron anuladas, el teniente Nelson Duarte nunca más logró un ascenso.
Una y otra vez sus intentos de ser considerado para ascender a capitán le fueron negados por el Ejército.
En este caso, el Ministerio de Defensa aceptó esos criterios y rechazó todas las apelaciones de Duarte.
A fines de 2013, Duarte fue pasado a la justicia militar por haber incurrido en el delito de “desobediencia”, al no haberse presentado en su unidad cuando correspondía.
Duarte cumplió su pena y por no haber vuelto a incurrir en delitos, el 17 de junio de 2016 la justicia militar consideró extinguido su delito y quedó libre de antecedentes.
Ese delito militar –a pesar de estar extinguido- ha sido citado una y otra vez como causa para no ascender. Sin embargo, otros oficiales, culpables de delitos mucho más graves, sí han ascendido.
El legajo de Duarte tiene un sinfín de sanciones por los motivos más diversos. Muchas de ellas están sustentadas en el hecho de las protestas y apelaciones realizadas por el teniente por las sanciones y traslados recibidos.
Algunas de esas penalizaciones le fueron impuestas por el general Guido Manini Ríos –hoy senador- cuando era comandante en Jefe del Ejército.
Por ejemplo, el 11 de junio de 2018 y luego de protestar por haber sido trasladado a Bella Unión, Manini le aplicó a Duarte una pena de ocho días de arresto a rigor por “emitir juicios de valor, en cuanto al criterio del Señor Comandante en Jefe del Ejército a la hora de asignarle destino al recurrente y considerarlo eventualmente violatorio de la aplicación del derecho”.
Un oficio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, del 29 de noviembre de 2021, sostiene que a raíz de sus denuncias “Duarte ha sufrido una serie de represalias, entre las que se destacan traslados irregulares, alteración de su legajo funcional (y) postergación indefinida en el ascenso”.
En los últimos días, sin embargo, el teniente Duarte logró una importante victoria administrativa, la primera desde que su odisea se inició en 2014.
El 14 de noviembre el ministro Javier García firmó una resolución que aceptó una apelación presentada por Duarte para que sus calificaciones del año 2014 sean reevaluadas.
En febrero, el comandante en jefe del Ejército, general Gerardo Fregossi, había fallado en sentido contrario.
Sin embargo, García le dio la razón a la apelación de Duarte, ya que el Ejército nunca revisó las calificaciones del oficial en 2014, un año en que recibió una grave sanción que, por injustificada, fue anulada con carácter retroactivo en 2017 por el entonces ministro Jorge Menéndez (ver nota principal). 

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