El Congreso peruano admitió ingresar a trámite parlamentario una denuncia contra el presidente Castillo

La acusación contra el titular del Poder Ejecutivo es por supuestamente liderar una organización criminal dedicada a entregar licitaciones fraudulentas de obras a cambio de dinero, tráfico de influencias y colusión. La denuncia abarca también a los exministros de Transporte Juan Silva y de Vivienda Geiner Alvarado.

La denuncia fue aceptada por votación en la subcomisión de denuncias constitucionales, en la que trece congresistas se manifestaron a favor de recibir la denuncia, ocho lo hicieron en contra y no se produjeron abstenciones.

Solamente apoyaron a Pedro Castillo sus aliados en el Congreso: Perú Libre, Perú Democrático, Perú Bicentenario y Juntos por el Perú, mientras que votaron a favor de que la denuncia siga su curso miembros de partidos como el fujimorista Fuerza Popular, el centrista Acción Popular, los ultraconservadores de Renovación Popular y los centroderechistas de Avanza País.

De esta manera, la denuncia ha entrado en una etapa probatoria en la que el acusado puede ser convocado a ejercer su defensa, antes de que el grupo de trabajo emita su informe final y si procede pasará a la Comisión Permanente, como antesala de la votación en el pleno, donde para prosperar requerirá los votos de la mitad más uno de los legisladores del hemiciclo.

Inmediatamente antes de proceder a la votación, la presidenta de la subcomisión, Lady Camones, precisó que, según el reglamento del Congreso, la labor de esta es solamente calificar la denuncia en una etapa postulatoria, y decidir si admite el trámite o no.

"Siendo esta la etapa postulatoria y estando que la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público cumple todos los requisitos de admisibilidad (...) corresponde a esta subcomisión admitir y dar trámite a la presente denuncia constitucional a fin de iniciar las investigaciones dentro del marco del debido procedimiento en sede parlamentaria", afirmó.

Camones agregó que "no podemos entrar en una evaluación de fondo", dijo. "En este momento, los peruanos nos están viendo con un único y legítimo pedido: conocer la verdad", señaló también.

Par el presidente Pedro Castillo, la denuncia es el inicio de una "nueva modalidad de golpe de Estado" y recuerda que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.

Con esta aprobación parlamentaria, la denuncia ha iniciado un periplo que incluye varias etapas en la cámara peruana y que, según los expertos, podría demorar unos tres meses entre idas y venidas en la subcomisión y la Comisión Permanente hasta llegar al pleno, en caso de proceder.

El recorrido legal no acabará en esta instancia, ya que, si el pleno aprueba acusar constitucionalmente a Castillo y se levanta la inmunidad presidencial, la denuncia volverá a la Fiscalía para que presente una acusación formal ante el Poder Judicial.

El pleno de legisladores lo constituyen actualmente 129 legisladores a los que hay que restarles, a los fines de esta votación, los 33 miembros de la Comisión Permanente, con lo que el número final del pleno es de 96 legisladores y la votación se decide por mayoría simple.

Si el caso constituyera un escenario de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional (juicio político), se requeriría la votación de los dos tercios del número de miembros del Congreso sin la participación de la Comisión Permanente (64).