El Congreso de diputados español aprueba una ley amplia y estricta contra la violencia sexual

El lema surgió hace seis años después de la violación múltiple de una mujer por un grupo de hombres en Navarra, durante las fiestas de San Fermín, un crimen conocido como la violación de La Manada y por el cual sus responsables fueron finalmente condenados a 15 años de cárcel después de una fuerte presión social que logró revertir un fallo de primera instancia que había considerado el hecho como “abuso sexual”.

La nueva norma fue aprobada por 202 votos a favor, 140 en contra (todos los diputados del PP y de Vox) y tres abstenciones y básicamente cambia la concepción jurídica sobre la violencia sexual: en el centro de la evaluación legal de un delito sexual ya no estará la apreciación de la actitud o cuánto se resista una mujer a una agresión, sino en el consentimiento, expresado libre y claramente como lo ilustra la consigna popular, “solo el sí es sí”.

Según Irene Montero, la ministra de Igualdad, la ley “es un paso decisivo para cambiar la cultura sexual de nuestro país, lejos de la culpa y el miedo, para dejar atrás la cultura de la violación y crear una cultura del consentimiento”.

La ley, que llevó 11 meses de trabajo legislativo, búsqueda de consensos y negociaciones, incluyendo los partidos de gobierno, protegerá a los 24 millones de mujeres españolas y ayudará a disminuir la cantidad de ataques sexuales que se producen en España, unos 400 mil al año según estimaciones oficiales.

La normativa incorpora también una serie de medidas específicas en distintos ámbitos para garantizar el derecho a la libertad sexual y la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento, por primera vez, de las victimas de explotación sexual y trata como víctimas de violencia machista. Incluye también bajo el concepto de violencia sexual los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina.

Incorpora la sumisión química como agravante de una agresión sexual, tipifica el acoso callejero como delito, al igual que la violencia sexual ejercida por vía digital.

En los casos en que los acusados por algunos de estos delitos sean menores de 18 años, las penas deberán incorporar medidas obligatorias de asistencia a programas formativos de educación sexual e igualdad.

El articulado de la ley incluye la prohibición de la publicidad promotora de pornografía, instituye ayudas económicas para las víctimas que ganen menos de un salario mínimo y establece como obligatoria la educación sexual en todas las etapas del sistema educativo. Se crean también centros de crisis con atención las 24 horas para dar apoyo psicológico, jurídico y socia a las víctimas y sus familiares.

Se espera que la nueva norma colabore con el proceso de cambio de visión que muchos sectores sociales aún mantienen sobre la violencia sexual como resultante de actitudes de la víctima y no de las acciones de los agresores.

Muchos españoles dudan aún sobre tema del consentimiento, ciudadanos del común y hasta jueces, abogados y periodistas todavía se preguntan ante un caso de violación: ¿Cómo iba vestida? ¿Se resistió lo suficiente? ¿Tuvo actitudes provocativas?

De ahora en adelante, no habrá margen alguno para interpretar o para discutir si un hecho de violencia sexual debe considerarse abuso sexual o violación. Con la nueva ley queda taxativamente establecido que cualquier acto sexual que no cuente con el consentimiento claro y explícito de quien lo sufre, debe considerarse una violación.

La ley deberá ser considerada ahora por el Senado para su aprobación definitiva.