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22 de abril 2022 - 21:28hs

La decisión del Poder Ejecutivo de aumentar las jubilaciones y pensiones, y el salario de los funcionarios públicos, y la sugerencia oficial de adelantar ajustes previstos por inflación a un conjunto de ramas de actividad privada, nos parecen tan equivocadas como preocupantes.

El lunes 18, el presidente Luis Lacalle Pou, secundado por los ministros Azucena Arbeleche (Economía) y Pablo Mieres (Trabajo), y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, anunció un aumento de 3% en las jubilaciones y pensiones, y un 2% en las remuneraciones de los funcionarios públicos, a partir del próximo 1° de julio. 

Y, por otro lado, planteó la convocatoria al 40% de las mesas de los Consejos de Salarios, de un total de casi 200, para que analicen la posibilidad de adelantar los ajustes por inflación que habían acordado efectivizarlos al final de los convenios (julio de 2023).

Desde el punto de vista económico, estos anuncios son inconvenientes para las buenas prácticas de una economía de mercado, además de contradecir los objetivos oficiales de lucha contra la inflación y apuntalar las condiciones adecuadas para la creación de empleo. 

Sin negar la buena intención que anima al Poder Ejecutivo, la experiencia demuestra que este tipo de medidas responde más al deseo que a las posibilidades reales. Y además vuelven a ratificar la indexación a que está sometida la economía uruguaya.

“Poner más plata en los bolsillos de los uruguayos” de forma voluntarista para evitar la pérdida de poder adquisitivo de la población, según explicó Lacalle Pou, es, a nuestro juicio, una solución cortoplacista que, más temprano que tarde, termina empeorando las cosas. 

En los 12 meses a marzo, el Índice de Precios al Consumo fue de 9,4% , lejos del techo oficial de 7%.Los nudos gordianos de esa inflación, que son impostergables desatar, no responden a la pandemia del covid-19 ni a la guerra en Ucrania, que obviamente ahondaron esta problemática doméstica. 

En ese sentido, fue pertinente la reflexión del presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Alfredo Antía, sugiriendo que el gobierno da señales incongruentes al pedirle a los empresarios que sean juiciosos con los precios y, a la vez, los insta a realizar ajustes de salarios por inflación. 

También es inquietante desde el punto de vista político: refuerza  la idea de que la evolución de los salarios de los trabajadores y los ingresos de la población económicamente inactiva dependen más de la voluntad política del gobierno de turno o de la supuesta buena disposición de los empresarios y de la competencia en el mercado de trabajo

Una economía competitiva, como anhela el presidente Lacalle Pou y su equipo económico para ir a más a través del comercio mundial, idea que compartimos, requiere que las remuneraciones reflejen de manera aproximada, la autenticidad de las cuentas públicas y de la contabilidad empresarial. 

En lo público, el gobierno verá cuáles son sus posibilidades desde el  punto de vista fiscal. En lo privado, los acuerdos salariales deberían fijar el aumento del laudo mínimo y dejar lo que está por encima a la acción de la oferta y la demanda. Hay que escabullirse de gestiones voluntaristas, de innumerables ejemplos contemporáneos, particularmente en América Latina y el Caribe, incluido el pasado reciente de nuestro país, cuestionado con razón por el actual equipo económico.

En un mundo “tan loco”, por citar al presidente, de una completa incertidumbre sobre el futuro, se impone la virtud de la prudencia y no aflojar en la mirada de largo plazo que el gobierno preservó tan bien durante la pandemia.

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