El Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional darán inicio formal al cese el fuego

Al acto de instalación del Comité Nacional de Participación (CNP), surgido del Acuerdo de México, país anfitrión de la segunda mesa de negociación entre la guerrilla y el Gobierno de Petro, se espera que asistan los líderes del comando central del ELN, como así también el mandatario, según informan los principales medios de comunicación del país.

Se tratará de un hecho histórico, ya que se convertirá en la primera vez en que los líderes guerrilleros de la delegación que negocia el acuerdo de paz estarán en un acto de estas características, evento al que han sido invitados formalmente durante las últimas semanas por los jefes de ambas comitivas, Otty Patiño por el Gobierno y Pablo Beltrán por el ELN, más de un centenar de referentes de la sociedad civil, y al que también se espera que asistan un millar de personas en carácter de espectadores.

Ese día se cumplirá el inicio formal de la tregua entre el Gobierno colombiano y el ELN, acordada durante el tercer ciclo de conversaciones que transcurrió en mayo en la ciudad de La Habana, Cuba, y se instalará además el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del cese al fuego, que vigilará que ambas partes cumplan con lo acordado en todo el país, luego de las tres primeras instancias de diálogo entre las partes, que se realizaron en Venezuela, México y Cuba.

Por lo pronto, según lo pautado, se espera que el cese el fuego permita iniciar una cuarta fase de las negociaciones, que se desarrollaría entre el 14 de agosto y 4 de septiembre próximos en Caracas, la capital venezolana, y que tendrá como principal objetivo que las partes realicen un "balance del cumplimiento de los acuerdos suscriptos", según explicó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, al concluir las últimas conversaciones.

En tanto, el Gobierno de Colombia reiteró que pedirá a Estados Unidos el regreso en extradición de Salvatore Mancuso, uno de los comandantes paramilitares que se desmovilizaron en 2006, designado recientemente por Petro para trabajar en su gobierno, y que se encuentra en la cárcel desde 2008, cuando Washington lo requirió por narcotráfico tras dejar las armas como parte de un acuerdo que puso fin a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El domingo, Petro anunció que designó a Mancuso como "gestor de paz", por lo que integrará la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que sostiene diálogos con diversas agrupaciones como la guerrilla del ELN y el mayor grupo disidente de las FARC. El gobierno activará "los mecanismos diplomáticos necesarios para concretar el requerimiento de extradición", indicó la Presidencia de Colombia sin precisar que rol que cumplirá Mancuso ni si recibirá una retribución económica por su trabajo, consignaron medios locales.

"Su presencia en el territorio nacional es imprescindible", agregó la oficina encargada de avanzar con el proyecto de "Paz Total", la política con la que el mandatario de izquierda, el primero en la historia del país, procura terminar con el conflicto armado y la violencia que desangra el país desde hace décadas.

Mancuso, de 58 años, fue extraditado sorpresivamente por decisión del entonces presidente de derecha Álvaro Uribe (2002-2010), sin aportar argumentos sobre su entrega ni reparaciones a las víctimas como lo disponía el acuerdo. Extradición que derivó en que Mancuso amenazara desde prisión con destapar las relaciones de los paramilitares con políticos y empresarios del país.

"El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad", argumentó Petro el domingo en Twitter. “Ese proceso sigue abierto porque las haciendas entregadas por el Estado se han perdido recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, y muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados", añadió el mandatario al informar su decisión de nombrar a Mancuso "como gestor de paz".

Minutos después del aviso, Uribe afirmó en esa misma red social que en su administración se desmovilizaron unos "35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros" y criticó el anuncio oficial. "Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso; que el presidente lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación", criticó el ex mandatario.

La medida adoptada por Petro fue duramente criticada por la oposición de derecha, mientras que las familias de las víctimas esperan que con su regreso se termine de esclarecer el paradero de cientos de cadáveres y se conozca la verdad sobre quién patrocinó a los paramilitares. En mayo, Mancuso se ofreció a ayudar en la búsqueda en unos 200 cuerpos de campesinos asesinados por las AUC cerca de Venezuela y sepultados del otro lado de la frontera.

El acuerdo de paz de 2006 preveía un máximo de ocho años de cárcel en Colombia para los jefes paramilitares a cambio de su desarme y la confesión de crímenes, pero los cabecillas de las AUC, que sembraron el terror con masacres y persiguieron a quienes según ellos tenían nexos con organizaciones de izquierda, fueron extraditados a Estados Unidos sin previo aviso.

(Con información de la agencia de noticias AFP)