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El hambre afecta a 56,5 millones de personas en América Latina y el Caribe

El dato surge de un informe conjunto de la Cepal, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos. El documento, además, señala que la inseguridad alimentaria afectaba el año pasado al 40,6% de la población de la región

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08 de diciembre de 2022 a las 05:02

Entre 2019 y 2021, la cantidad de personas que padecen hambre en América Latina y el Caribe aumentó de 13,2 a 56,5 millones como consecuencia del encarecimiento de los alimentos básicos y la caída de los ingresos de los hogares, según indica un informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Programa Mundial de Alimentos (WFP).

El documento, presentado en la capital chilena, agrega que en 2021 la inseguridad alimentaria afectó al 40,6% de la población de la región, lo que equivale a un total de 267,7 millones de personas, 62,5 millones más que en 2019. El informe señala, además, que el encarecimiento promedio de los alimentos alcanzó una tasa interanual del 17% en setiembre último, dinámica que “aumenta el riesgo de hambre y la pobreza extrema”.

En este sentido, la Cepal estimaque la incidencia de la pobreza extrema en la región aumentará 0,2 puntos porcentuales en 2022 y podría alcanzar a 81,8 millones de personas. El informe también puntualiza que las diversas crisis globales de los últimos 15 años han comprometido el acceso de la región a los alimentos y a insumos claves, como los fertilizantes para la agricultura familiar, lo que a su vez redobla la presión sobre el panorama.

"El hambre aumentó en la región en un 30% entre 2019 y 2021. La alta dependencia de la importación de fertilizantes y la variación de los precios de los alimentos tienen un impacto negativo e inevitable en los medios de vida de las familias, principalmente entre la población rural, como así también en el acceso a una dieta saludable", afirmó Mario Lubetkin, el representante de la FAO para América Latina y el Caribe.

Durante la presentación del documento, titulado Hacia una seguridad alimentaria y nutricional sostenible en América Latina y el Caribe, Lubetkin recomendó a los gobiernos fortalecer los sistemas de protección social en las zonas rurales, particularmente orientados a los agricultores familiares, y eliminar las restricciones al comercio internacional de alimentos y fertilizantes, medidas queevaluóimprescindiblespara responder a la actual crisis.

El documento lo presentaron el secretario Ejecutivo de la Cepal,Juan Manuel Salazar-Xirinachs; Lola Castro, directora regional del WFP; y Mario Lubetkin, de la FAO; quienes destacaron entre los principales factores del empeoramiento de la situación: la crisis financiera de 2008, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y desde 2020, la pandemia. “Esas crisis se tradujeron en rupturas en diversas cadenas productivas primarias y manufactureras, sea por un incremento de las barreras comerciales o por disrupciones en el sistema de producción y transporte”, explica el reporte.

El documento añadeque la guerra entre Rusia y Ucrania afectó“directamente el comercio internacional de petróleo, gas natural, cereales, fertilizantes y metales”, lo que impulsó los precios de la energía y los alimentos ralentizando elcrecimiento global en 2022, que la Cepal calculaen 3,1%, 1,3 puntos porcentuales menos que lo pronosticado antes del estallido de la conflicto. “América Latina y el Caribe se expandirá un 3,2% este año, pero se desacelerará notoriamente al 1,4% en 2023debido a un contexto internacional desfavorable”, agrega el informe.

“A pesar de contar con un importante superávit comercial agropecuario, la región está expuesta a los problemas de producción y comercialización, y a las subas de los precios derivados de la guerra”, explica el documento, dinámica que señalan los expertos afecta tanto a los países exportadores como a los importadores netos de alimentos. “Además, la región importa más de 80% de los fertilizantes utilizados. Una reducción en los rendimientos de las cosechas de productos claves para la seguridad alimentaria se sumaría así a los efectos dañinos del encarecimiento de los alimentos sobre los más vulnerable”, señaló Salazar-Xirinachs.

Según destaca el informe, el encarecimiento de los alimentos aumenta el riesgo de problemas de acceso a una dieta saludable, de inseguridad alimentaria y hambre pues afecta más a los hogares de menores ingresos. En este puntodetalla que la inflación que golpea a los sectores más pobres -el primer quintil de la distribución del ingreso- es 1,4 puntos porcentuales más alta que la correspondiente a los sectores más ricos -el quinto quintil-.

“En el primer quintil, los alimentos explican más de dos tercios de la inflación general, mientrasque en el quinto quintil menos de la mitad. “Los precios de los alimentos han aumentado más que la inflación general en la región desde fines de 2018 y se han acelerado a partir de mayo de 2020”, explica el documento. El índice de precios de los alimentos a nivel regional registró un avance interanual del 11,7% en septiembre pasado, frente a un incremento del 7,1% que registró el nivel general de precios en el mismo período.

Según la FAO, el índice de precios de los alimentos, medido en términos reales, alcanzó su máximo nivel históricoen marzo de 2022.Lubetkin añadió que, “si bien el índice de precios de los alimentos de la FAO bajó en los últimos 7 meses, su nivel aún se mantiene 14% más alto en comparación al 2021”.

“En un escenario regional donde la pobreza multidimensional está cada vez más vinculada a la inseguridad alimentaria y nutricional y donde diferentes crisis se están sumando a inequidades estructurales profundas, los sistemas de protección social, incluyendola alimentación escolar, juegan un papel fundamental en mitigar la vulnerabilidad de las personas antes, durante y después de las crisis”, agregó Castro.

El documento también señala la importancia de garantizar el acceso de los pequeños productores a los fertilizantes y biofertilizantes, medida que califica como “necesaria y válida si se focaliza en los productores que más lo necesitan y se condiciona a la mejora de la eficiencia en el uso de estos insumos y a la sostenibilidad de la actividad agropecuaria”.

En este punto, el informe señala que el financiamiento de esas iniciativas “debe incluir no solo los presupuestos públicos, sino también a los bancos de desarrollo, la banca privada mediantela creación de mecanismos de garantía y otras alternativas de financiamiento internacional, como los bonos verdes y sociales”.

Finalmente, el informe enfatiza que la complejidad y la magnitud de las políticas que se requieren para conciliar las respuestas de emergencia con la reducción de problemas estructurales y fiscales demandan la coordinación en diversas áreas, respuestas macroeconómica, social y productiva que deben articularse a nivel regional.

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