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La última decisión del régimen nicaragüense.

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El gobierno de Ortega rompió relaciones diplomáticas con Países Bajos

Lo hizo luego de exigir la salida del país de la embajadora de la Unión Europea y de advertir que no reconocerá al representante designado por Washington

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02 de octubre de 2022 a las 05:03

Luego de pedir el miércoles pasado la salida de la embajadora de la Unión Europea (UE) en Nicaragua, Bettina Muscheidt, el gobierno del presidente Daniel Ortega anunció en las últimas horas su decisión de romper relaciones diplomáticas con Países Bajos y advirtió que no admitirá al nuevo embajador designado por Estados Unidos.

Las decisiones de Managua se inscriben en las ya tensas y complejas relaciones que mantiene con un sinnúmero de organismos internacionales y países, incluido el Vaticano, a raíz de los informes críticos que dan cuenta de la actitud represiva y persecutoria contra dirigentes opositores, sacerdotes y periodistas que discrepan con las medidas oficiales.

En ese contexto, el gobierno anunció su decisión de romper relaciones con los Países Bajos por lo que consideró “su reiterada posición injerencista, intervencionista y neocolonialista", según precisó la agencia de noticias AFP.

La medida fue anunciada poco después de que el presidente Ortega asegurara en un acto oficial que su gobierno no quería tener relaciones con el país europeo y luego de rechazar la llegada del nuevo embajador asignado por Estados Unidos por la misma acusación.

"No queremos relaciones con ese gobierno intervencionista", dijo el mandatario durante un acto en ocasión del 43 aniversario de la Policía Nacional con relación a la embajadora neerlandesa para América Central, Christine Pirenne, quien llegó a Managua procedente de Costa Rica, donde tienen su sede, para informar que no financiarían la construcción de un hospital, según el mandatario.

Ortega acusó a la diplomática de hablarles a los nicaragüenses como si fuera una colonia. "El que viene aquí a faltarle al respeto a nuestro pueblo, a nuestra patria pues que no vuelva a aparecer por Nicaragua y no queremos relaciones con ese gobierno intervencionista, todas sus miserias que las vaya a gritar afuera, pero aquí en Nicaragua no le permitimos que no respeten a este pueblo", apuntó el mandatario.

Aunque no se precisaron las razones oficiales de la medida, esa solicitud ocurrió luego de que una delegación de la UE instara el lunes a Nicaragua a "poner fin a la represión" contra los opositores, sacerdotes y medios de prensa independientes y a restaurar la "democracia".

Por otra parte, la vicepresidenta y primera dama nicaragüense, Rosario Murillo, reiteró ayer que el designado embajador de Estados Unidos, Hugo Rodríguez, "no será admitido" en Nicaragua por sus posiciones. "El señor Hugo Rodríguez, repetimos, no será bajo ninguna circunstancia admitido en nuestra Nicaragua, así que lo tienen claro los señores imperialistas: aquí no entra Hugo Rodríguez", enfatizó la vicepresidenta al dar lectura a una nota de Cancillería en los medios oficiales.

Managua había manifestado su oposición a esa designación el pasado 28 de julio, pero este jueves el Senado estadounidense confirmó su nominación al cargo. Nicaragua argumentó en aquel momento que decidió retirar el beneplácito a Rodríguez debido a las declaraciones "irrespetuosas" que el diplomático vertió en una audiencia ante el Senado, ocasión en la que afirmó que Nicaragua "se está convirtiendo cada vez más en un Estado paria dentro de la región" y calificó al Ejecutivo de "dictadura".

Rodríguez, además, abogó además por expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (Cafta), en un contexto en el que las relaciones entre Managua y Washington se encuentran en un punto extremo de fricción por diferencias políticas, en especial desde que Ortega accedió a su cuarto mandato consecutivo y el segundo al hilo con su esposa como vicepresidenta.

Uno de los puntos culminantes de la avanzada represiva del gobierno se produjo en abril de 2018, cuando estalló en el país una ola de protestas duramente reprimida por el gobierno con un saldo de más de 350 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos sin las garantías mínimas, según de denunciaron en su oportunidad organizaciones de derechos humanos, la oposición y organismos internacionales.
 

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