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El Estado en guerra
La lucha contra el coronavirus –que provoca la enfermedad pandémica y muchas veces letal del covid-19– está obligando a los gobiernos a reforzar el papel del Estado en la economía y en la sociedad, lo que conlleva un aumento sustancial del gasto público. Pero es una estrategia para una situación de guerra que, una vez derrotado el enemigo –lleve el tiempo que lleve–, debería volver al esquema que asegura el crecimiento y el desarrollo, algo que vale especialmente para la agenda reformista de Uruguay.
En Estados Unidos avanza un conjunto de medidas, de hasta US$ 4 billones, para estimular la economía ante los estragos que causa la pandemia de coronavirus. El viernes pasado, senadores del Congreso negociaban un paquete de dos billones de dólares, cifra que se duplicó en cuestión de horas por el avance del coronavirus que causó el cierre de negocios en masa y obligó a decretar la suspensión de todas las actividades no esenciales en seis estados. Las tres grandes ciudades del país, Nueva York, Los Ángeles y Chicago, están en cuarentena, cerca de 100 millones de personas que equivale a un 30% de la población de 330 millones.
Es una intervención fuertísima –US$ 4 billones representa aproximadamente una quinta parte de la riqueza anual que produce la economía estadounidense– en un país en que el sector privado es un motor insustituible en la producción de bienes y servicios.
El plan fiscal incluye medidas para que los hogares estadounidenses puedan recibir cheques de US$ 1.000 por adulto y US$ 500 por niño, lo que representaría una ayuda de US$ 3.000 para una familia tipo.
Además, más de US$ 100.000 millones se inyectarán en los hospitales en crisis porque están desbordados de enfermos.
Por el lado de Europa, las medidas llaman menos la atención por la fuerte presencia del estado de bienestar. De todos modos, es elocuente que la Comisión Europea haya aprobado suspender las reglas presupuestarias para que los países del bloque puedan aumentar el gasto público para contener el impacto humano y económico del coronavirus sin verse penalizados. Eso permitirá a los países echar mano a la caja del Estado para extender beneficios económicos o sociales –como están haciendo España, Italia y Francia– sin violar la estricta regla fiscal de la Unión Europea.
En países de América Latina, incluido Uruguay, también se están ejecutando diversos planes de bienestar para intentar amortiguar el enorme impacto del coronavirus, lo que supone un enorme esfuerzo para las naciones que enfrentan graves problemas fiscales y, además,tienen un alto endeudamiento.
Las herramientas intervencionistas keynesianas no llegaron para quedarse, sino para ayudar a una población afectada por la caída del oferta y demanda del sector privado. Superada la fatalidad, éste sigue siendo el motor esencial del desarrollo.
Es muy comprensible que el presidente Luis Lacalle Pou haya dejado a un lado las principales reformas contenidas en el anteproyecto de ley de urgente consideración, si el mundo está viviendo en un ambiente de guerra.
Pero ganado el combate contra el enemigo silencioso del coronavirus, la agenda reformista no solo no habrá perdido su vigencia, sino que será más necesaria que nunca. Será preciso recobrarse de daño causado a la economía y para ello es preciso que el sector privado ponga sus motores a full.
