La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el sistema de justicia transicional creado en los acuerdos de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para procesar los casos graves de las conductas criminales más difundidas durante el conflicto armado.
La admisión de Salvatore Mancuso a la JEP fue un pedido del presidente Gustavo Petro. En julio pasado, el presidente de Colombia había dicho que era necesario incluir a todos los actores del conflicto armado en su ambiciosa propuesta de paz total. Tanto a los del presente como a los del pasado.
El mandatario dijo estar convencido de que esto es necesario para lograr “la completa paz” y sellar un proceso que, según él, quedó inconcluso pese a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006.
Mancuso, en su origen, era un hacendado de la localidad Montería, en la región de Córdoba, convertido en uno de los jefes de los paramilitares. La Justicia lo acusó de dirigir 139 masacres en las que fueron asesinadas 800 personas.
En mayo pasado, fue detenido en Estados Unidos, por vinculaciones de los paramilitares con el narcotráfico. Fue así que Mancuso quiso la extradición a Colombia para acceder a los beneficios judiciales de la JEP.
En sus declaraciones para ingresar a la JEP, en referencia al asesinato, en 2003, del entonces alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, Mancuso dijo: “Lo que hizo Álvaro Uribe fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”.
Además, sobre su rol como jefe de un grupo que integraban policías y miembros del Ejército, dijo: “Nos entregaban listados y entonces íbamos y golpeábamos a las casas y los matábamos porque nos decían que eran guerrilleros”.
La magistrada Heydi Patricia Baldosea, encargada de leer la decisión de la JEP el viernes 17, dijo: “Se pudo ver a una persona con una actitud distinta a la que los colombianos y las colombianas vieron en el Congreso de la República en el año 2004. Está dispuesto a dignificar a las víctimas, a reconocer su agencia y a ofrecerles una verdad plena”.
Según esta jueza, “el proceso de paz entre el Gobierno de Álvaro Uribe y los paramilitares aún no terminó, aún no se sabe toda la verdad”.
El Ejecutivo no había esperado la decisión de la JEP en julio pasado y nombró a Mancuso como “gestor de paz”, una figura pensada para gestionar acuerdos con grupos ilegales. En el caso de Mancuso, con los paramilitares.
La JEP tuvo la audiencia con Mancuso por videollamada, ya que todavía está detenido en Estados Unidos. Los magistrados confían en que el ex líder paramilitar pueda brindar información privilegiada y novedosa. “Pudo evidenciarse que tiene conocimiento de diferentes repertorios de violencia desplegados conjuntamente con líderes de la fuerza pública”.
También la JEP tuvo en cuenta que reconoció su responsabilidad y mostró voluntad de participar en acciones de reparación. “Hubo reconocimientos taxativos sobre los repertorios de violencia desplegados y sobre la estigmatización que sufrieron comunidades campesinas, líderes políticos, pueblos étnicos, mujeres y pueblo LGBTQ+”.
El tribunal, además, informó que admitirá a Mancuso en calidad de “sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública”. Esto significa que la JEP se enfocará en su rol como nexo con altos mandos de la fuerza pública en el enfrentamiento con la guerrilla.
El carácter de Mancuso como paramilitar seguirá bajo Justicia y Paz, el tribunal creado en 2005 para llevar los casos de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esto significa que la admisión en la JEP no pondrá a Mancuso en libertad, según explicó el tribunal en una rueda de prensa posterior a la decisión.
“Es Justicia y Paz quien debe resolver sobre la libertad de Salvatore Mancuso Gómez”, precisó el magistrado Pedro Díaz Romero.
