El director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), dijo este martes que la reforma planteada representa “una luz roja” que se prende para el país, y que en caso de concretarse, “condiciona” toda la gestión de la próxima administración de gobierno.
¿Qué se votaría en octubre de 2024 si se alcanzan las 270 mil firmas necesarias?
El planteo que impulsa el PIT-CNT se basa en retornar al esquema anterior a la reforma de 1996 y tiene tres ejes centrales.
En primera lugar, se propone subir el pago mínimo por pasividades. Eso implica que ninguna jubilación ni pensión será menor al valor del Salario Mínimo Nacional, lo que queda fijado en la Constitución de la República. “Para que se entienda, estos es un plan platita jubilatorio que va a quedar ahí”, afirmó Munyo.
Un segundo punto propone bajar la edad jubilatoria. Se establece en la Constitución la edad jubilatoria en 60 años y se exigen 30 años mínimos de trabajo. Según el economista, esto “va a contramano de la tendencia del mercado de trabajo”. “Es volver 120 años para atrás: el requisito de 60 años de edad y 30 años de servicio para acceder a jubilación se estableció en 1904 cuando la esperanza de vida era 51 años y hoy es 78 años”, dijo.
El tercer punto propone eliminar el ahorro individual previsional. Esto implica confiscar los ahorros individuales que manejan las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Afap), y que sean gestionados sin identificación de titularidad por un fideicomiso del Estado controlado por el BPS.
Antecedentes en el vecindario
El economista señaló que los planteos de la reforma “son atractivos por las prestaciones que ofrece”, pero recordó algunos antecedentes similares con efectos negativos inmediatos.
A modo de ejemplo, mencionó lo ocurrido en Argentina en 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández eliminó el sistema privado de pensiones, y todos los fondos depositados en las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) pasaron a ser gestionados por el sistema estatal, Anses.
“¿Qué generó? De un día para otro hubo una baja automática de la calificación de riesgo soberano (de B a B- por S&P), y aumentó 520 puntos básicos el riesgo país en octubre de 2008”, afirmó Munyo.
El índice global de pensiones clasifica a 47 países en base a tres criterios: suficiencia, sostenibilidad e integridad del sistema jubilatorio. Munyo señaló que Uruguay está en el puesto 15 de ese índice y Argentina está el último lugar. “El sistema peor rankeado del mundo es al que queremos acercarnos”, apuntó.
Inés Guimaraens
Aumento del gasto, juicios al Estado y aumento de impuestos
¿Qué "generaría" si se alcanzaran los votos necesarios para aprobar la reforma propuesta en las elecciones nacionales de 2024? Munyo mencionó una lista de 10 puntos.
En primer lugar afirmó que el gasto por mayores pasividades aumentaría en US$ 1.100 millones (1,5% del PIB), para equiparar jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional (principalmente impulsado por aumento de pensiones).
Además, aumentaría el gasto por baja de edad de retiro en US$ 3.000 millones (4% del PIB), lo que incluye BPS, Caja Militar, Policial y Cajas Paraestatales.
Por otra parte, dijo que los cambios planteados abren las puertas a potenciales juicios al Estado, de dos lados. Desde los afiliados, por confiscación del ahorro individual del fondo administrado por las AFAP (US$ 22.000 millones, 31% del PIB). Y también desde las AFAP, por indemnización, y por lucro cesante por comisiones previstas hasta el retiro de afiliados.
Según Munyo, las modificaciones impulsarán un “aumento dañino” de impuestos para pagar costos extras. Los impuestos que se consideran aumentar (IRAE, Impuesto al Patrimonio, franjas más altas de IRPF), y crear (herencias), “implican perjuicios para la inversión y el crecimiento”, aseguró.
En tanto, señaló que “se dejan rígidas inequidades del sistema”, en la medida que se “da marcha atrás” en la unificación de los subsistemas (cajas) que se había avanzado en la reforma aprobada este año.
“Efectos regresivos”
El economista explicó que se generarían “nuevos efectos regresivos” en la distribución del ingreso. “Las personas de mayores ingresos se beneficiarán de las prestaciones mínimas del nuevo sistema, pero no aportarán por sus ingresos reales”, dijo.
Además, se reduciría el ahorro privado en el país, porque según el economista, los sectores de mayores ingresos irán a sistemas de ahorro y seguros privados del exterior.
Grado inversor y seguridad jurídica
Para Munyo, se pone en riesgo el grado inversor obtenido por Uruguay en 1997, luego de la reforma previsional de 1996, perdido en 2002, recuperado en 2013 y con mejora de un escalón adicional en 2023, tras la nueva reforma.
A su vez, indicó que “se daña la seguridad jurídica”, clave para Uruguay. Según Munyo, se abre la interpretación de exclusividad del Estado en otras áreas del sistema de seguridad social, como por ejemplo la Salud.
“Es un gran problema que complica toda la agenda de desarrollo en la que viene avanzando Uruguay. Si sale, impone enormes complejidades de implementación que condiciona toda la gestión de la próxima administración para poder lidiar con los cambios que implicaría esta reforma. Sería una pena, un retroceso para Uruguay”, afirmó el economista.
