Cargando...

Opinión > OPINIÓN

El elástico concepto de privatizar

Otra vez se instaló la polémica por obra pública, esta vez por el proyecto Neptuno

Tiempo de lectura: -'

19 de noviembre de 2022 a las 05:02

Nunca deja de asombrarme el miedo que le tenemos los uruguayos a las grandes obras de infraestructura que hace y debe hacer el Estado, al mismo tiempo que algunos piden a gritos que el Estado se encargue de ellas en un país donde los principales servicios son monopolios o casi monopolios públicos. Claro que estoy generalizando, pero el fenómeno es consistente. Cada vez que en Uruguay se proyectó en las últimas décadas una gran obra, desde la Torre de Antel hasta la nueva Interbalnearia, pasando por el Auditorio del Sodre, el Antel Arena y el Ferrocarril Central –por nombrar solo algunas–, las aguas políticas siempre se han dividido según de dónde venga la propuesta. 

Ahora la polémica se genera por el llamado proyecto Neptuno, para el cual el gobierno recién anunció que se llamará a licitación. ¿Pero, recordás todos los líos anteriores? El Frente Amplio no quería gastar plata, “que se debería invertir en los pobres”, en el Auditorio del Sodre ni en la Torre de Antel. Los partidos tradicionales criticaron con dureza el Antel Arena y otras concesiones de obra por las mismas razones. 

Más allá de las particularidades de cada construcción, lo cierto es que casi ninguno de estos ejemplos serían hoy realidad si el gobierno de turno hubiera atendido a las demandas de la oposición. Y, aunque las circunstancias varían –hay una investigación penal en curso por el Antel Arena, por ejemplo–, siempre me llama la atención que confiemos en el papá/mamá Estado para casi todo lo que es esencial en nuestra vidas, y que le pongamos peros cuando intenta construir lo que un privado no construirá porque no será rentable.

El proyecto Neptuno es una de las grandes apuestas de infraestructura del gobierno de Luis Lacalle Pou y surge de una necesidad que viene diagnosticada desde los años 70 por técnicos, políticos y diferentes gobiernos. Supone la construcción de una planta de toma y potabilización de agua en Arazatí, San José, que sumará para el abastecimiento de la demanda de Montevideo y la zona metropolitana con recursos del Río de la Plata. Hoy en día esa demanda está cubierta a partir de una sola fuente y el argumento es que si sufre una falla catastrófica –ya ha tenido fallas complejas– dejaría sin agua a 1.800.000 uruguayos, con el consiguiente posible caos que se desataría. 

Para eso se abrirá una licitación pública que derivará en que la construcción la asuma un privado o un consorcio de privados, para lo que deberá invertir unos US$ 210 millones. 

Las autoridades consideran que la mayor ventaja es que la nueva planta abastecerá al 60% de la población del país y que la obra permitirá ofrecer una fuente alternativa, diferente al río Santa Lucía, desde el que sale toda el agua potable que consumimos.

Pronto, la Federación de Funcionarios de OSE alertó por el lucro de la empresa que construirá la planta, los legisladores del Frente Amplio se declararon en asamblea permanente y dijeron que no descartan “ninguna” acción porque consideran que se “privatizará” el suministro del agua potable. El director de OSE por la oposición, Edgardo Ortuño, anunció que recurrirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para pedir la nulidad del acto administrativo por el cual el directorio del ente aprobó el proyecto, y alega que no se incorporó la opinión de las gerencias técnicas.

El Frente Amplio también rechaza el proyecto porque no soluciona el déficit de agua potable para 2045 –uno de los objetivos iniciales de esta movida.

¿Por qué el gobierno se embarca en este proyecto que, según cálculos de OSE costará inicialmente unos US$ 210 millones y, según cálculos de la oposición, superará los US $700 millones? Seguridad y aumento de la demanda son las principales razones, según los jerarcas. Ahora la zona metropolitana se abastece desde la planta de Aguas Corrientes con agua que se toma del río Santa Lucía. Esta planta tiene una capacidad de producción máxima de 700 mil metros cúbicos diarios. Si sufre una falla grave, porque de las otras ya ha tenido en este y en gobierno anteriores, más de la mitad de la población de Uruguay podría quedar sin agua. 

Los informes técnicos señalan que para 2045 se consumirán 840 mil metros cúbicos diarios en la zona metropolitana. La planta que se hará en Arazati aportará 169 mil metros cúbicos diarios más.

La oposición, en tanto, considera que solucionará menos de 10 años de abastecimiento y que la mayoría de la producción continuará recayendo en Aguas Corrientes, por lo que “no es ni un respaldo ni una planta alternativa” sino “apenas un complemento que no servirá en verano”, cuando se producen la mayoría de los eventos de salinidad en el Río de la Plata, que impiden la potabilización, según Ortuño.
Por encima de las discrepancias técnicas y económicas, el Frente Amplio se opone sobre todo porque considera que esta concesión de obra es una privatización, en este caso de un servicio esencial, como el agua. “Por primera vez en 70 años potabilizaremos el agua en una planta que no será nuestra sino que será privada”, dijo Ortuño esta semana.

Los conceptos de público y privado han sido tan bastardeados en Uruguay por una y otra parte, que generan confusión constante.

Este modelo de negocio supone que la inversión sea realizada por los privados, que se encargarán del diseño, la construcción, el financiamiento y el mantenimiento de la nueva planta. El gobierno la operará y pagará durante 28 años una cuota fija de US$ 39,8 millones anuales. No hay gran diferencia con otros modelos de negocios que permitieron construir infraestructura sin invertir de un tirón dinero que al Estado nunca le sobra, pero que como dice el FA, posee. 

Uruguay tiene un pequeño territorio bendecido con agua por todos lados. Eso no significa que la infraestructura necesaria para que llegue hasta la canilla, en condiciones de consumo, esté al día ni que no haya riesgos severos que se detectaron hace tiempo. En este punto no parece haber diferentes puntos de vista entre gobierno y oposición. La diferencia es que el gobierno de Lacalle Pou se decidió por una solución intermedia que avanza en evitar la dependencia de una sola fuente y que, eventualmente, podría ser ampliada o complementada con otra planta (como la que estudió el Frente Amplio en Casupá). 

La diferencia principal es que el gobierno de coalición recurre a los privados para que construya, financie (y se lleve su ganancia), mientras que el Frente Amplio –a juzgar por el análisis de Ortuño– lo haría directamente con dinero de OSE.

Mientras tanto, entre cálculos y estrategias, en esta zona se pierde el 50% del agua potable por ineficiencias y fallas del sistema de distribución actual. Se necesita inversión urgente para prevenir hoy y no llorar mañana. Otra vez no hay acuerdo sobre cuál debería ser la mejor forma de realizarla.

Comentarios

Registrate gratis y seguí navegando.

¿Ya estás registrado? iniciá sesión aquí.

Pasá de informarte a formar tu opinión.

Suscribite desde US$ 345 / mes

Elegí tu plan

Estás por alcanzar el límite de notas.

Suscribite ahora a

Te quedan 3 notas gratuitas.

Accedé ilimitado desde US$ 345 / mes

Esta es tu última nota gratuita.

Se parte de desde US$ 345 / mes

Alcanzaste el límite de notas gratuitas.

Elegí tu plan y accedé sin límites.

Ver planes

Contenido exclusivo de

Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.

Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá

Cargando...