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El presidente será el único que podrá ordenar que se derriben aeronaves
A cinco meses de la aprobación en el Parlamento mediante la ley de urgente consideración, el presidente Luis Lacalle Pou firmó este viernes el decreto para aplicar la ley de derribo, una norma que el gobierno entiende será útil para disminuir el narcotráfico y disuadir otros vuelos que puedan ser una amenaza estratégica para el país.
El protocolo de actuación aprobado este viernes dispone de cinco fases que van desde la interceptación hasta el derribo, definido formalmente como “neutralización de aeronave hostil”, el cual puede ser autorizado únicamente por el presidente de la República en acuerdo con el ministro de Defensa.
“Se efectuará el disparo directo sobre la misma (aeronave) con la finalidad de provocar daños que impidan la prosecución del vuelo. Se tomarán las máximas precauciones posibles, a fin de no realizar disparos directos sobre las personas a bordo”, estableció el decreto.
La resolución fue tomada en el acuerdo que Lacalle Pou mantuvo con el ministro de Defensa, Javier García, y comunicada por el jerarca en una rueda de prensa. El secretario de Estado señaló que ahora el espacio aéreo está “protegido” y “no es un festín para el narcotráfico y el crimen organizado”, que según manifestó elegía los cielos uruguayos “porque hay leyes de derribos en los países de la región”.
La Fuerza Aérea cuenta con una flota de 17 aviones capaces de realizar derribos.
Posee 12 A-37 Dragonfly, considerados de vuelo avanzado, que alcanzan una velocidad máxima de más de 800 kilómetros por hora, y que pueden portar hasta cinco metralletas para disparar contra otros aviones.
Esta aeronave fue la que voló Lacalle Pou a mediados de noviembre, cuando participó de una jornada de ejercicios de la Fuerza Aérea. El presidente incluso vistió en esa oportunidad un uniforme de vuelo –con su nombre bordado en un parche– igual al que utilizan los pilotos.
La FAU también dispone de 5 PC7 Pilatus de vuelo avanzado, que alcanzan los 500 kilómetros por hora y poseen puntos fijos bajos las alas y contenedores con dos ametralladoras cada uno.
La base de ambos escuadrones de combate está ubicada en Santa Bernardina (Durazno).
Las fases de la decisión
Con la reglamentación de la ley de derribo, los militares uruguayos pasarán a estar amparados en el uso de la fuerza en el espacio aéreo, algo que hasta ahora no ocurría pese a que forma parte del código aeronáutico. Esto los dejaba en una situación de ambigüedad dado que solo estaban habilitados para hacerlo en caso de "autodefensa", lo que debía ser probado ante la Justicia.
Antes de poner en marcha el ataque para derribar la "aeronave hostil", los militares uruguayos -bajo autorización únicamente del ministro- deberán haber disparado “ráfagas de advertencia con munición trazadora, sin interferir la trayectoria de vuelo de la aeronave interceptada, de manera que puedan ser observadas por la tripulación con el objeto de persuadirla a obedecer las órdenes transmitidas”.
Pero el proceso que desemboca en la utilización de la fuerza comienza bastante más atrás.
La Fuerza Aérea cuenta con dos radares tridimensionales, uno fijo que está en Santa Clara de Olimar en Treinta y Tres, y el otro móvil que habitualmente se ubica en Salto.
Estos dispositivos son los que detectan que una aeronave está en una situación irregular porque no cumple con las normas de navegación aérea. La detección puede llegar a dar lugar a que comience un proceso de interceptación, algo que es cada vez más frecuente en Uruguay, aunque están impedidos los ataques para derribo. Desde enero de 2018, los escuadrones de la FAU realizaron 55 de estas maniobras, de acuerdo con datos brindados a El Observador por esa fuerza.
En este proceso, el equipo de combate despega, debe hacer contacto visual con la aeronave no identificada y brindarle una serie de indicaciones que si son acatadas finalizarán en el aterrizaje en una pista específicamente designada.
A partir de la nueva normativa, si no acata las órdenes impartidas por la aeronave interceptora, si intenta atacarla, o si intenta atacar a la “infraestructura vital de la nación, sus recursos estratégicos y sus habitantes”, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea puede declararla “aeronave hostil”.
Esa declaración es la que habilita el uso de la fuerza, cuya responsabilidad pasa a quedar en manos de los mandos civiles de las Fuerzas Armadas, el ministro y el presidente, quienes deben decidir si se aplican las ráfagas de advertencia y el posterior derribo.
La aprobación de una ley de derribos ya había sido impulsada por el exministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y fue rechazada por el frenteamplista José Bayardi, quien ocupó la titularidad de la cartera entre 2019 y marzo de 2020 y consideró que la normativa es un "disparate".
En tanto, para el actual ministro permitirá a Uruguay adecuarse a la normativa regional, dado que Argentina y Brasil tienen leyes similares.
