El camino (empedrado) del BCU para bajar la inflación

 Luego de casi cuatro meses de negociación y en medio de un rebrote de las presiones inflacionarias del exterior (la inflación alcanzó un máximo de 30 años en EEUU), casi el 50% de los grupos que ya lograron cerrar sus convenios colectivos lo hicieron por fuera de la pauta, y apenas un 31% lo hizo de acuerdo a las mismas. Como era de esperarse, esa situación generó un primer llamado de atención por parte de las autoridades del Banco Central del Uruguay (BCU), el organismo cuya tarea central es el combate y reducción de la inflación.

 "En los primeros acuerdos salariales logrados se han observado desvíos respecto a la pauta salarial propuesta por el Poder Ejecutivo, tanto en los ajustes nominales como en la frecuencia de los correctivos, aumentando el riesgo de indexación de la cadena de precios", alertó el Comité de Política Monetaria (Copom) tras su reunión de la pasada semana, que derivó en una suba de medio punto en la tasa de interés, a 5,75%. 

De los 71 grupos que están cerrados, algo más de 20 (30%) fueron por acuerdo tripartito. En tanto, en 31 casos (43,6%) el acuerdo fue votado por empleadores y trabajadores, con abstención del MTSS, debido a que el contenido de las fórmulas está por fuera de los lineamientos que fijaron los ministerios de Trabajo y Economía. Esto incluye acuerdos con distintas particularidades, como correctivos semestrales y anuales por inflación o porcentajes mayores de recuperación salarial a los planteados en la pauta. El director de Trabajo, Federico Daverede, explicó que su cartera tenía poco para hacer en la dinámica de negociación que llevan adelante empresarios y trabajadores y mostró su conformidad, ya que el “denominador común” ha sido el acuerdo entre empresarios y trabajadores hasta el momento. 

Para los sectores menos o poco afectados (mayoría de ramas de actividad), el Poder Ejecutivo propuso convenios a dos años con ajustes semestrales por inflación proyectada –empiezan con 2,5% en julio–, y un componente de recuperación del salario real perdido en el último año. Al final del convenio (junio de 2023) se establece un correctivo, donde se comparará la inflación efectiva con la estimada, y se otorgará el total o parte, según la evolución del empleo sectorial.

Los empresarios parecen no estar convencidos 

La Encuesta de Expectativas de Inflación -que relevada el INE a los empresarios uruguayos- ha mostrado cierta parsimonia y desacople respecto a las previsiones que manejan otros agentes económicos como bancos, analistas privados, AFAP y consultoras o institutos académicos que responden el relevamiento mensual que hace el BCU. Los primeros parecen (desde hace un buen tiempo) bastante más pesimistas sobre una trayectoria bajista de los precios. Mientras que los empresarios esperan que la inflación se ubique en 8% en el horizonte de 24 meses, los analistas manejan una previsión de 6,3%. En ambos casos se está por fuera del rango meta oficial que regirá para ese entonces (3% a 6%).

De alguna manera, esas expectativas sobre los precios a futuro que ven las empresas ha llevado a que se hayan convalidado ajustes de salarios para sus trabajadores por encima de los lineamientos que fijó el Ejecutivo. El delegado de la Cámara de Comercios y Servicios, Pablo Durán, no anduvo con vueltas esta semana y explicó por qué se están firmando acuerdos por fuera de la pauta. “Todas las estimaciones de inflación que se hicieron para pautar los aumentos ya han quedado sin sustento”, afirmó en declaraciones a Subrayado. “La inflación va a ser mucho más de la estimada y, por lo tanto, los correctivos van a ser muy impactantes. Si además, para poder acordar, se está dando un crecimiento superior a ese 1,6%, va a haber un empuje inflacionario que está en esta ronda”, alertó. 

En medio de la negociación, el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, reclamó aggiornar los convenios salariales y protocolizar “un mecanismo ágil de descuelgues”, para que las pymes, o empresas que “están en una situación especial, puedan desengancharse” del acuerdo en caso de enfrentar dificultades. 

El BCU hará el intento por no dar señales de que la batalla para reducir el ritmo de aumento de los precios pueda estar bajo amenaza. Continuará machacando para anclar las expectativas y enviando señales con su instrumento, la tasa de interés, de que está comprometido con ese objetivo. En el 2020 y parte del año que está en curso, la autoridad monetaria logró reducir las expectativas inflacionarias sin recurrir a la tasa, pero ahora ese proceso se interrumpió. Hasta ahora, el MEF ha contribuido con su papel a la hora de velar por la disciplina del gasto público pero siempre queda ese riesgo latente (y tentación) de que -a medida que se vaya entrando al próximo ciclo electoral- esa fortaleza pueda debilitarse. 

En materia de salarios, los acuerdos que se están sellando en este semestre pautarán la dinámica de ajustes para los próximos dos años y habrá muy poco para hacer durante ese período sobre la dinámica de esa política. Los vientos del exterior hoy tampoco juegan a favor y no está tan claro que ese fenómeno de alza de precios sea transitorio. 

El partido para el BCU no es sencillo. La construcción de credibilidad en sus metas no es un activo fácil de lograr si tenemos en cuenta sus antecedentes. Además, desde setiembre de 2022, el techo del rango meta se achicará en 1 punto y dejará el nuevo objetivo entre 3% y 6%. Hoy la tarea más difícil parece estar en convencer a los agentes que fijan los precios que pagamos los consumidores: las empresas. 

Soy Andrés Oyhenard, editor de Economía y Empresas de El Observador. Hasta aquí esta nueva entrega de  Rincón y Misiones, la newsletter exclusiva para suscriptores Member de El Observador para entender mejor la realidad económica y los temas que tocan nuestro bolsillo, y contar con mejor información para tomar decisiones.