Opinión > Opinión / Dardo Gasparré

El persistente trotskismo impositivo

La suba que se propugna en el impuesto al patrimonio es confiscatoria y dudosamente constitucional

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24 de abril de 2018 a las 05:00

Parece una pérdida de tiempo intentar explicar a buena parte de la sociedad que hace rato ha cesado el bendito viento de cola que durante años hizo parecer que el gobierno del Frente Amplio contaba con un equipo de estadistas brillantes que lograban imponerse sobre la lógica de la economía y sobre la lógica sin aditamentos. Por supuesto que se trata de una conveniente negación, para no tener que retroceder sobre el alegre reparto de maná, que es percibido como una conquista, y no como una coparticipación en la casualidad.

El PIT-CNT, como ha sostenido esta columna, obra como vector de esa enfermedad, montado en su creencia empecinada de que tiene derechos de pernada que no le ha conferido nadie. Por eso vuelve a revolear su surtido de posibles nuevos impuestos o aumentos de los vigentes ante la inminencia de que algunas de esas supuestas conquistas tendrán que ceder terreno, retrotraerse o menguarse.
Su primer invento, que intenta imponer al Frente Amplio en una acción muy poco democrática, es la presión para aumentar las gabelas con la excusa de una mejora en la educación. Por supuesto que la formación de los jóvenes es esencial, cualquiera fuera la ideología desde la que se la mire. Pero no la formación escolar que propugna la gremial trotskista, que es disruptiva, desviada, precaria y deliberadamente mala, como no hace falta demostrarlo. Se trata de una deformación, no una formación. Tirar más plata en el agujero negro de la educación ultraizquierdista es no solo un gasto inútil, sino un despropósito. Al mismo tiempo, en ciertos temas que elige cuidadosamente para tocar la sensibilidad popular, prescribe el abandono de las metas de reducción del déficit y un mayor endeudamiento, que Uruguay simplemente no se puede permitir, so pena de tener que entrar en un tirabuzón peligroso. Aunque el mayor daño de tal acción no sería económico, sino convalidar y financiar un sistema educativo perverso y suicida.

En esa línea de acción, recurre a una campaña de prensa que habla de supuestos estudios de la OCDE, que determinan que aún existe localmente margen para aumentar impuestos, comparando con Argentina y Brasil. No hace falta mucho procesamiento intelectual para comprender que tanto Brasil como Argentina están atrapados en un difícil dilema debido a sus niveles de gasto, dispendio, déficit y endeudamiento, que impiden a ambos exportar todo lo que debieran y crecer en serio. Usarlos como estándar o parámetro es técnicamente grave, y usar a la OCDE, una organización que –como sostiene esta columna– propugna eliminar la competencia de los países pequeños forzándolos a que suban sus gravámenes para elevar así sus costos de transables, va contra los intereses orientales.
En ese plan, trata de persuadir a Un solo Uruguay no de las bondades de sus principios, que justamente han traído al campo hasta el agujero donde está, sino de buscar en conjunto otras víctimas impositivas para expoliarlas. Habrá que esperar que los indignados del agro no caigan en la trampa de encolumnarse contra algún indefenso chivo expiatorio.

El plan de aumentar el IRPF mediante escalas de progresividad es gravísimo, antiinversión y lapidario para la generación de empleo, aunque se aplique sobre las personas (habrá una futura nota sobre este tema). En esto también el PIT-CNT exhibe una conveniente ignorancia al no conectar causa y efecto. Cree que la falta de inversión se suple con más gasto estatal, con más impuestos, con el formato mentiroso y fracasado de las PPP y que la pérdida del empleo se debe a los robots que supuestamente invaden a Uruguay y al uso de Netflix y Mercado libre, nunca en su terquedad de mantener una rigidez y costos laborales inviables.

La suba que se propugna en el impuesto al patrimonio es confiscatoria y dudosamente constitucional y también ahuyenta las radicaciones privadas personales, que han sido muy trascendentes en diversas actividades. Seguramente también cree que la baja en la actividad de la construcción y el correlato descenso en el empleo se debe a un capricho estadístico, a un sabotaje del capitalismo o a un accidente climático como el granizo.

Hay una persistencia en el fracaso, una negación de la realidad, de las estadísticas mundiales que muestran la extinción de su modelo vetusto, y prueban que el camino es otro. Por eso desconoce los datos de desempleo y actividad, como desconoce toda otra evidencia. Y también se permite ignorar que esta constante amenaza de nuevos impuestos creativos que varían año a año, ahuyentan per se la inversión, aún si no se aplicasen finalmente por la intervención de algún Astori providencial.
Curiosamente, el propio gobierno del Frente reconoce su ensañamiento impositivo cuando concede exoneraciones a ciertas nuevas radicaciones, que serían inviables con la carga que en cambio, se supone que el resto de las actividades orientales sí puede y debe pagar. Pero también la gremial se dedica a torpedear y crear inseguridad sobre esas exoneraciones al pedir ahora su revisión. Se trata de un modo peculiar de contribuir a la nueva radicación de UPM, en contra de los intereses de los trabajadores y de Uruguay. El trotskismo nunca es local. Siempre obedece a algún llamado o mandamiento supranacional.

El Frente Amplio no tiene otro camino que enfrentar y desestimar la pretensión de su raro aliado-enemigo, para no verse forzado a actuar como una banda que decide confiscar patrimonios porque cree que se trata de un derecho que le ha conferido la democracia (de la que el PIT-CNTno es el mejor ejemplo dentro de la alianza).

En esa gran pirueta intelectual, el neopopulismo trotskista cree que tiene derecho a manotear el capital y los ahorros ajenos. En esa línea, agita ahora entre los jerarcas propios y de los otros socios del gobierno la idea de transformarse en heredero forzoso de todos los uruguayos y cree que confiscarle patrimonio a los hijos de alguien es distinto a confiscárselo al padre. Propugna entonces un impuesto a la muerte, o a la herencia. Además de dudosamente constitucional, un gravamen obsoleto que desaparece en el mundo, y que no se puede incluir en el Presupuesto por la imposibilidad de su cálculo, salvo que se trate de la más pura irresponsabilidad al estar creando a sabiendas más déficit, generando gastos que son falsamente cubiertos por un impuesto aleatorio. A menos que se piense en establecer una edad fija para la muerte, por ley, eso sí.

A esta gula tributaria, el PIT-CNT agrega su tutoría humillante sobre el gobierno en los tratados de libre comercio –que impide por sistema– y en su política exterior, lo que conduce a situaciones casi circenses como en el reciente caso de la Unasur.

Uruguay, como muchos otros países, tiene que elevar la mira y la calidad de análisis y de su proyecto para insertarse exitosamente en un mundo que, a pesar de todo, es fatalmente global. Creer que se está en una burbuja única en el universo y como tal fuera de las pautas que rigen el progreso y el desarrollo, es hacerse un enorme daño. Cada vez que alguien ante una propuesta de cambio dice –con palabras o con hechos– que Uruguay es distinto, da un paso más hacia el atraso. Será distinto en su calidad humana o en su idiosincrasia, pero no en las reglas que hacen al bienestar general, la calidad de vida y el crecimiento. Y eso no se cambia por mayoría de votos.

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