El accidente nuclear ocurrido hace 37 años todavía es un grave peligro para la población circundante y una amenaza para toda Europa. El de Chernobyl no es un caso excepcional: hay 106 reactores nucleares operativos en la Unión Europea. Es una clara muestra de la vulnerabilidad que implica la energía nuclear, y no sólo para el Estado que la alberga.
Hace un año parecía que la situación de Chernobyl volvía a estar bajo control. Las tropas rusas habían abandonado las instalaciones el 31 de marzo, tras ocuparlas durante cinco semanas.
El escenario de guerra en que se dio esa ocupación planteó serios riesgos: los soldados cavaron trincheras en suelos radiactivamente contaminados, destruyeron sensores de control de radiaciones en la zona, quemaron vegetación del “bosque rojo” sobre el que cayó material del núcleo del reactor en 1986 e incluso se llevaron objetos activados radiactivamente como souvenirs.
Probablemente la situación más grave que provocó la guerra fue la pérdida de suministro eléctrico para la refrigeración de las piletas donde se almacena el combustible nuclear retirado de los reactores (unos 20.000 elementos).
Sin refrigeración, en las piletas puede acumularse hidrógeno y causar una explosión que disemine, de nuevo, material muy radiactivo. Los cortes de las líneas eléctricas a Chernobyl fueron múltiples, pero hubo días de muy alta tensión a principios de marzo, cuando el complejo nuclear dependía exclusivamente de los generadores diésel de emergencia con reserva de gasoil sólo para 48 horas.
Los operarios a cargo de los sistemas tuvieron que hacer lo posible por seguir con su trabajo y evitar el desastre, en presencia de las tropas, que no parecían tener instrucciones ni formación sobre la importancia de sus tareas. Además, no permitieron el relevo de plantilla, el turno laboral del 25 de febrero de 2022 se alargó en 24 días más, sin apoyo exterior ni contacto con sus familias.
La ocupación destruyó buena parte del sistema de monitorización de radiación, con el saqueo de los servidores que gestionaban las 39 balizas de control de radiactividad, lo que no sólo impedía acceder a los datos, sino que provocó la pérdida de sus archivos.
En cuanto comenzó la invasión se detectó un incremento de radiación en el aire, que fue atribuido al movimiento del suelo contaminado por los transportes pesados del ejército.
Tras la retirada rusa, cuando en abril de 2022 la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) acudió a la zona declaró que los niveles de radiación eran “normales” y no constituían un problema importante para el medio ambiente o la seguridad pública.
Otras mediciones no concordaron con eso. Por ejemplo, en julio, Greenpeace fue invitada por las autoridades ucranianas a visitar la zona, y sus mediciones dieron valores de radiación hasta tres veces superiores a los del OIEA.
En plena guerra es muy difícil llevar a cabo un buen examen del área de exclusión de Chernobyl, para empezar porque la mayor parte de los 2.600 kilómetros cuadrados de la zona no fue revisada ni limpiada de minas. Ahora son una amenaza para los científicos y los trabajadores que llevan a cabo los controles de la radiación.
Tal vez no haya otra invasión de Chernobyl, pero el riesgo de la energía nuclear en guerra sigue vigente para los 15 reactores ucranianos. Ya se comprobó con los ataques a Zaporiya que las centrales nucleares no pueden protegerse y que no pueden lograrse acuerdos para mantenerlas al margen de las batallas. Incluso detenidas, tanto las centrales como los almacenes de residuos pueden ser armas contra el territorio que las alberga.
(Con información de OIEA, Greenpeace y MIA)
