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El naufragio del neobatllismo

Una historia del dinero en Uruguay (XXVI)

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04 de abril de 2018 a las 04:00

En enero de 1941, en los inicios de la segunda guerra mundial, la ley Nº 10.000 profundizó el Contralor de Exportaciones e Importaciones, que se llevaba ya desde la era de Gabriel Terra. Una comisión controlaría "los valores, destinos y procedencias de los productos que exporte el país y de las mercaderías importadas", y también intervendría "en la distribución individual del cambio extranjero y otorgará las autorizaciones de importación". Definitivamente el comercio exterior pasó a responder más a órdenes de los gobernantes que a las demandas del mercado.

El Banco de la República debía realizar una previsión sobre la disponibilidad de divisas que aportaría la venta de los exportadores al año siguiente y se repartían las divisas de acuerdo con los antecedentes de cada empresa (producción, número de empleados, exportaciones o importaciones, entre otros factores).

En suma: lo que siempre se había hecho libremente, por la acción directa o indirecta de un gran número de personas, pasó a ser cuotificado en comisión.

Esas nuevas reglas llevaron a que los agentes económicos acortaron cada vez más sus horizontes de planificación, y que tuvieran "un creciente estímulo para dedicar tiempo y talento a lograr que la política discriminara en su favor o, al menos, no discriminara en su contra", escribió el economista Gabriel Oddone en su ensayo El Declive: Una mirada a la economía de Uruguay del siglo XX.

El sistema, además, era muy propicio para fomentar la corrupción: por ejemplo tratar de hacer pasar una mercadería por otra para obtener un tipo de cambio más alto. Ni hablar de favoritismos políticos, del cambio de moneda en negro y el contrabando de mercaderías de todo tipo desde Brasil y Argentina.

Un sistema cada vez más absurdo

El fracaso se trataba de remediar con más intervención y más controles, con la esperanza de cambiar las cosas. No era que el sistema fuera un fracaso, entendían éstos, sino que fracasaba la forma de aplicarlo.

Los gobiernos del "neobatllismo" introdujeron hasta 11 tipos de cambio diferentes tratando de incrementar su control sobre el comercio exterior, cada vez más pequeño debido a la postración relativa del sector agropecuario. Casi cada rubro de exportación tuvo un valor diferente para cambiar sus divisas. Los que podían hacerlo a un precio más alto eran las de mayor valor agregado.

Uruguay, una antigua pequeña potencia exportadora, sólo podía incrementar sus ventas de carne al exterior mediante "vedas" (prohibiciones) de consumo interno.

Periódicamente, entre las décadas de 1950 y 1970, el departamento de Montevideo dejaba de ser abastecido de carne vacuna. El 21 de julio de 1954 se creó una Comisión para la represión del comercio ilegal de carne. Fue el colmo del burocratismo. Entonces en torno a la capital, sobre las rutas más importantes, en zonas como Rincón de la Bolsa, La Paz, Toledo, Barros Blancos y Paso Carrasco, ya en los departamentos de San José o Canelones, se estableció una constelación de carnicerías para los montevideanos que fueran a abastecerse allí.

Uruguay no sólo se aisló del exterior mediante altísimas barreras aduaneras, sino que también, en el colmo del absurdo, levantó fronteras interdepartamentales, con inspectores y todo.

Depresión de la agropecuaria y migración interna

"La política de sustitución de importaciones no era sustentable: lo que exportábamos no alcanzaba para pagar las importaciones que permitían mantener funcionando las industrias montadas en el país", resumió el general Líber Seregni, líder histórico del Frente Amplio. "(Había gran) descontento en los sectores agrarios, que veían que todos los excedentes que producía el campo uruguayo se volcaban a la industrialización urbana", señaló en el libro Seregni-Rosencof: Mano a Mano, de Fernando Butazzoni.

El estancamiento del sector agropecuario, la concentración en Montevideo de la gran mayoría de los servicios y opciones laborales, y la tendencia mundial de la migración campo-ciudad se unieron para crear una capital extraordinariamente grande, fenómeno que se denominó "macrocefalia".

La población de Montevideo y su área metropolitana, que desde la independencia siempre había sido muy inferior a la del interior del país, pasó de 29,4% del total en 1929 a 50,5% en 1963. En poco más de tres décadas, una enorme masa de migrantes se acomodó como pudo en Montevideo y dio origen a asentamientos miserables, llamados con ironía "cantegriles", en alusión al exclusivo Cantegril Country Club de Punta del Este.

"Los brillos exteriores se asentaban, entonces, en una capacidad exportadora en declive por el estancamiento del agro, un impulso industrial que no se podía sostener en el tiempo, un déficit permanente y un aparato burocrático pesado y caro", resumió Lincoln Maiztegui en Orientales.

Controles de todo tipo

En 1943 se aprobó la primera ley de control de alquileres, que redujo los precios y prohibió los reajustes, y que sería seguida por muchas otras hasta bien entrada la década de 1980. Fue una práctica desastrosa. Los valores artificialmente bajos de los arrendamientos beneficiaron a muchos inquilinos antiguos, a costa de reducir drásticamente la oferta, lo que castigó a las nuevas generaciones y deprimió la construcción de viviendas nuevas.

