El Estado de derecho y la Justicia popular

La fortaleza del Estado de derecho -que en Uruguay debería empezar a ponerse a resguardo- suele medirse cuando se la enfrenta con su contracara: la opresión, el horror, las bestias, los villanos. Es fácil ser justos con Bambi.

Entre los villanos de la última década que fueron sometidos a las leyes del Estado de derecho -pero también juzgados en el altar de la opinión pública- están los hermanos Peirano Basso. Con el grito de la calle y el golpeteo de las cacerolas la Justicia los procesó por asociación para delinquir, insolvencia societaria fraudulenta y violación a la ley de sociedades anónimas. Un montón de gente quedó sin el dinero de toda la vida.

También era cierto que, conscientes o no, muchos de quienes invirtieron en las financieras de los Peirano estaban jugando a la ruleta rusa con la plata y apostando a ganar más que lo normal para el mercado. Pero ¡guay de que lo fueras a decir en momentos en que la pradera ardía! Cualquiera que cuestionara el fallo o pusiera en tela de juicio el accionar de los ahorristas era un esbirro de los banqueros, un insensible.

Para muchos, aún hoy, los Peirano son responsables de la crisis financiera de 2002. Estaba la crisis Rusa y la del Tequila, el caos argentino y la devaluación, las faltas de controles y los especuladores, pero había que ponerle un nombre: Peirano Basso. También estaban los Rohm, que robaron a cuatro manos en el Comercial, pero eran argentinos y su nombre no decía mucho en el imaginario popular.

La Justicia revisó luego dos de los tres delitos y los Peirano se encuentran en litigio con el Estado a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en un fallo le recordó a Uruguay que también los banqueros tienen derechos.

Un añadido: como no ocurre casi nunca con el peor homicida, los Peirano fueron paseados ante las cámaras con mamelucos anaranjados. Se podía, la sociedad lo pedía a gritos.

Los violadores de los derechos humanos son otros de los que integran la galería de malvados ante los cuales el Estado de derecho se puso a prueba. Una decena de oficiales están presos como responsables por la acción de casi todo un Ejército en materia de violaciones a los derechos humanos. No fueron los únicos, pero todo indica que son responsables de parte de esas atrocidades.

Como había un consenso social que reconocía eso, empezaron a perderse las formas. Jueces y fiscales de reconocida filiación política y militancia por los derechos humanos actuaron en juicios donde hubo fallos polémicos y pocas voces se alzaron.

Pasado en parte el fervor revisionista, la Justicia revió un fallo contra el ex dictador Gregorio Álvarez y en estos días el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, y el ex secretario de Presidencia, Gonzalo Fernández, aseguran que un coronel que marchó a prisión no pudo cometer el asesinato del que se lo acusa porque en esa época estaba en otro cuartel. Hay una investigación oficial que, aunque cuestionada, es una referencia que el juez no tuvo en cuenta. El juez se basó en el testimonio de un solo testigo para privar de libertad a una persona.

¿Qué hubiera ocurrido si se trataba de otra persona? Pero es un violador de los derechos humanos y no muchos van a reaccionar porque el Estado de derecho y sus ejecutores emitan un fallo tan cuestionado.

En estos días tenemos nuevos villanos: los traficantes de personas. En realidad no hay ningún fallo judicial que lo diga, pero ya se ha catalogado de esclavitud el estado en el que trabajaban unas empleadas domésticas bolivianas en una casa de Carrasco (menos mal que fue en Carrasco y no en la Comercial, sino ¿cómo alimentar el prejuicio?).

Hasta ahora solo se ha demostrado que no las tenían inscriptas en el Banco de Previsión Social (BPS). La reacción popular parece traducirse ante eso en ¡oh, qué horror!, aunque según el gobierno más de la mitad de las trabajadoras domésticas están en negro. Si la hipocresía fuera un deporte olímpico seríamos la envidia en el medallero.

Del resto –trata de personas, explotación, destrato- aún no hay un fallo pero ya se conocen nombres y apellidos de los empleadores acusados, cosa que en este caso se justifica porque se los indaga en una causa judicial.

Algunos detalles que trascendieron de la relación entre empleadas y empleadora revelan un horrible destrato, pero en tanto no adquieran calidad de ilegales, son cuestiones que hacen a las relaciones privadas entre las personas. Entre cuatro paredes ocurren los destratos más extremos. ¿Qué grado de detalle estamos dispuestos a dar sobre esos aspectos de la vida privada?

En cualquier caso, en las redes sociales ya se hizo un juicio sumario y hay una campaña contra empresas vinculadas a esta familia. Ojalá que esta vez, a diferencia de los Peirano, a diferencia del coronel, la Justicia no se equivoque.