Las administradoras podrán colocar fondos previsionales en títulos sin grado inversor
El Banco Central del Uruguay (BCU), tiene a estudio una serie de cambios en las normas que regulan las inversiones que pueden realizar las Afap para rentabilizar los fondos que aportan los trabajadores para luego jubilarse.
Una de las modificaciones principales contenidas en el proyecto elaborado por la Superintendencia de Servicios Financieros, es la posibilidad que las Afap puedan tomar más riesgo invirtiendo en títulos que no tengan grado inversor.
La iniciativa establece que se podrá invertir en instrumentos comprendidos dentro de la categoría 3 de riesgo crediticio (calificaciones por debajo del grado inversor hasta calificación B). Antes solo se podía invertir en instrumentos grado inversor, es decir hasta calificación BBB-.uy.
Al asumir más riesgo, los fondos podrían tener una mayor rentabilidad para el ahorro de los trabajadores. En la actualidad la cartera de inversión de las AFAP está constituida mayormente por títulos públicos del Estado uruguayo y el BCU.
Al cierre de mayo todas las administradoras de fondos previsionales manejaban una bolsa de recursos de unos US$ 15.000 millones. Uno de los desafíos que enfrentan las AFAP es que el Fondo de Ahorro Previsional (FAP) crece más rápido de lo que lo hace la oferta de productos financieros. Por eso es que las inversiones privadas lucen poco entre los instrumentos en los que están posicionados y hay una participación mayoritaria de papeles de deuda que emite el Estado.
Las AFAP uruguayas tienen invertidos actualmente unos US$ 2.248 millones en el sector productivo. La infraestructura se lleva un tercio de los recursos (30,2%), energía (19,6%), forestal (15,9%), inmobiliario (8,7%), financiero 7,5%, agrícola (6,4%), salud (4,1%), industrial (3,6%), transporte (2,7%), servicios (0,8%) y consumo 0,5%), según cálculos en base a datos del BCU. Si además de lo invertido se toma en cuenta lo comprometido (pendiente de integrar) la cifra es mayor.
Un segundo cambio establece que las inversiones en instrumentos privados de un mismo sector de actividad no podrán superar el 15% del valor del activo del subfondo de Acumulación.
El límite es de 20% para proyectos de Participación Público Privada (PPP). Antes no existía este límite. Además, aquellas PPP que no generen flujos de fondos para la administración pública, por ejemplo Unidad Punta Rieles, sumado a los valores emitidos por el estado uruguayo no podrán superar el 75% del subfondo de Acumulación. Ese límite no corre en emisiones como las de Corporación Vial del Uruguay, porque tienen una fuente de repago propia (peajes).
Otro punto modifica el límite máximo de 100% a 70% sobre el monto emitido de obligaciones negociables (ON) y Fideicomisos Financieros. Antes una sola AFAP podía comprar una emisión entera, ahora podrá comprar solo el 70% de la misma.
El Fondo de Ahorro Previsional se divide en dos partes. El subfondo de Acumulación tiene unos US$ 12.200 millones y reúne los aportes de los afiliados hasta que cumplen 55 años de edad. Su perfil de inversiones prioriza las de largo plazo que brindan mayores ganancias.
A partir de los 55 años, el saldo de la cuenta del afiliado comienza a ser transferido obligatoria y progresivamente al subfondo de Retiro, hasta transferir la totalidad del saldo a los 59 años de edad. Este subfondo maneja actualmente unos US$ 2.800 millones y busca proteger el ahorro ya generado con una menor exposición a los cambios del mercado financiero. Sus inversiones son máximo a cinco años de plazo, se excluyen instrumentos privados y la exposición a moneda extranjera está topeada en 15%.
Las administradoras privadas han manifestado en más de una oportunidad la idea de contar con un tercer fondo de ahorro previsional para afiliados menores de 35 años que pueden tolerar la volatilidad de rentas variables en los mercados internacionales.
Cuando las AFAP iniciaron su actividad, no contaban prácticamente con opciones para invertir en el sector privado. Hasta el 2003, solamente se emitían obligaciones negociables (ON). Sin embargo, esos papeles se colocaban principalmente a nivel de retail (inversores minorista), ya que la mayor parte de las mismas no contaban con la calificación de riesgo que se exige para inversores institucionales como las AFAP.
Sobre fines de la década de 1990 y principios de los 2000 una serie de emisiones de ON de 17 empresas privadas uruguayas –como Granja Moro– no pudieron hacer frente a sus pagos, lo que provocó un serio daño a la reputación y confianza en esos instrumentos de deuda. La crisis de 2002 terminó por derrumbar el mercado privado de capitales, hasta que en 2003 la ley de fideicomisos comenzó a armar un mercado con menor riesgo para las AFAP. En julio de 2011 se produjo la primera emisión de un certificado de participación de un fideicomiso financiero de la firma forestal BDU. Con esa opción de inversión las AFAP comenzaron a comprar capital y no deuda.
El proyecto normativo del BCU amplía hasta 5% el límite para colocaciones en instituciones público o privadas con alta calificación, destinadas a préstamos personales para afiliados y beneficiarios del sistema de seguridad social. Antes para préstamos a BPS se podría invertir como máximo 3%. Además, se impone el límite de hasta 20% del subfondo de Acumulación para emisiones que sean emitidas bajo el mismo fiduciario, antes era 12.5%.
En tanto, cuando una calificación de riesgo de cualquier instrumento de un emisor hubiera caído por debajo del mínimo requerido para formar parte de los activos de cada subfondo, el valor de todas las inversiones existentes de ese emisor se reducirá en un 30% aplicado sobre el último precio de mercado o, en su defecto, sobre el precio neto de adquisición.
Para aquellos instrumentos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva regulación se sigue imponiendo el castigo por debajo de grado inversor. Por ejemplo, el Fondo de Tierras seguirá valuado como hasta ahora, es decir en un 70%. Los cambios propuestos fueron puestos a consulta de las AFAP hasta el próximo 9 de julio. Todos los cambios propuestos fueron puestos a consulta de las cuatro AFAP (República, Unión Capital, Integración y Sura hasta el próximo 9 de julio.