En los primeros cien días de su administración, el presidente de EEUU, Joe Biden, presentó tres programas fiscales para reactivar la economía pospandemia y proyectarla hacia el mediano y largo plazo, además de perfeccionar el sistema de protección social para las familias estadounidenses. El primero de ellos, ya aprobado por el Congreso, fue cuestionado por una parte de la opinión especializada, en cuanto a que su monto, de US$ 1,9 billones, era excesivo y podría provocar un efecto inflacionario antes de la previsión de las autoridades.
Hasta ese momento, la inflación estaba por debajo de la meta oficial del 2% anual, en el marco de una política monetaria expansiva, con una compra mensual de valores de US$ 120.000 millones y una tasa de interés cercana a cero, que se ha anunciado habrá de mantenerse al menos hasta el fin de 2023.
Cuatro meses después, ese principio de desacuerdo se actualizó. El disparador fue la inflación anualizada de abril, que súbitamente trepó desde el 2,6% de marzo hasta el 4,2%. Y un mes después, en mayo, el problema cobró una mayor actualidad, porque la inflación anualizada fue de 5%, marcando la continuidad de dos niveles de alza de precios que no se alcanzaban desde 1998.
Ante el registro de abril, las autoridades se apresuraron a afirmar que el salto en los precios era “transitorio”, como consecuencia de la recuperación de algunos que estaban deprimidos, como los relacionados con el turismo (alquiler de vehículos, tarifa de los hoteles y pasajes aéreos) y la escasez temporal de ciertos bienes como microchips, cobre, acero, madera y hasta ciertos alimentos, que se espera habrá de ser superada tan pronto como la producción supere las trabas asociadas a la pandemia.
Por estas razones es que Jay Powell, el presidente de la Fed, ha reafirmado hasta hace pocos días la continuidad de la política monetaria en curso, apuntando a favorecer la recuperación de la economía y el aumento del empleo, aun a costa de una inflación “moderadamente superior a 2% durante algún tiempo”.
Sin embargo, esta posición está recibiendo ahora nuevos cuestionamientos. El más importante es el que señala que hay un marco de políticas fiscal y monetaria fuertemente expansivas en comparación con otras experiencias del pasado. También se hace referencia al exceso de ahorro privado generado en la pandemia, a la espera de ser gastado cuando aflojen las restricciones a la movilidad. Igualmente significativa es la precaución respecto a los efectos de la prédica oficial a favor de un aumento de los sueldos y el fortalecimiento de los sindicatos, reforzada por una cierta escasez de la oferta de mano de obra en parte causada por el complemento transitorio que está vigente por sobre el monto del seguro de desempleo.
En particular, el secretario del Tesoro, Lawrence Summers, acaba de reiterar que la largueza del primer programa fiscal y la promesa de mantener incambiada la tasa de interés por un par de años están creando una “peligrosa complacencia”, que subestima en forma sustancial los riesgos sobre la inflación.
Ante esta realidad y el consecuente desencuentro de opiniones, los inversores financieros más precavidos están adaptando la estructura de sus posiciones para cubrirse del eventual riesgo inflacionario. De aquí la corriente vendedora de valores del Tesoro y el alza de sus rendimientos. Pero el camino para los bancos centrales no es igual de sencillo, porque es difícil separar los aumentos de precios que pueden ser transitorios de aquellos que pueden formar parte de una tendencia más definida hacia el futuro.
Hasta hace poco tiempo había un cierto consenso sobre que una suba inmediata y persistente de la inflación era improbable. La experiencia de la recuperación posterior a la crisis de 2008 mostró que una baja inflación puede coexistir con una reactivación y una tasa de desempleo a la baja, como las que se están dando en estos meses. Pero también hay evidencia de que más de una vez un alza persistente de los precios ha tomado por sorpresa a los bancos centrales, que por tanto debieron reaccionar tarde y mal.
Por sobre estas consideraciones hay que tener en cuenta que en la actualidad la percepción dominante en el sistema político estadounidense está definidamente a favor de políticas de corte expansivo. En particular en estos años, y en especial después de la aparición del virus, la Fed se ha venido apartando de la vigilancia preventiva de la inflación mediante la suba de la tasa de interés, para inclinarse ahora hacia la prioridad del objetivo de pleno empleo, con especial atención a los trabajadores de menores ingresos y los grupos minoritarios.
Tanto el gobierno como la Fed ya tienen en marcha sus respectivas políticas fiscal y monetaria. En el contexto actual, y después de haber propuesto dos nuevos programas de inversión y cobertura social, no es previsible una revisión en este sector de la política económica.
Por tanto, el verdadero dilema de política económica se concentra ahora en la Fed, particularmente a partir de los registros inflacionarios de los dos últimos meses, que superan largamente al concepto de “moderado” por sobre el 2% anual. Quizá antes de lo que se suponía, dependiendo en especial de la inflación del mes en curso, la autoridad monetaria deberá decidir entre la continuidad de la política actual o su revisión. En este caso, quizá ella habrá de comenzar por un progresivo desmantelamiento del programa de compra de valores, que podrá o no extenderse a algún anuncio sobre la tasa de interés.
