El Poder Judicial se defiende a fuerza de comunicados

El Poder Judicial volvió a emitir este viernes un comunicado en el que contradice los comentarios de otros operadores del sistema Penal. Esta vez, el tema fueron las supuestas demoras en la emisión de órdenes de allanamiento y captura, que desde el 1º de noviembre -cuando se puso en marcha el nuevo Código del Proceso Penal- son solicitada por los fiscales y aprobadas -cuando están debidamente justificadas- por los jueces.

En este nuevo comunicado, el Poder Judicial hace referencia a la nota publicada por diario El Observador el 14 de enero, titulada "Delincuente queda libre por demora de la Justicia, denuncia fiscal", en la que el fiscal Gustavo Zubía señala que un presunto homicida en grado de tentativa que había sido ubicado en una vivienda no pudo ser capturado debido a demoras en el procedimiento establecido por el nuevo Código.

Zubía había dicho que entre que llegó a la Oficina Penal Centralizada (OPEC) para firmar la solicitud de detención del sospechoso, y llenó un "largo formulario", se demoró cerca de dos horas, lo que le dio tiempo al delincuente para fugarse.

El comunicado emitido por el Poder Judicial desmiente esa demora, y asegura que entre que la solicitud de detención fue presentada y aprobada pasaron 23 minutos. "La Suprema Corte de Justicia reitera que de acuerdo a la información aportada por sus servicios de apoyo, así como por las sedes judiciales competentes, no existen problemas en la tramitación de solicitudes en el marco del nuevo Código del Proceso Penal, ni en los sistemas informáticos dependientes del Poder Judicial", concluye el texto.

Además, el comunicado agrega que tampoco hubo demoras en la aprobación de las órdenes de allanamiento para dar con Christián Damián Pastorino, alias el Kiki, cuando era buscado por la muerte de su pareja, Alison Pachón. Sin embargo, sobre ese caso la fiscal a cargo de las investigaciones, Diana Salvo, nunca había planteado dudas sobre el accionar del Poder Judicial, sino sobre la forma en la que venía investigando la Policía.

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El Poder Judicial ya había emitido un comunicando rechazando que existieran demoras en la aprobación de ordenes de allanamiento y captura, algo que ha sido señalado por varios fiscales y que de hecho ha sido tratado internamente por una comisión que creó la Fiscalía General de la Nación para plantear ajustes al nuevo Código del Proceso Penal.

En un comunicado publicado el 16 de enero, el Poder Judicial, había dicho que la forma en la que se piden las órdenes de allanamiento "no son meros 'trámites burocráticos' sino requisitos necesarios para el ordenamiento de la información, y muchos de ellos fueron propuestos desde la propia Fiscalía, que los consideró necesarios para el mejor cumplimiento de sus fines".

El Poder Judicial no solo ha salido a desmentir a fiscales, sino también al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien el pasado 8 de febrero dijo en una entrevista publicada por el semanario Búsqueda que hubo un aumento en el número de rapiñas en octubre de 2017 -lo que hizo que la caída en la ocurrencia de estos delitos al final del año fuera menor a la esperada- debido en parte a una visita realizada por la Suprema Corte de Justicia en la que se liberó "una cantidad de personas privadas de libertad".

Ese mismo día el Poder Judicial emitió un comunicado considerando que el ministro Bonomi "parte de una premisa infundada" al relacionar la visita de cárceles y el aumento de los delitos y agrega que "carece de todo fundamento".

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"No se ha siquiera invocado una relación entre los sujetos liberados y los actuales protagonistas de los hechos delictivos, datos que surgen de la información estadística disponible para cualquier interesado, entre los cuales obviamente se encuentra el señor ministro del Interior", señala el comunicado que fue firmado por los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia.

El 15 de febrero Bonomi volvió a insistir en su tesis de que la liberación de presos había incidido en un aumento en las rapiñas y una vez más el Poder Judicial decidió responder con un comunicado: "(Bonomi) sigue sin poder sostener sus dichos con pruebas que los respalden -pese a tenerlas a su alcance-".