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Elecciones en España: inestabilidad y problemas de gobernabilidad

El adelanto de las elecciones para el 28 de abril es una clara señal de un polarizado sistema político
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23 de febrero de 2019 a las 05:01

El próximo 28 de abril se realizarán las elecciones generales en España. Unas elecciones que muchos partidos no querían y no se veían venir, una clara señal de la inestabilidad política del país. 

Unas elecciones que no llegan en un buen momento en una Europa que atraviesa una crisis de identidad, golpeada por el brexit, varios gobiernos que apedrean la unidad del bloque –como Italia– , el avance de fuerzas populistas y un creciente malestar que se  siente en las calles.  

El adelanto electoral en España se desencadenó por los Presupuestos Generales  del Estado para 2019, presentados por el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que no fueron aprobados. Y tal como él mismo ha dicho: “Sin presupuestos, no se puede gobernar”. Esto lo ha llevado a adelantar las elecciones generales, a solo ocho meses y medio de haber asumido su cargo.

Es una situación atípica que solo se dio en 1996 cuando los nacionalistas catalanes (en ese entonces, CDC) dejaron caer al gobierno de Felipe González al rechazar sus Presupuestos. Tras ello, convocó elecciones. Y las perdió, dando paso al mandato de José María Aznar.

En esta oportunidad, es más difícil de proyectar lo que va a pasar, dado que España atraviesa una gran fragmentación partidaria y los resultados de la convocatoria son bastante impredecibles, según analistas.  

Lo cierto es que el 28 de abril se realizará la cuarta elección general en ocho años en el país (todo un récord), y se sumará a otras tres elecciones: las europeas, las autonómicas y las municipales, las cuales se llevarán a cabo el 26 de mayo. Un verdadero maratón en las urnas. 

En España nunca se votó tanto como se hará este año y esto, lejos de ser visto como un síntoma de la salud de la democracia, se toma como un escenario político diversificado y algo confuso. 

Al partido ganador le resultará difícil gobernar en La Moncloa con tantas fracciones y polarizaciones:  de hecho, ya se habla de un posible nuevo período de bloqueo. 

Todo esto ocurre en un entorno europeo complejo, en medio de la desaceleración económica, del proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea, de profundas fracturas en Italia, las protestas de los “chalecos amarillos” en Francia, diversas corrientes migratorias y un auge de la derecha radical.

La llegada al poder

Pedro Sánchez y su Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llegaron al poder en junio de 2018, luego de impulsar una moción de censura en contra del entonces presidente, el conservador Mariano Rajoy, por el caso Gürtel, un escándalo de corrupción que salpicó a muchos, en especial al al exmandatario. 

Se trató de una red de empresas que conseguían contratos de todo tipo de administraciones gobernadas por el Partido Popular (PP) entre los años 1999 y 2005, a cambio de sobornos a funcionarios públicos. Rajoy nunca reconoció esa trama organizada, pero la Justicia española se pronunció en su contra y le costó la presidencia.

Cuando Sánchez asumió en su lugar en 2018, uno de sus frentes fue intentar aliviar las tensiones políticas entorno al separatismo de Cataluña, con grandes resentimientos entre los independentistas catalanes y quienes defienden la unión de España. 

En ese ambiente caldeado, además, se desarrolla un hisórico juicio contra 12 líderes independentistas,  acusados  de rebelión, malversación y desobediencia. El Ministerio Público  reclama penas de entre 7 y 25 años.

La derecha española ha interpretado  la disposición de Sánchez al diálogo con los independentistas como una concesión ante la presión de ellos y un signo de traición a la Constitución. Pero llegado el momento, las conversaciones no llegaron a nada y el pedido de un segundo referéndum independentista —actualmente considerado inconstitucional— no prosperó.  

Ante la negativa, la unión de los independentistas (representados por ERC y PDeCat) no dudó en rechazar los Presupuestos Generales del Estado para 2019 presentados por Sánchez en el Congreso de los Diputados, el  miércoles 13 . Ya sea por convicción o por represalia, se negaron a validar las cuentas del gobierno. Así también lo hicieron el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (liberales). 

