El cuestionamiento de Lacalle a las cifras de informalidad y las dificultades para contemplar a este sector

El mandatario dijo que lo discutió con el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, y que se verá de acuerdo a los recursos finitos de que dispone el Estado. “Los recursos que vamos a destinar son en orden para el que más sufre y el que más va a necesitar”, señaló.

Sin embargo, también expresó que le llama la atención la cantidad de trabajadores informales que hay respecto a la información que transmitió el gobierno del Frente Amplio.

"Es increíble como en 26 días han aparecido una enorme cantidad de trabajadores que según la información oficial con la que se contaba no existía esa cifra en nuestro país. Es una situación de la que nos vamos a hacer cargo", apuntó.

Ese comentario sobre la falta de fiabilidad de las estadísticas causó molestias en integrantes del gobierno que dejó el poder el 1° de marzo, como el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, que expresó que es "injusto y peligroso" que Lacalle Pou dude de las cifras de informalidad.

El analista económico Marcos Soto escribió en su cuenta de Twitter que el presidente "no puede cuestionar cifras oficiales, en este caso sobre empleo informal", ya que en Uruguay hay "profesionalismo e independencia estadística".

La informalidad laboral se define como el no registro de los trabajadores en la seguridad social, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Se mide a partir de la Encuesta Contínua de Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, e incluye a las personas ocupadas que no declaran tener derecho a jubilación en el trabajo que desarrollan.

En Uruguay, esta población fue disminuyendo durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, y la última medición de 2019 da cuenta de que el 24,9% de los trabajadores ocupados son informales, que corresponden a unas 400.000 personas.

Juan Manuel Rodríguez, economista especializado en relaciones laborales, dijo a El Observador que Uruguay es el país más formal dentro de América Latina. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras en varios países de la región la informalidad llega al 70% (como Paraguay), en Uruguay disminuyó del 41,5% en 2006 hasta el casi 25% actual. 

Para dar este salto, las claves fueron las "campañas de difusión para formalizar", según Rodríguez, especialmente en el sector de trabajo doméstico, uno de los que presentaba mayor informalidad.

Autónomos más informales

El gobierno busca atender especialmente las situaciones de aquellos trabajadores informales autónomos, como los cuidacoches, los feriantes y quienes hacen changas, informaron a El Observador fuentes del gobierno.

Esto no significa que quienes se encuentran en situaciones de informalidad totales o parciales en relación de dependencia no se vean beneficiados, pero en estos casos, los trabajadores pueden realizar las denuncias de irregularidades en el pago del salario o en la relación laboral a través de los mecanismos que ya existían antes de la pandemia, ante el Banco de Previsión Social y la Inspección del Trabajo del MTSS.

De todas formas, aclararon que si el gobierno detecta situaciones de irregularidad, "se tienen que regularizar" a pesar de la situación económica.

Las fuentes comentaron que en estos días quienes más se acercaron a solicitar ayuda fueron los feriantes, deliveries y otros jornaleros, que se convirtieron en uno de los colectivos más vulnerables, al estar imposibilitados de trabajar por la emergencia sanitaria y que, generalmente, no solicitaban ayuda por encontrarse en una situación laboral irregular.

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Problemas para operar

La informalidad puede ser difícil de detectar. Según Rodríguez, en el caso de las empleadas domesticas habría que "salir casa por casa" para encontrar a quienes se encuentran fuera del sistema previsional y brindarles ayuda si es necesario.

Y para entregarle una canasta, tal como se evalúa en el gobierno, puede ser complejo de implementar, afirmó el economista. "Armar, entregar y distribuir las canastas es complicado. Otros países optaron por entregar una partida mensual", apuntó.

Por otra parte, si se plantea hacer un llamado para que aquellos que cumplan con los requisitos de informalidad se presenten para retirar una canasta, también conlleva dificultades operativas.

"No los podés tener a menos de un metro de distancia como se exige, y hay que dar una respuesta rápida, los mecanismos de implementación no pueden tardar meses", agregó.

Lacalle Pou anunció este jueves que se pretenden extender las canastas alimenticias para los más vulnerables, llegando a un piso de 300.000, y dijo que este viernes Bartol y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ahondarán en la implementación de este programa.