El presidente de El Salvador ordenó destruir tumbas de pandilleros fallecidos

“Destruir las pandillas que estaban tan arraigadas en la sociedad salvadoreña no es tarea fácil. De hecho, siempre se ha creído imposible”, escribió Bukele en un mensaje colgado en su perfil de Twitter. “Para ello, es necesario desarrollar muchas acciones al mismo tiempo. Una de esas es destruir sus símbolos, su sentido de pertenencia, su memoria”, agregó el mandatario al comentar un largo video en el que se ve a empleados públicos derribando las lápidas con los símbolos de algunas de las más famosas organizaciones armadas.

La lucha contra las bandas criminales figura al tope de la agenda presidencial desde hace tiempo y a fines de octubre, el Parlamento aprobó otras dos leyes para combatir el crimen organizado. La primera es la reforma de la ley sobre crimen organizado, que establece procesos abreviados a detenidos que confiesen sus delitos y los de sus posibles cómplices. También se les garantiza la posibilidad de una rebaja de pena: hasta la cuarta parte de la pena mínima, si así lo desea el fiscal, o la pena completa, pero en prisiones aptas para la reinserción.

La segunda ley obliga a las empresas telefónicas a entregar las transcripciones requeridas por el fiscal en un plazo máximo de 180 días, así como dotarse de la tecnología necesaria para poder localizar a los autores.

El 14 de setiembre, el parlamento de El Salvador había aprobado la sexta prórroga consecutiva del estado de excepción para contrarrestar la acción de las bandas criminales en el país. El decreto fue aprobado por primera vez el 27 de marzo y ya ha llevado a la detención de más de 50 presuntos pandilleros. En un discurso, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, calificó de "cobardes" a las ONG y partidos políticos que acusan al gobierno de utilizar el estatus excepcional como medida permanente para combatir la delincuencia. El presidente Nayib Bukele, por su parte, ha vuelto a reclamar en sus canales sociales el fuerte descenso de asesinatos en el país desde que entró en vigor la medida. “Con estos convincentes resultados, está claro que los congresistas de otros países deberían preocuparse por los problemas de sus ciudadanos, en lugar de entrometerse donde no han sido invitados. Sigamos adelante”, escribió.

El estado de emergencia se aprovechó para introducir una serie sustancial de cambios en la orden: las autoridades tienen más herramientas para enviar a la policía y al ejército a las zonas "calientes", limitar los derechos de asociación y reunión, así como intervenir en las comunicaciones telefónicas, por correo postal, correo electrónico o correo ordinario sin autorización de la justicia.

También se limita el derecho de los acusados ​​a conocer los motivos de las detenciones y la obligación de contar con un abogado, lo que permite a los investigadores y agentes extender el período de detención administrativa más allá de las 72 horas exigidas por la ley. Un paquete de medidas que ha levantado críticas por parte de organismos de derechos humanos. Una vez en prisión, los presos pueden ser sometidos además a otras medidas: limitaciones a la excarcelación, a la alimentación, la ropa de cama adecuada para la noche y la comunicación con el exterior.

Además, el parlamento de El Salvador aprobó una reforma al código penal que prevé penas de prisión de hasta 45 años de prisión para los líderes de bandas armadas. El paquete de reforma también prevé un aumento de las penas de prisión de hasta 10 años para mayores de 12 años y hasta 20 años para adolescentes de 16 a 18 años. La reforma también asigna una partida especial presupuestaria a los ministerios de defensa y seguridad para la compra de armas y equipo.

El parlamento también aprobó una ley especial para agilizar la construcción de centros penitenciarios y una reforma al código penal local que permitirá condenar a los medios de comunicación que relancen o transmitan mensajes atribuidos o atribuibles a bandas criminales. La reforma, aprobada directamente en la Cámara y sin discusión, prevé penas de prisión de 10 a 15 años para quienes reproduzcan o transmitan mensajes de las pandillas, pero también contra quienes "elaboren, participen en la elaboración, produzcan textos, pinturas, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual que haga alusión a las distintas organizaciones criminales”.

El presidente Bukele también defendió su estrategia contra las bandas armadas desde el escenario de la Asamblea General de la ONU. “Hemos pasado de ser un país desconocido para muchos y conocido por las pandillas, las muertes, la violencia y las guerras, a ser un país conocido por sus playas, por el surf, por sus volcanes, por su libertad financiera, por su buen gobierno y por poniendo fin al crimen organizado”, dijo el presidente salvadoreño en su momento ante la Asamblea General.

Para la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “las medidas tomadas durante el estado de emergencia para combatir la violencia de las pandillas, junto con las posteriores modificaciones a la ley penal, aumentan el riesgo de detención arbitraria y tortura de los presos”.

Bachelet señaló también, en su informe a la 50 sesión del Consejo de Derechos Humanos, el posible incumplimiento de las garantías del debido proceso en las decenas de miles de detenciones practicadas hasta el momento, así como "las al menos 21 muertes bajo custodia reportadas por fuentes oficiales".

Según Amnistía Internacional, las autoridades de El Salvador cometieron graves violaciones de derechos humanos durante el estado de emergencia del país, incluidas miles de detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso, así como torturas y malos tratos. “Con el pretexto de castigar a las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de los derechos humanos, criminalizando a las personas que viven en la pobreza”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al gobierno de El Salvador respetar las garantías legales y el debido proceso en el marco de las detenciones realizadas durante el estado de emergencia. Organizaciones de derechos humanos y los medios de prensa denunciaron que muchas de las detenciones se realizaron de manera ilegal, arbitraria y violenta, presumiendo la pertenencia a grupos delictivos en base a elementos como la apariencia física, su edad o la zona de residencia. La CIDH también reporta denuncias de que la suspensión de algunas garantías judiciales impide conocer los motivos de la detención, así como el acceso a la asistencia jurídica y contacto con familiares.

Por su parte, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), denunció que en su momento que las autoridades de El Salvador han cometido graves abusos contra los derechos humanos desde la instauración del estado de emergencia. “Durante los primeros 30 días del estado de emergencia hemos visto arrestos arbitrarios de personas inocentes y muertes preocupantes bajo custodia”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de HRW. “En lugar de proteger a los salvadoreños de la violencia de las pandillas, las fuerzas de seguridad están abusando de los poderes excesivamente amplios que les otorgaron los aliados del presidente Bukele en la Asamblea Legislativa”.