Este “balde de agua fría” para el PSOE hizo que Podemos, Comú Podem y PNV activaron gestiones a su favor, pero fue inútil. El tema de los Presupuestos siguió mezclado con el reclamo del referéndum de la autodeterminación de Cataluña.  

Fue así que, sin recursos para gobernar, Sánchez fijó el día de llamado de las elecciones generales. Sin embargo, no luce abatido como demuestra su pronta preparación para la campaña.

Las medidas de Sánchez

La medida más fuerte de Sánchez en su corto mandato fue la suba del salario mínimo a € 900. También incrementó las pensiones (1,6%), aprobó la recuperación de la sanidad universal (asistencia de salud pública completa), elevó la oferta de empleo público y el salario de los funcionarios (2,5%), le dio luz verde a un plan de empleo juvenil de €2.000 millones y definió más inversión pública en Cataluña.

Asimismo, Sánchez incluyó en los Presupuestos para 2019 subidas del impuesto de sociedad, del IRPF para las rentas más altas y de las cotizaciones para la Seguridad Social. 

Propuso dos nuevos impuestos que han despertado polémica en los sectores más conservadores y liberales: la tasa Google (que aplica a los grandes operadores de Internet) y la tasa Toblin (a las transacciones financieras).

Sin la aprobación de los Presupuestos, muchos se preguntan  qué pasará con las pensiones y los nuevos tributos.

En primera instancia, los € 2.400 millones que Cataluña iba a recibir quedaron en el aire, así como otros desembolsos dispuesto por el gobierno.

En total, este gobierno ha conseguido 13 leyes y 25 decretos-ley. Aunque algunos analistas afirman que un nuevo mandato no podrá revertir muchos de ellos, al menos fácilmente. La oposición piensa que los Presupuestos para 2019 son “expansivos y de mucho gasto social” y que Sánchez no debería seguir gobernando por decreto y con solo 84 diputados, menos de un cuarto de los escaños parlamentarios.

Proyecciones

De cara a las elecciones generales, el PSOE (partido de gobierno, de centro-izquierda) tiene 24% de apoyo, el PP (centro-derecha) 21%, y Ciudadanos (liberales) 19%, según el promedio de decenas de sondeos calculado por El País de España.

En cuanto a Podemos, un partido que surgió con gran energía desde movimientos anticapitalistas, se ha debilitado por sus luchas internas y su apoyo cayó a 14%. Todo indica que, si cae aún más ante la opinión pública, se afectarán los objetivos de Sánchez de formar otra coalición de izquierda.

Uno de los partidos que podría verse favorecido en la contienda es la extrema derecha de Vox, con 11% de apoyo en las encuestas. Sería la primera vez que una agrupación de este tipo irrumpe en el escenario político nacional desde el franquismo de los años de 1970. Su popularidad responde a su posición crítica hacia  los inmigrantes que llegan desde África, lo que explica su irrupción en el Parlamento regional de Andalucía.

Aunque por ahora el PSOE aparece a la cabeza en las encuestas, la suma de las preferencias por el PP, Ciudadanos y Vox alcanzan el 51%, lo que permite suponer que la derecha podría favorecerse con estas elecciones.  

En este momento el equilibrio entre los partidos es inestable a tal punto que, incluso en el PP, que tumbó los Presupuestos, existe temor por perder escaños.

Sánchez declaró esta semana que no descarta pactar con alguna fuerza política tras las elecciones de abril. “Como hemos hecho en algunas cuestiones, este país necesita unirse en torno a los grandes proyectos”, dijo en una entrevista en el  sitio 20 minutos.es.

Sánchez es uno de los pocos líderes de izquierda en el poder que aún quedan en Europa. Hoy en día, su gobierno, que no se resigna a dejar de gobernar, sigue intentando hasta último minuto utilizar los instrumentos a su alcance para sacar adelante algunas reformas legales antes de la disolución de las Cortes el 5 de marzo.

Dada la fractura política, es muy difícil que las elecciones contribuyan a un cambio de fondo. La tirantez entre los partidarios de la independencia de Cataluña por un lado y los unionistas catalanes y los españoles, por otro, seguirá muy presente, así como los problemas de gobernabilidad que desembocaron en los comicios anticipados. 

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