El presidente Castillo sumó un nuevo revés judicial en una causa clave

De esta forma, la Justicia desestimó la presentación del abogado de Castillo, Benji Espinoza, quien argumentó que durante el proceso se habían violado los principios constitucionales de legalidad procesal y el principio de seguridad jurídica. La resolución señala que, si bien el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, impedir elecciones y disolver el Congreso (Artículo 117 de la Constitución), ello no anula la posibilidad de iniciar una investigación preliminar siempre que existan justificaciones razonables.

Espinoza anunció que apelarán la decisión por considerarla “incorrecta”, según reporta el diario limeño El Comercio. La investigación preliminar había sido aprobada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien interrogó a Castillo a mediados de junio en la sede principal del Ministerio Público. En lo inmediato, la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria suma un nuevo problema a Castillo, quien gobierna sin mayoría en el Congreso Nacional.

También una comisión legislativa, dominada por la oposición de derecha, lo investiga por los mismos presuntos delitos, una situación sin precedentes en la historia de Perú. En este caso, Castillo consiguió postergar un interrogatorio que estaba previsto para el 21 de junio y que, según informó la comisión fiscalizadora, se concretará el lunes próximo.

La fiscalía investiga a Castillo, quien asumió hace poco menos de un año, en una causa que involucra a su entorno político y familiar. Se trata del caso "Puente Tarata III", que busca determinar si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo cobraron coimas para conceder contratos de obras públicas.

Castillo ya respondió durante cuatro horas a un primer interrogatorio ante la fiscalía. Sin embargo, cuatro de los investigados están prófugos, luego que la Justicia dictara una orden de prisión preventiva contra ellos. Aunque la legislación del país impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder, no impide avanzar en las indagaciones en su contra, según sostiene la fiscalía.

El protagonismo judicial

La decisión de la Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria se conoció pocos después de que la Corte Suprema de Perú rechazara un recurso de la Fiscalía que pedía el regreso a prisión preventiva de la líder del partido de derecha Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el marco de una investigación sobre lavados de activos en un expediente que involucra a la constructora brasileña Odebrecht. Una de las salas del tribunal declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público.

En mayo de 2020, la defensa de Fujimori había pedido que se le cambiara el régimen de prisión preventiva al que estaba sometida por el de comparecencia restringida. La justicia accedió y la líder de derecha, que perdió en las presidenciales contra Castillo, salió en libertad luego de casi un año y medio de permanecer recluida en un penal de la ciudad de Lima. La Fiscalía había solicitado la anulación del fallo que permitió la excarcelación.

Al respecto, la Procuradora para casos de Lavado de Activos, María Camus Dávila, respaldó la posición del Ministerio Público y sostuvo que la defensa legal de Keiko Fujimori no presentó su apelación a tiempo. Para la Corte Suprema, la resolución de prisión preventiva fue apelada en tiempo y forma. Fujimori es investigada por haber recibido dinero ilícito de Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.