Hasta ahora, el futuro de la inflación estaba incluido dentro de los anuncios de la Reserva Federal. En el marco de su política monetaria de corte expansivo, que consiste en una compra mensual de al menos U$S 120.000 millones, a fines del año pasado la FED anunció que habrá de mantenerla hasta comprobar un “progreso sustancial” de la economía. También avisó que habrá de continuar con la tasa de interés cercana a cero al menos hasta el fin del 2023, que es cuando espera que la economía volverá al pleno empleo y en particular, la inflación, que es ahora del 1.4 % anual, podrá superar por algún tiempo la meta deseada del 2 % anual.
El programa fiscal de Joe Biden, presentado en el primer día de su gobierno con el fin de reactivar a la economía, concitó un apoyo generalizado. No obstante, una vez conocido, algunas opiniones de orden político pero también de especialistas, están advirtiendo que su monto, de U$S 1.9 trillones, es excesivo y podría provocar un efecto inflacionario.
Desde estos anuncios, el alza persistente del precio internacional de los “commmodities” ha agregado un dato para tener en cuenta en esa proyección. El precio Brent del petróleo ha venido aumentando desde los U$S 20 el barril en el pasado mes de abril hasta cerca de los U$S 65 de estos días. Por su parte, el precio del cobre ha alcanzado los U$S 8.400 la tonelada, el mayor nivel de los últimos años, con un aumento de un 70 % en el último año. En el mismo sentido se están moviendo los precios de los alimentos, como la soja, el trigo, el maíz y otros.
Entonces, no es de descartar que esta movida de los precios internacionales pronto pueda inducir un cierto efecto al alza sobre la inflación americana.
Es sobre este marco que ha comenzado la discusión sobre los posibles efectos del programa fiscal de Biden. Para empezar, es una propuesta que coincide con la recomendación de organismos internacionales como el FMI y la OCDE y también de buena parte de la opinión especializada, en el sentido de aumentar el gasto público para reactivar a las economías dañadas por la pandemia.
Pero tal como era de esperar, la propuesta del gobierno ha sido cuestionada por el opositor partido republicano, que presentó una alternativa por un monto equivalente a la tercera parte de aquél. También hay algunos demócratas de centro que no están del todo convencidos sobre el nivel propuesto para los subsidios a los desocupados, el apoyo a los estados y municipios, y los requisitos de elegibilidad para seleccionar a las personas que habrán de recibir un apoyo de U$S 1.400.
Pero además de estos desencuentros de orden político, también hay un cuestionamiento que, aunque en minoría, están planteando algunos economistas de nota.
Así, Larry Summers y Olivier Blanchard han advertido que el estímulo de U$S 1.9 trillones es excesivo, en tanto es mayor que el “output gap”, es decir el margen adicional de crecimiento de la economía que se podría alcanzar sin desencadenar un alza de los precios. El temor principal de esta línea de pensamiento es que si la inflación comienza a aumentar antes de la previsión oficial y sobrepasa en forma definida a la meta del 2 % anual, la FED se verá obligada a subir la tasa de interés, con un posible efecto recesivo de consecuencias sociales negativas.
En defensa del programa de Biden, la Secretaria del Tesoro Janet Yellen, Paul Krugman y Kenneth Rogoff, entre otros, consideran que el programa debe verse como un rescate ante una situación semejante a una guerra y no como un simple programa de recuperación. Por tanto, debe ser necesariamente ambicioso. En particular, hay dos temas principales en la controversia. El primero de ellos es sobre la disposición de las personas a consumir toda o parte de la ayuda de U$S 1.400, en un marco que hasta ahora fue de incertidumbre pero que hacia adelante, con los programas de vacunación en marcha, podría cambiar. Porque el efecto sobre los precios será distinto en uno u otro caso.
El otro punto de desacuerdo radica en la incidencia de un bajo nivel de desempleo, que es el que se aspira alcanzar con el programa oficial, sobre el alza de los sueldos y por tanto de los precios. En particular, y en apoyo del programa de Biden, se recuerda la situación de principios del año pasado, cuando la tasa de desempleo descendió hasta el 3.5 %, la menor en cincuenta años, pero la inflación se mantuvo estable, por debajo de la meta oficial.
Lo cierto es que por el momento, tanto el gobierno como la FED descartan un efecto inflacionario del programa fiscal que está a consideración del Congreso. Una posición similar acaba de ser anunciada por el FMI.
También el mercado financiero está dando su opinión. Así, la semana pasada los inversores procedieron a una venta importante de sus bonos públicos, indicando que anticipan una aceleración del ritmo de crecimiento de la economía y un eventual aumento de la tasa de interés por parte la FED antes de lo previsto.
Ello ha provocado un alza en el rendimiento de un indicador clave del mercado, como es el de los valores a diez años de plazo, que ha saltado desde el 1 % anual de principios de año hasta el 1.6 % de fines del mes pasado, con una leve moderación en la semana que acaba de terminar.
Estos movimientos del mercado de los bonos podrían interpretarse como una advertencia de los inversores financieros sobre los excesos en los que estarían incurriendo las políticas monetaria y fiscal en ejecución.
En el segundo semestre del año en curso se comenzará a vislumbrar la verdad.