La ley de Subsistencias, de 1947, complementada con la creación en 1968 de la Comisión de Productividad, Precios e Ingresos de Uruguay (Coprin), tenía por cometido verificar los costos de los artículos declarados de primera necesidad y proponer la modificación de su nómina; realizar el contralor de precios y de existencias de los artículos tarifados; intervenir establecimientos industriales y comerciales, o secuestrar las mercaderías en "defensa del consumo"; y vender productos de primera necesidad al público.

La misión de estos organismos era convencer a la población que el gobierno los protegía contra "la carestía" y la escasez cuando, en realidad, entonces y siempre, los gobiernos son los principales factores de inflación y escasez.

El número de funcionarios aumentó 239% en menos de dos décadas

El paternalismo y el clientelismo político también se expresaban en la creciente nómina del Estado. Había 57.200 empleados públicos en 1941, 168.532 en 1955 y 193.800 en 1959. En resumidas cuentas, el número de funcionarios aumentó 239% en menos de dos décadas.

Claro que la cantidad de empleados del sistema de enseñanza pública creció mucho por esos años (se multiplicó por tres entre 1944 y 1969). Pero otras reparticiones del Estado, así como empresas públicas como los bancos oficiales, Ancap o AFE, además de las Intendencias, hincharon sus nóminas hasta lo indecible entre las décadas de 1940 y 1960.

Mientras a principios del siglo XX el sector público no alcanzaba a emplear el 2% de la población total del país, durante el proceso de "sustitución de importaciones" pasó a ocupar a entre el 7 y el 8% de los uruguayos. El punto máximo se registró en 1985, al finalizar la dictadura, con 8,7% de la población empleada en el sector público. Luego la proporción se redujo hasta 6,3% del total en 2004, y creció de nuevo durante el ciclo de gobiernos del Frente Amplio para situarse en torno al 8,8% en 2016.

Una "democracia demagógica"

Una serie de leyes demagógicas saqueó la Caja de Jubilaciones, antecesora del Banco de Previsión Social, que recién fue creado por la Constitución de 1967. El sistema de pasividades, que en sus inicios capitalizaba los aportes de los afiliados, para aumentarlos con los intereses —un fondo de pensión—, pasó a vivir al día, con reservas mínimas. Durante mucho tiempo la inversión favorita de la Caja fueron títulos de deuda pública en pesos que pagaban 5% anual de intereses, cuando la inflación ya era de dos dígitos. Los directores de las Cajas concedían créditos a largo plazo a sus funcionarios con tasas de interés negativas (por debajo de la inflación) para compra y amoblamiento de vivienda, incluso en balnearios. Naturalmente que esos créditos subsidiados fueron a costa de los aportes de los trabajadores y de las prestaciones que recibían los pasivos.

La Caja de Jubilaciones, que en parte actuaba como una Afap, capitalizando los aportes, dilapidó el dinero de los trabajadores con inversiones ruinosas y acciones demagógicas.

"En los momentos de crisis los gobiernos suelen echar mano a todas las cajas que encuentran, y más si son innominadas: lo que es de todos, puede ser de nadie", comentó Mario Bergara, presidente del Banco Central del Uruguay, consultado para esta serie. "Difícilmente los fondos de pensión hubieran sobrevivido acá a la crisis de 2002 si no tuvieran nombre y apellido. Fue muy meritorio para Uruguay el haber sostenido sus fondos de pensión sin tocarlos en medio de una enorme crisis".

En Argentina, en una circunstancia mucho menos grave, el gobierno de Cristina Fernández reestatizó en 2009 el sistema de AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). Luego seguiría echando mano a toda caja que encontró.

En el Uruguay burocrático de las décadas de 1950 y 1960 era necesario arrimarse a algún dirigente político de cierto rango para obtener jubilaciones, dólares baratos, una línea telefónica, un empleo público o cualquier otro asunto por el estilo.

La función pública, rodeada de privilegios del tipo de la "ley de autos baratos" de 1954, que autorizaba a senadores y diputados a importar dos coches durante su legislatura sin pagar impuestos, profundizó un ciclo de desprestigio que contribuiría grandemente al golpe de Estado de 1973. Los militares, la extrema derecha y la extrema izquierda fueron exitosos para establecer el axioma "políticos corruptos" en el imaginario colectivo, ayudados —claro está— por las acciones de muchos políticos.

Aquella "democracia demagógica", como la calificó el ensayista e historiador Carlos Real de Azúa, se hundía bajo un Estado "desquiciador de la vida económica" y una población proclive a "un ideal de holganza y seguridad" que aseguraba el empleo público. "Como uruguayos sabemos que un período de irresponsabilidad, malabarismo e ilusión toca a su fin", vaticinó Real de Azúa en 1957, en una nota en el semanario Marcha con aires de obituario.

Próxima nota: El primer gobierno blanco y la reforma cambiaria y monetaria del ministro Azzini

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