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El camino jurídico que la Corte Electoral rechazó para el cambio en fecha de las departamentales

El organismo volvió a recibir a una delegación de partidos encabezada por la vicepresidenta Beatriz Argimón
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24 de marzo de 2020 a las 19:16

La Corte Electoral recibió este martes a la comisión intrapartidaria encabezada por la vicepresidenta Beatriz Argimón para evaluar la forma de postergar las elecciones departamentales previstas para el 10 de mayo. 

El organismo ya había planteado una semana atrás que no podía asegurar el "normal funcionamiento" del proceso electoral debido a las medidas sanitarias dispuestas para frenar el avance del coronavirus. Ante esa realidad, los partidos iniciaron conversaciones para evaluar el aplazamiento de los comicios, aunque hasta el momento no hay acuerdo en la forma de armonizar la postergación a las disposiciones de la Constitución, que en el numero 9 del artículo 77 fija para la elección para el segundo domingo de mayo. 

En ese marco, una de las opciones arriba de la mesa era la aprobación de una ley constitucional para modificar la Carta Magna y permitir el corrimiento de la fecha, aunque para ello haría falta un plebiscito.

En la reunión de este martes, la Corte Electoral ratificó que la convocatoria a un plebiscito presentaría "las mismas dificultades" discutidas una semana atrás, cuando advirtió que "las recomendaciones actuales a adoptar en virtud de la emergencia sanitaria" no son compatibles "con la movilización que implica la convocatoria al cuerpo electoral a sufragar". 

Algunos dirigentes entendían que el plebiscito podría requerir una menor movilización de recursos que una elección departamental, pero los ministros de la Corte fueron enfáticos a la hora de señalar que no habría "diferencias significativas" entre uno y otro, dijo a El Observador el vicepresidente del organismo, Wilfredo Penco. "Hicimos hincapié en que todas las consideraciones hechas respecto a la elección departamental son extensibles a cualquier tipo de elecciones y que un plebiscito presentaría las mismas dificultades".

Según relató Penco, en la reunión se manifestó que la Corte ya está teniendo problemas para cumplir con el cronograma electoral, dado que si bien se siguen todos los pasos correspondientes, el cierre de las Juntas Departamentales obstaculizan trámites básicos. Por ejemplo, este lunes venció el plazo para ejercer el derecho de prioridad sobre los números utilizados en la elección departamental anterior. 

La advertencia de la Corte deja descartada la posibilidad de modificar la Constitución mediante un plebiscito a realizarse en forma inmediata. De esa forma, las opciones que quedan arriba de la mesa son, en líneas generales, dos. 

Una, a la que adhieren los colorados, es redactar una ley constitucional y que el plebiscito se realice en simultáneo con la elección departamental en su nueva fecha. "Obviamente, la solución no es perfecta. De mayo a la fecha del plebiscito estaríamos en situación de incumplimiento de la Constitución, con autoridades 'de facto' en los gobiernos departamentales, pero el plebiscito completaría la reforma y legitimaría retroactivamente todo lo actuado", escribió el diputado Ope Pasquet en su cuenta de Twitter. 

En el Partido Nacional y el Frente Amplio no creen que ese sea el camino más acertado. En cambio, ambas colectividades se inclinan mayoritariamente por promover la ley interpretativa, una modalidad avalada por el constitucionalista Martín Risso pero resistida por otros colegas como Ruben Correa Freitas. 

El numeral 20 del artículo 85 de la Carta Magna permite a la Asamblea General "interpretar la Constitución" a través de una ley. Lo que hace en esos casos el legislador es ahondar en el sentido de una norma constitucional para hacerla más específica. Una interpretación demasiado tirada de los pelos sería considerada inconstitucional. 

Para Risso, el Parlamento podría interpretar que la fijación de una elección en medio de la propagación del coronavirus pone en riesgo la salud de la población, contraviniendo así el artículo 44 de la Constitución, que obliga al Estado a "legislar en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país". 

Correa Freitas, en quien se basan los colorados, cree que esa alternativa es inconstitucional.

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