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El gobierno israelí intensifica la demolición de casas palestinas en Jerusalén Este

En los primeros tres meses del gobierno de Netanyahu crecieron los derribos de viviendas y comercios de los residentes palestinos en esa ciudad
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16 de abril de 2023 a las 15:58

El derribo de estructuras palestinas, tanto de viviendas como de comercios, se convirtió en una práctica regular de las autoridades israelíes. Eso, a su vez, está ligado a la imposibilidad de los residentes palestinos de la ciudad para obtener permisos de construcción.

En los primeros tres meses de gobierno de Netanyahu, aliado esta vez a los grupos ortodoxos y ultraderechistas, estas demoliciones crecieron de forma vertiginosa. Según un informe del portal France 24, Zakariya Muhssen y su tío Hassan no querían "comprar un automóvil o viajar al extranjero". Ellos habían ahorrado para edificar una estructura con dos apartamentos contiguos al inmueble en el que vive su familia.

En eso estaba desde junio de 2022. "Pero ahora todo está destruido, nuestros sueños están paralizados", dice el joven Muhssen, horas después de presenciar cómo dos excavadoras custodiadas por soldados israelíes demolieron su casa en Al-Issawiya.

En el registro local de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la vivienda de Zakariya y su tío fue la primera demolición del año en ese barrio, sobre un total de 79 edificaciones palestinas destruidas en Jerusalén Este ocupado en lo que va de 2023.

En los primeros tres meses de 2023, según registros de la OCHA, se produjeron la mitad de todas las demoliciones de 2022 en la parte Este, que fueron 144. Si bien esta práctica es una política habitual de las autoridades israelíes respecto de residentes palestinos, desde que asumió la coalición ultrarreligiosa de Benjamin Netanyahu más familias palestinas han contemplado el derribo de sus hogares.

La Municipalidad de Jerusalén, principal autoridad responsable, sostiene que estas construcciones son "ilegales", ya que se erigieron sin permisos de edificación. El argumento de los habitantes palestinos es que, rara vez, las autoridades les otorgan dichas y, ante la dificultad burocrática, se ven obligados a construir sin papeles.

Aunque los datos sobre demoliciones son poco claros, en 2019 la ONG Peace Now detalló que entre 1991 y 2018 apenas un 16,5% de los permisos en Jerusalén fueron adjudicados a barrios palestinos. Es decir, concedieron 9.536 permisos de un total de 57.737 solicitudes. La construcción sin permiso conlleva vivir bajo el riesgo y nerviosismo de una demolición inminente.

Zakariya y su tío presentaron su pedido a la Municipalidad, pero esta les rechazó "de todas las formas posibles" con motivos que fueron desde la molestia que causaría a sus vecinos la construcción —"son mi familia, que me desea el bien, y conocía y aprobó los planes", consigna el informe de France 24. Uno de los argumentos utilizados es que iban a instalar allí una calle. Zakariya doce que eso no es verosímil porque el edificio choca con una ladera y no hay espacio suficiente para un nuevo camino.

Cuando llegan las órdenes de demolición, los palestinos de Jerusalén Este ocupado se enfrentan además a una cruel disyuntiva: destruir sus edificaciones por su cuenta, sean casas, negocios, talleres; o dejar que lo hagan las propias autoridades israelíes, que al final les enviarán una cuenta por el derribo.

Zakariya y Hassan optaron por demoler su propia extensión de vivienda y, durante seis días, deshicieron el trabajo de los ocho meses anteriores. Solo quedaron en pie dos columnas que "sostenían el otro edificio".

En eso estaban cuando una madrugada, un centenar de soldados llegaron a la residencia para custodiar a dos bulldozers que destruyeron dos pilares restantes, causando además destrozos en cañerías y cableados del edificio familiar.

"Para hacernos pagar más vinieron con dos excavadoras y muchos soldados que no hacían falta —recrimina con tristeza Zakariya—. No había necesidad de que cien militares vinieran a un pequeño vecindario (el de Al-Issawiya), se treparan a las casas de la gente y cerraran el área. Solo querían costarnos más dinero".

En total, les cobraron 100.000 shekels por el operativo, que se sumaron a los 18.000 shekels (equivalentes a U$S 30.000) de multa previa por construir sin permiso. Con sus ahorros convertidos en hierros retorcidos y escombros, Zakariya confiesa: "Es difícil pensar qué haré en el futuro".

De acuerdo al registro de OCHA, Zakariya es una de las 474 personas afectadas por las demoliciones en Jerusalén Este en 2023, que asimismo han ocasionado el desplazamiento por la fuerza de 145 residentes, de los cuales más de la mitad son menores de edad.

Kimberly Lietz, jefa de comunicaciones de la oficina de OCHA para los Territorios Palestinos ocupados, explica que "las demoliciones de viviendas resultan en familias perdiendo su lugar de residencia, acceso a sus medios de vida y a servicios básicos de sus comunidades", entre ellos la educación de los niños, por lo que "es crítico que la comunidad internacional se junte para abogar por el fin de las demoliciones de estructuras".

Esta situación, agrega a France 24, "impregna una sensación de miedo en las comunidades" e "incrementa significativamente las necesidades humanitarias, así que trabajamos de cerca con la comunidad diplomática y nuestros socios para garantizar una asistencia apropiada a los desplazados".

No obstante, Lietz reconoce que la labor de OCHA "es solo un parche" y que "en última instancia, sin el compromiso de la comunidad internacional para instar al fin de estas políticas, vamos a presenciar más y más necesidades humanitarias".

Dicha "planificación" desigual es la que amenaza a Jabel Mukaber, un barrio palestino ubicado en una colina al sur de Jerusalén Este ocupado, en los alrededores de la Ciudad Vieja. En esta área de 1.800 dunams (180 hectáreas), la construcción de edificaciones está estrictamente limitada.

La Municipalidad de Jerusalén diseño que la mitad del territorio sea espacio público sobre el que no se puede alzar ni una casa ni un campo agrícola. Además, la urbanización está en la trayectoria de un nuevo camino de circunvalación que pretende conectar los asentamientos judíos ubicados al norte y sur de Jerusalén.

A eso se suma que desde 2017 rige la Ley Kaminitz, que ha otorgado a las autoridades un poder más amplio para proceder contra las construcciones palestinas sin licencia y ha reducido la capacidad de acción legal para detener los derribos. Como resultado, al menos 132 hogares de Jabel Mukaber podrían sufrir una demolición.

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