En el centro de esta fase de diálogos estará el primer punto de la agenda: la participación de la sociedad en la construcción del proceso de paz

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El Gobierno y la guerrilla del ELN iniciaron el segundo ciclo de negociaciones de paz en México

El diálogo apunta a establecer un alto el fuego bilateral, la participación ciudadana en el proceso y definir una agenda que permita continuar con las conversaciones
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13 de febrero de 2023 a las 18:16

En una semana caracterizada por las movilizaciones convocadas por la oposición de derecha y el oficialismo en torno a una amplia agenda que incluye temas económicos y sociales, el Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) reanudaron en la Ciudad de México el diálogo para un alto el fuego bilateral y la determinación de una agenda que permita avanzar con las negociaciones de paz.

La vuelta a la mesa de negociación de la mayor guerrilla activa se da en un clima de cierta tensión luego que el presidente Gustavo Petro informara el 31 de diciembre un cese de hostilidades desmentido tres días después por el ELN mediante un comunicado en el calificó como “unilateral” el anuncio del mandatario de izquierda, el primero en la historia del país.

"En México, comienzan los trabajos de las delegaciones del Gobierno Nacional y del ELN. En el centro de esta fase de diálogos estará el primer punto de la agenda: la participación de la sociedad en la construcción del proceso de paz", tuiteó el senador Iván Cepeda, integrante de la delegación del gobierno y principal referente del oficialismo.

"La agenda de trabajo está claramente delineada. Vamos a terminar de discutir cuáles son los puntos que conforman la agenda de diálogo de paz con el ELN y presentaremos esa agenda ante el país y la comunidad internacional", agregó Cepeda en un video publicado en las redes sociales.

Por su parte, Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, se mostró confiado en que este segundo ciclo logre un avance efectivo, proceso que tiene a los gobiernos de Chile, Venezuela y Noruega, México y Brasil como garantes.

En noviembre pasado, y luego de cuatro años de parálisis, el Gobierno colombiano y el ELN reiniciaron los diálogos de paz para extinguir el conflicto con la última guerrilla reconocida en el país, luego del desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017.

El nuevo ciclo formal se reactivó en noviembre, tres meses después de la llegada de Petro al gobierno, bajo su propuesta de "paz total", paraguas que facilitó que las ambas delegaciones se reencontraron hacia fines del año pasado en Caracas, la capital de Venezuela, lo que permitió la liberación de rehenes y el despliegue de acciones humanitarias en las zonas de conflicto.

El primer proceso de diálogo con el ELN comenzó en marzo de 2016 bajo la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018), pero se paralizó durante el mandato de Iván Duque (2018-2022), luego que el ELN atentara en enero de 2019 contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, ataque con un coche bomba dejó un saldo de 22 muertos.

El reinicio del diálogo se da en una semana de intensas jornadas políticas y de movilización social, en las que, según los analistas locales, el rumbo del Ejecutivo será sometido al pulso ciudadano, que se manifestará en una serie de marchas a favor y en contra del mandatario, ciclo que se inició con una escasa concurrencia al "gran paro nacional indefinido" convocado por las reservas activas de las Fuerzas Armadas en procura de cohesionar a los sectores de derecha.

Según destacan los medios locales, la ola de marchas evidencia que el país dejó atrás la calma que marcó los primeros meses de la gestión de Petro, y cuando los cambios prometidos por el mandatario durante su campaña electoral enfrentan tensiones políticas, una economía en declive y una fuerte pulseada por el poder.

La pulseada entre el oficialismo y la oposición se registra, además, de cara a las elecciones locales y regionales que se realizarán en octubre, el primer test electoral que enfrentará el gobierno y en el que se pondrá en juego no solo la posibilidad del oficialismo de concretar las ambiciosas reforma tributarias, de justicia y salud rechazadas por la derecha y las centrales empresarias, sino también el nivel de adhesión social al proceso de paz propuesto por Petro.

 

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