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El Parque Científico y Tecnológico de Pando busca evitar la "asfixia" del recorte del 15%
Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comunicó que quedaban exceptuadas del ahorro de 15% las instituciones comprendidas en el área de “Ciencia, Tecnología e Innovación” dentro del presupuesto, hubo unas pocas que quedaron por fuera de la marcha atrás.
Una de ellas es el Parque Científico y Tecnológico de Pando. "Habrá que hacer los ajustes que se tengan que hacer, pero hay que tener cuidado de que no sean una asfixia para el sistema", dijo su presidente Fernando Amestoy a El Observador.
Según consta en un informe elaborado por instituciones científicas y tecnológicas que está en manos de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el Parque llegó a tener un déficit de más de $7 millones al cierre de 2018. No obstante, tras percibir un préstamo de la Universidad de la República (Udelar), se alivió la situación y el monto se redujo a poco menos de un millón de pesos.
La institución tiene un fondo fijo anual de unos $34 millones que está congelado, lo que implica que no recibe ajustes por inflación. Es por ello que el escenario se agravó a lo largo del quinquenio, y ahora preocupa un recorte del 15%, que dejaría el presupuesto en poco más de $29 millones.
Amestoy declaró que "preocupa más la señal que el monto", puesto que $5 millones "no hacen la diferencia". "No entendemos por qué se hace eso en un sistema que es único", expresó en referencia a la iniciativa que se convirtió en el primer parque científico y tecnológico del país.
La organización, concebida por ley en 2008 como una entidad pública de derecho privado, articula entre el sector empresarial y el científico para innovar en la industria. Es dirigida por un representante de la Facultad de Química -Amestoy-, de la Cámara de Industrias, de la Intendencia de Canelones y del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
El presidente del Parque también destacó el trabajo realizado en convenio con la Dirección Nacional de Aguas para testear aguas residuales con el fin de hallar rastros del SARS-Cov-2.
Amestoy consideró que corren riesgo de tener responsabilidad por incumplimiento. “(Las empresas instaladas en el Parque) eligieron estar en el ecosistema porque les dábamos determinados servicio. Si se degradan, estamos incumpliendo las condiciones con las que tomaron la decisión de hacer inversiones en nuestro ecosistema", sostuvo.
"Lo mismo que si no damos el servicio de vigilancia, o no atendemos la iluminación, o los servicios mínimos de mantenimiento que requieren las empresas que se instalaron en el predio. Si no podés cumplir con tu misión, no tiene sentido la institucionalidad ni el ecosistema", afirmó.
Además, apuntó que "hacer investigación tecnológica es caro". "Cuanto más sofisticación tecnológica tengan las instituciones, más dependencia hay, y quedamos sujetos a variables internacionales como el valor del dólar", señaló, recordando que la suba de la moneda estadounidense encarece los costos operativos. "Uruguay no es fabricante, si se rompen equipos tenemos que traer servicios técnicos de San Pablo que vengan a arreglarlos", dijo.
Amestoy reconoció que el escenario de cara al próximo quinquenio será "austero", y manifestó que al menos espera lograr un ajuste inflacionario. El 24 de agosto tiene prevista una reunión con el ministro de Industria, Omar Paganini, y con el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, para tratar el tema.
La excepción permitida por el gobierno benefició a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, al Institut Pasteur, al Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (Pedeciba), al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, a la Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento, al Instituto Antártico Uruguayo y al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).
Por fuera quedaron otras instituciones vinculadas al rubro de la investigación y la innovación, como el ya mencionado Parque y el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim). En el caso de la Universidad Tecnológica, el ente aún está en diálogo con las autoridades respecto a su ajuste o no al decreto 90/020.
