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10 de marzo 2023 - 17:56hs

Abogados defensores de los derechos de la privacidad ciudadana dijeron que el testimonio del director del FBI, Christopher Wray, en una audiencia del Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos ofrece la evidencia más reciente y concreta de que el Congreso debe tomar medidas para evitar que el gobierno vigile masivamente a las personas, ya que Wray admitió que la oficina ha comprado datos de geolocalización a las empresas de teléfonos móviles.

El senador demócrata por Oregon, Ron Wyden, le preguntó a Wray si el FBI compra "información de geolocalización de teléfonos de EE. UU.", que muestra la ubicación de los usuarios.

Wray dijo que la oficina actualmente no realiza tales compras, pero reconoció por primera vez que "anteriormente, como en el pasado, compró información de este tipo para un proyecto piloto de seguridad nacional específico", basándose en datos "derivados de la publicidad en Internet".

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Dijo que el proyecto ha estado inactivo "durante algún tiempo", pero que solo podía proporcionar más información sobre él y la compra anterior de datos de geolocalización en una sesión cerrada con los senadores, y agregó que el FBI actualmente accede a "los llamados datos de ubicación” a través de "un proceso autorizado por un tribunal".

“Creo que es un tema de privacidad muy importante que las compras de datos de geolocalización no se lleven a cabo", dijo el senador Wyden.

La organización benéfica Demand Progress calificó la admisión de Wray como "impactante, como una prueba más de la necesidad de que el Congreso tome medidas inmediatas para controlar la vigilancia masiva".

"Esta es una decisión política que afecta la privacidad de cada persona en los Estados Unidos", dijo Sean Vitka, asesor de políticas del organismo.

"Deberíamos tener derecho a decidir cuándo y cómo se comparte nuestra información personal, pero en cambio las agencias de inteligencia continúan obstruyendo cualquier rendición de cuentas o transparencia en torno a esta vigilancia", afirmó también.

La revelación se produjo en momentos en que faltan pocos meses para que expire la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) está programada para expirar a fin de año y se espera que el Congreso comience pronto a debatir su reautorización.

Tal como está escrita actualmente, la disposición permite que el gobierno de Estados Unidos lleve a cabo una vigilancia específica de personas en países extranjeros, pero las agencias de inteligencia también han utilizado la ley para recopilar datos sobre los estadounidenses.

"El Congreso debe arreglar esto antes de considerar cualquier reautorización de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera este año", dijo Vitka sobre la admisión del director Wray.

Vitka y el director de Fight for the Future, Evan Greer, se encontraban entre los críticos que exigieron saber "¿quién le dijo a Wray que comprar la información de ubicación de los estadounidenses a partir de datos de los celulares sería legal?"

Los abogados defensores comprometidos en la defensa de la privacidad han advertido que el fallo de 2018 de la Corte Suprema en el caso Carpenter vs. Estados Unidos, por el que la Corte decidió que las agencias del gobierno que hubieran accedido a datos de geolocalización sin orden judicial habrían incurrido en la violación de la Cuarta Enmienda constitucional, contiene una ambigüedad que le permitiría al gobierno comprar información que no puede obtener legalmente.

"El público", dijo Vitka, "necesita saber quién dio el visto bueno para esta compra, por qué y qué otras agencias han hecho o están tratando de hacer lo mismo".

(Wired, Open Dreams, EFF.org)

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