Economía y Empresas > Novena ronda
Los motivos que llevan a los empresarios a aceptar acuerdos por fuera de la pauta oficial
Con 71 convenios cerrados, la ronda de negociación salarial en la actividad privada muestra que casi la mitad está por fuera de los lineamientos oficiales. En esos casos el acuerdo fue votado por trabajadores y empleadores, con la abstención del Poder Ejecutivo.
Uno de los puntos que se repite es la inclusión de correctivos por el 100% de la inflación, con periodicidad semestral y anual. El gobierno sugirió que fueran a dos años al vencimiento de los convenios, y que el pago estuviera atado a la evolución de los cotizantes. El avance de la ronda también muestra que en varios casos esos acuerdos incluyen porcentajes de recuperación salarial superiores al 1,6% sugerido por el gobierno, y sin diferencia por tamaño de empresa.
¿Por qué hay empresas que en la negociación están dispuestas a convalidar acuerdos que mejoran el contenido de la pauta? Esa pregunta tiene más de una respuesta y que puede diferir en cada de los sectores que hoy están negociando o que ya tienen su convenio firmado.
En tres meses de Consejos de Salarios, las conversaciones han tenido como telón de fondo las dudas, que en muchos casos existen, respecto al cumplimiento de las proyecciones oficiales de inflación futura, y que son base de los porcentajes de aumento nominal propuestos en los lineamientos. Por ejemplo, en los sindicatos se cuestionan esas metas.
El paso de las semanas muestra que algunas empresas están accediendo a ese pedido, quizás reconociendo que la inflación será mayor a las proyecciones que dieron base a la pauta presentada en julio.
Esta semana, Pablo Durán, abogado de las gremiales empresariales dio alguna pista. “Todas las estimaciones de inflación que se hicieron para pautar los aumentos ya han quedado sin sustento”, afirmó en declaraciones a Subrayado.
“La inflación va a ser mucho más de la estimada y, por lo tanto, los correctivos van a ser muy impactantes. Si además, para poder acordar se está dando un crecimiento superior a ese 1,6% va a haber un empuje inflacionario sin dudas que está en esta ronda”, aseguró en declaraciones a Subrayado.
Las expectativas de inflación de los empresarios –son los que fijan precios– para los siguientes dos años se mantienen en 8% desde hace seis meses. En tanto, los agentes y analistas que responden la Encuesta de Expectativas del BCU esperan una inflación de 6,3% en el horizonte de política a 24 meses.
También es válido pensar que hay empresas en condiciones de pagar mayores ajustes porque el impacto de la pandemia en sus números no fue tan importante en comparación a otras o porque otros hoy están en pleno proceso de recuperación y mejora en sus márgenes. Otro razonamiento puede asociarse a que haya casos en que se aceptan algunos de los planteos para evitar que el choque con los sindicatos genere conflictividad, algo que siempre termina generando perjuicios para todas las partes.
Consultado por el tema, el presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Alfredo Antía dijo a El Observador que “lo que ocurre dentro de cada mesa es un mundo”. De todas maneras, afirmó que “lo que está claro” es que “se sigue negociando con una ley observada” por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y “que, además, lo que se negocia no representa a todos”.
“Muchas empresas quizás podrán pagar más, pero otras no, y, sin embargo, no tienen ni voz ni voto y lo que allí se decida los obligará quizá a lo que no puedan cumplir”, cuestionó el empresario farmacéutico.
Por otro lado, Antía dijo que desde el momento que no está protocolizado “un mecanismo ágil de descuelgues”, si se acuerda por encima de las pautas, “sigue sin haber formas estandarizadas y ágiles” para que principalmente las pymes, o empresas que “están en una situación especial puedan desengancharse” del acuerdo. “En suma mucho camino por recorrer para madurar, para que unos y otros se sientan representados e incluidos”, reclamó.
Antía también señaló que la demora en acordar “resultará pesada para las empresas menores” tomando en cuenta que deberán pagar retroactivos acumulados desde el 1º de julio pasado.
Inicialmente las autoridades habían fijado el 15 de noviembre como una fecha tentativa de cierre de la ronda. En la reunión de la mesa chica del Consejo Superior Tripartito celebrada este lunes se acordó dar dos semanas más de plazo para encaminar los acuerdos en los sectores que faltan.
Una de las razones radica en que el pago de retroactivos puede generar dificultades para las empresas, en la medida que el proceso se estire todavía más en el tiempo. La demora también supone un perjuicio para los asalariados.
