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Monómeros Colombo Venezolanos S.A. es una filial de la estatal Petroquímica Venezuela S.A. (Pdvsa)

Mundo > Empresa recuperada

El Estado venezolano retomó el control de la petroquímica Monómeros S.A.

La compañía, con sede en Barranquilla, es una filial de la estatal PDVESA. Había sido tomada de facto por el gobierno de Colombia y su administración cedida al autoproclamado "presidente interino" de Venezuela Juan Guadió

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20 de septiembre de 2022 a las 09:56

El Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro anunció que Monómeros Colombo Venezolanos S.A., una filial de la estatal Petroquímica Venezuela S.A. (Pdvsa), con sede en el puerto de la ciudad de Barranquilla, volverá a ser controlada por el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de haber estado por casi tres años al borde de la quiebra bajo la tutela del líder opositor Juan Guaidó.

"Ratificamos la voluntad del Gobierno venezolano en designar una junta directiva para Monómeros”, dijo a la cadena Telesur el superintendente de sociedades de Colombia, Billy Escobar, al término de una reunión en Bogotá con el embajador de Venezuela, Félix Plasencia.

"Los dueños de una empresa tienen la posibilidad de escoger sus directivas. Estamos haciendo un reconocimiento legal de esa situación", enfatizó el encargado de la Superintendencia, organismo que intervino la compañía a fines de 2021 bajo el argumento de evitar un posible desfalco.

A su turno, el embajador venezolano celebró que la firma regresara “al poder del pueblo de Venezuela", según reseñaron las agencias de noticias AFP y Sputnik. Por el momento, sin embargo, ni Escobar ni Plasencia dieron detalles sobre quiénes integrarán la nueva junta directiva ni cuándo asumirán el control de la empresa las nuevas autoridades.

La petroquímica comenzó siendo binacional, pero Caracas se hizo de su control en 2006. La firma quedó en el centro de la polémica desde que fue incautada de facto 2019 por el Estado colombiano. Fue luego que el gobierno del entonces presidente Iván Duque, alineado con Estados Unidos, decidiera desconocer al gobierno de Maduro y le prohibió el ingreso a Colombia al entonces titular de la compañía en el marco de las crecientes sanciones comerciales impuestas por Washington a Caracas.

En esas circunstancias, Duque le entregó la administración de la firma a Juan Guaidó, el exdiputado que se autoproclamó "presidente interino" de Venezuela tras desconocer el resultado de las elecciones en la que se impuso Nicolás Maduro en 2018.

Meses después, con la autorización de los organismos reguladores colombianos, el autoproclamado "gobierno interino" de Guaidó le tomó juramentó a una “nueva junta directiva” que se hizo con el control de la empresa, considerada hasta entonces como el segundo mayor activo de Venezuela en el exterior, por detrás de la refinería Citgo, también expropiada de facto, en este caso en 2019 por Estados Unidos y también entregada al exdiputado opositor.

La compañía, considerada estratégica por ambos países, tiene una capacidad instalada para producir 1,3 millones de toneladas de sustancias orgánicas e inorgánicas para la siembra de papa, café y palma, entre otros cultivos; además de producir para la agroindustria fertilizantes, abonos y alimentos para animales de corral.

Con la llegada al poder de Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, ambos países retomaron relaciones bilaterales con la reapertura de sus respectivas sedes diplomáticas y de la extensa frontera en común. “El retorno de la compañía a manos de Venezuela marca el final de una componenda negativa para hacer daño a los venezolanos y colombianos", dijo Plasencia con relación a la firma que, según las propias fuentes colombianas, se encontraba prácticamente quebrada desde poco después de que fuera intervenida por la Superintendencia.

La fiscalía de Venezuela, en tanto, emitió en agosto pasado una orden de captura contra 23 "falsos directivos” de la petroquímica -que fueron nombrados por Guadió y avalado por Colombia durante el gobierno de Duque- por considerar que cometieron irregularidades y buscaron intencionalmente la quiebra para rematar la firma.

La investigación hace foco en una denuncia concretada en 2021 por el sindicato que agrupa a los trabajadores de Monómeros, ocasión en la que la Superintendencia colombiana debió anular un contrato para traspasar 60% de las utilidades de la compañía a una empresa privada panameña, así como pagos por "asesorías innecesarias", manejos societarios y financieras de Guadió que fueran expuestos por la prensa de ambos países.

Antes de caer en desgracia, la compañía suministraba el 37% de los fertilizantes usados en Colombia, que lucha contra una elevada inflación impulsada en buena parte por el aumento en los precios de los insumos agrícolas derivado de la guerra en Ucrania.

En febrero de 2019 Guaidó había concretado una operación similar al anunciar -gracias a una decisión del parlamento venezolano, de mayoría opositora- una nueva junta directiva de Citgo, la filial de la petrolera venezolana Pdvsa en Estados Unidos, como parte de la estrategia de asfixiar económicamente al Gobierno de Maduro, con la ayuda del entonces presidente estadounidense Donald Trump.

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