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El paso en falso de la oposición al usar políticamente muerte de policías
Los asesinatos de dos policías en menos de 48 horas –uno en el marco de una rapiña en Villa Española el lunes, y otro que fue ejecutado en el barrio La Blanqueada el miércoles-, pusieron en alerta al Sindicato de Policía de Montevideo y generaron reacciones en dirigentes de la oposición, que denunciaron una escalada delictiva contra efectivos policiales.
“Otro policía asesinado. Hoy, en La Blanqueada (…) Mi sentido pésame a los allegados del oficial”, escribió el precandidato colorado José Amorín Batlle. En el mismo sentido, el director del Observatorio de Seguridad Ciudadana vinculada al partido Colorado, Guillermo Maciel cuestionó la respuesta de las autoridades ante estos episodios: “El silencio de las autoridades ante un nuevo asesinato de un trabajador policial es ensordecedor”. Ese mensaje fue retuiteado por el diputado nacionalista, Pablo Abdala.
Por su parte, el fiscal penal retirado y dirigente del Partido de la Gente, Gustavo Zubía, fue más allá y señaló: “Otro policía asesinado. Pésame a la Fuerza. (…) Delincuentes en el paraíso!! Y crecimiento de homicidios! Esto es la joda! Lamentable”. El exjefe de Policía de Canelones y de Durazno y hoy asesor del equipo de Amorín Batlle, Julio Guarteche, por su parte, dijo en el programa En Perspectiva que “estas situaciones se van a seguir dando (los ataques contra policías) mientras se tenga una debilidad para ejercer la autoridad”.
Según supo El Observador, estos comentarios generaron molestia en el Ministerio del Interior, ya que para las autoridades hay un uso político de ambos efectivos que murieron en circunstancias que nada tienen que ver con su actividad como policías.
Patrick Fontes, el policía asesinado este lunes cuando circulaba en bicicleta iba vestido de particular, y recibió un disparo de parte de delincuentes que quisieron rapiñarlo, después de que se resistió.
En tanto, en el caso de Javier de María, el efectivo ejecutado el miércoles cuando sacaba su auto del garaje en la calle José Hernández de La Blanqueada, la investigación apunta a una disputa familiar con su hermano, y no a su condición de funcionario del Ministerio del Interior. El fiscal actuante en este caso, Enrique Rodríguez, interrogó a dos detenidos por este caso, uno que presuntamente es quien disparó contra el efectivo y a quien el hermano habría contratado para asesinarlo.
La idea de que los homicidios aumentaron tampoco se condice con lo que señalan las cifras oficiales. Mientras que enero de 2018 cerró con 40 muertes violentas, al 31 de enero de 2019 se habían registrado 23. El dato de enero de 2019 es incluso más bajo que el de 2017 (28), el cual ya había mostrado una caída frente a 2016 (30).
Si bien la cifra de 2019 puede aumentar –ya que hay personas que tras haber sido agredidas se encuentran con riesgo de muerte- es casi un hecho para las autoridades que enero cerrará con menos homicidios que en el mismo mes de 2018.
La presidenta del Sindicato de Policías de Montevideo (Sifpom), Patricia Rodríguez, negó que haya una intención política detrás de la actuación gremial pero opinó que “sorprende que no se haya tomado de inmediato la resolución de tener una reunión entre el Ministerio del Interior y los partidos políticos”, para ponerse de acuerdo y fijar políticas frente a los homicidios que se han registrado a razón de "casi una persona muerta por día". "Se debería dar un mensaje”, apuntó.
Para Sifpom el 2018 cerró con seis policías muertos en manos de la delincuencia, de los cuales cinco murieron en el ejercicio del deber, y otro perdió la vida en un accidente de tránsito cuando perdió el dominio de su moto. Además de que el gremio recibe mensualmente al menos una denuncia de un efectivo que vive en un barrio de contexto crítico y que es amenazado por sus vecinos. “No es solo la muerte, sino la falta de respaldo que siente el Policía y la falta de una normativa para que puedan defenderse”, explicó.
El Sifpom exige desde hace años la aprobación del proyecto de ley de legítima defensa, que fue presentado por el legislador nacionalista Luis Lacalle Pou, y que da mayores potestades para que policías disparen contra delincuentes. “Si no lo quieren (al proyecto de ley) porque es una propuesta del Partido Nacional que lo cambien, pero todo el mundo está esperando una señal”, dijo Rodríguez. Este será uno de los puntos que se exigirá en una concentración que la gremial de policías realizará el próximo 6 de febrero.
“Cuando muere un compañero, sentimos que no somos nada. Entregamos nuestra vida y sentimos que los delincuentes se nos animan más y tenemos un Estado paternalista que al ver un delincuente dice que fue abusado, y que le pegaron de niño, pero son delincuentes” cuestionó.
Otro de los reclamos del gremio es el tiempo que normalmente demora el Ministerio del Interior en otorgar una pensión por policía muerto en el ejercicio del deber a los familiares de la víctima, el cual puede extenderse hasta cinco meses.
Rodríguez dijo que el 6 de febrero el gremio policial marchará para que haya soluciones para la seguridad de todos los trabajadores, y no solo los policiales, al tiempo que reclamarán una normativa que les dé más garantías para enfrentar a la delincuencia sin riesgos de terminar ellos siendo juzgados.
