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El gobierno priorizó los números al alivio tarifario

El ajuste resuelto por el gobierno causó cierta perplejidad en sectores del oficialismo y críticas surtidas de la oposición y de las gremiales empresariales
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07 de diciembre de 2017 a las 05:00
En poco tiempo puede bajar el precio del gasoil". Esas fueron las palabras del ministro de Economía, Danilo Astori, durante una entrevista en El Espectador a principios de noviembre, en la que el jerarca explicó que el gobierno haría los esfuerzos necesarios para poder bajar las tarifas. Sin embargo, este miércoles el gobierno anunció no solo que el gasoil aumentará 4,8%, sino que la nafta lo hará 9,8%, OSE y ANTEL 6,5% y UTE 3,2% a partir del 1° de enero de 2018.

Pese a aquellos dichos de Astori, con este anuncio el gobierno priorizó, una vez más, los números de la macroeconomía antes que otorgar un alivio en la carga que soportan los ciudadanos, que ya venían golpeados por el ajuste fiscal y tarifario de comienzos de año.

Desde enero de este año rige un aumento del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), además del ajuste en los servicios públicos de 8% en promedio de enero de 2017, y del aumento de 10% para aquellos que pagan el boleto en efectivo.

No obstante, la administración de izquierda consideró que todavía no es tiempo de aflojar la cuerda sobre el contribuyente y sí es necesario cuidar el flanco fiscal. Ni siquiera los buenos números que mostró UTE en el primer semestre del año fueron suficientes para priorizar un gesto al menos en las tarifas de ese ente.

El anuncio del aumento de precios generó críticas en casi todo el espectro político y también en las gremiales empresariales. Si bien desde la mayoría de los sectores del oficialismo aseguraron que recién estaban "analizando" la noticia, algunos ya habían adelantado su posición contraria a la suba generalizada. "Estamos frente a diferentes visiones en cuanto al papel de las empresas públicas en el Uruguay. Nosotros creemos que deberían ser dinamizadoras de la economía, estar al servicio de los uruguayos; en cambio, otros sostienen que deberán servir para 'corregir' problemas estructurales del país, como es el déficit fiscal", dice un documento de la Lista 711, que encabeza el exvicepresidente, Raúl Sendic, publicado a mediados de noviembre.

El diputado del PVP, Carlos Coitinho, aseguró que están "impactados" por la noticia pero aseguró que todavía no habían procesado la información.

El gobierno defendió el aumento con el argumento de que las tarifas aumentan igual o por debajo de la inflación con excepción del incremento en ANCAP, que se debe al aumento del crudo a nivel internacional.

Apenas de anunciado el ajuste, referentes de la oposición salieron al cruce. "Estoy espantado y preocupado. Es un mazazo para la gente", dijo en el senador blanco Álvaro Delgado, y agregó que los sectores productivos también se ven perjudicados.

Tanto Delgado como el senador colorado José Amorín coincidieron en que el gobierno deberá explicar ante el Parlamento los fundamentos de este aumento de tarifas. Por eso, decidieron convocar a comisión a la ministra de Industria, Carolina Cosse, y al ministro de Economía, Danilo Astori. "Sube el gasoil, la nafta, sube la tarifa de UTE que los servicios técnicos decían que este año va a ganar US$ 700 millones", apuntó Delgado, y lo relacionó con proyectos que tienen grandes "agujeros" como el de la jubilación de los cincuentones.

Amorín calificó el anuncio como una "pésima noticia" y un "ajuste fiscal". "Teníamos la esperanza de que el gobierno no siguiera ajustando como está ajustando", agregó.

En tanto, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que el gobierno no toma ninguna medida por controlar el gasto del Estado. "Es una paradoja. Por un lado nos dicen que no tienen más remedio (que aumentar las tarifas) y por otro presentan un proyecto como el de los cincuentones", afirmó el parlamentario.

Gremiales piden reunión a Vázquez

El anuncio del aumento en la tarifa de la energía eléctrica y de los combustibles a partir de enero va a profundizar los problemas de competitividad que tiene Uruguay frente a los países de la región, dijo a El Observador el vicepresidente de la Federación Rural (FR), Ricardo Berois. Explicó que el sector "ya está fuera de competencia" por el alto costo de esos insumos y, por lo tanto, con este anuncio, se agravará.

Berois aspira a que las gremiales rurales puedan ser finalmente recibidas por el presidente Tabaré Vázquez porque, dijo, "este es un problema no solo del sector agropecuario, sino también del país".
"Esta no era la señal que estaba esperando el sector productivo", destacó a su vez la presidenta de Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), Virginia San Martin.

También entendió necesario que el mandatario considere tratar con prontitud la solicitud de entrevista que le formularon las gremiales agropecuarias y que fuera pospuesta para los primeros meses de 2018.

El presidente de Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), Mario Buzzalino, opinó que la medida es "desafortunada", "fuera de contexto" en la actual coyuntura e "incomprensible".

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