El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso anunció la demolición del edificio de la academia policial donde a comienzos de setiembre fue cometido el femicidio de la abogada María Belém Bernal, presuntamente por su marido policía, y el hecho fue encubierto por sus superiores.
El mandatario oficializó la decisión durante la ceremonia de cierre simbólico del lugar de descanso de los oficiales de la Escuela Superior de Policía ubicado en Quito. En el acto pidió perdón, nuevamente, a los deudos de Bernal.
Lasso dijo que la demolición se llevará a cabo luego de que sean recogidos todos los indicios del crimen y que en su lugar se construirá una nueva estructura “más segura” para las mujeres.
El caso conmocionó al país y desató una crisis institucional que Lasso resolvió removiendo a la cúpula policial que llegó hasta el ministro de interior, un general retirado de la policía cuyo reemplazante, también retirado del cuerpo, asumió el lunes.
La abogada había sido vista con vida por última vez cuando ingresaba al edificio para visitar a su marido, en la noche del 10 de setiembre, y permaneció desaparecido durante once días para ser hallado luego en un cerro próximo a la institución.
El crimen se cometió en el interior del edificio de color blanco que alberga 16 habitaciones distribuidas en cuatro pisos que será demolido una vez que se hayan concluidos todas las pesquisas, según el anuncio de Lasso.
Se lo conoce popularmente como ‘Castillo de Grayskull’, un nombre tomado de la serie de dibujos animados ‘He-Man’.
Lasso anunció también los recursos necesarios para desarrollar de manera efectiva un plan para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
El femicidio de Bernal avivó los reclamos de organizaciones feministas, que sostienen que entre enero y septiembre unas 206 mujeres han sido asesinadas en el país.
En el acto simbólico de cierre de la Escuela Superior de Policía Lasso hizo también un llamado para no estigmatizar a la institución por las acciones de “un mal elemento” policial.
Se refería al marido de la abogada, el policía Germán Cáceres, quien en su declaración admitió haber discutido con su mujer, pero aseguró que se había retirado en taxi del lugar.
En cambio, cadetes policiales que declararon en la causa aseguraron haber escuchado gritos y luego verlo meter un bulto en el baúl de su auto.
Luego fue liberado y desde entonces se encuentra prófugo pese a estar procesado como principal sospechoso del crimen. La fiscalía ofreció una recompensa de US$ 20.000 a quien informe de su paradero.
Horas antes, en una entrevista con un canal de televisión local, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, criticó el acto simbólico. “¿Quién me garantiza que me dicen la verdad? Señor presidente, yo no quiero cierres simbólicos, quiero verdad. ¿Qué le pasó a mi hija en la madrugada del 11 de septiembre? ¿Quiénes son los involucrados?, él (en alusión a Germán Cáceres) no pudo haberlo hecho solo”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre el caso y pidió al Estado ecuatoriano que investigase y sancionase a los responsables de la desaparición y femicidio de Bernal.
Además, la CIDH instó al Ecuador a asegurar el acceso a una justicia con enfoque de género y garantizar la reparación integral de las víctimas y sus familiares.
El asesinato de la abogada Bernal conmocionó al Ecuador e incluso alertó a varias instancias internacionales de derechos humanos.
Por el crimen está detenida una cadeta con quien el presunto asesino mantenía una relación sentimental.
La policía del Ecuador cuenta con 52.000 uniformados.
