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Eligiendo un nuevo modelo de país

Como parámetro, debería comenzarse por abandonar el optimismo irracional

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27 de marzo de 2018 a las 10:44

En mi nota de la semana pasada proponía que en vez de pensar en cambiar de políticos, de gobierno o de partido, se pensara en cambiar el modelo. La razón es simple. El socialismo, que fracasó en el mundo, tampoco tuvo éxito localmente. El crecimiento de 15 años empezó desde una economía ordenada inteligentemente por el gobierno de Jorge Batlle y a partir de ahí tan solo se basó en confiscar parte del patrimonio ajeno para repartirlo, despilfarrar el regalo de la década de la soja cara y también la de las vacas gordas, otro viento a favor (creado por el sabotaje a la ganadería argentina de una presidenta que perdió doce millones de cabezas de su rodeo). Y el aumento del turismo tuvo poco que ver con decisiones de gobierno. De vuelta en la realidad y sin secreto bancario, ahora el socialismo uruguayo está en la última etapa del ordeñe a los productores de riqueza y lo que queda por ordeñar es muy poco, por lo que la sangría futura será muy dolorosa para toda la sociedad sin distinciones, en un escenario global despiadado.

También prometí no intentar elaborar sobre qué tipo de modelo sería el apropiado, porque resultaría muy osado arrogarse semejante potestad, y porque habrá que darle oportunidad a las nuevas generaciones de políticos de convertirse en estadistas que señalen el rumbo y hagan la prédica de los nuevos paradigmas.

Pero, ¿qué parámetros tener en cuenta para esa construcción? - preguntan algunos lectores dubitativos. Debería comenzarse por abandonar el optimismo irracional. El que lleva a creer que hay una posibilidad de síntesis entre la tesis de los que creen en el trabajo esforzado y la antítesis de los que ven la ganancia fruto de ese esfuerzo y talento como culpable de la pobreza y al capital – ganancia ahorrada - como presa de la rapiña del Estado. Ese mismo optimismo que le hace creer a algunos productores que pueden efectivamente tener un diálogo serio con los representantes de un sistema que sólo puede existir si los arruina.

Un filme ahora en cartelera ilustra este punto: The Darkest Hour, donde Churchill se debe enfrentar a la pusilanimidad de sus compatriotas que creen que se puede hacer un tratado con Hitler y obtener condiciones aceptables, para no tener que pagar el precio de una guerra. Del mismo modo, es imposible pactar con el socialismo o el trotskismo. No hay un punto de acuerdo posible. Este sistema no puede acordar nada. Por ideología, pero más importante, porque – incapaz de producir riqueza- sólo sabe confiscarla.

Y ahí tenemos el primer parámetro. No sirve imaginar un nuevo modelo con el Estado como árbitro, repartiendo los ahorros ajenos, gestionando las empresas de servicio, decidiendo los salarios, negociando con empresas del exterior mano a mano, ni haciendo ninguna clase de programación centralizada, cualquiera fuera el nombre con que se disimulase. Si se excluyen los efectos de la confiscación impositiva y salarial al sector privado, la doble bonanza dilapidada y la reactivación luego de la crisis de 2001 lograda gracias a un gobierno sensato, el actual modelo sólo ha creado una falsa impresión de bienestar que está a préstamo, y que cuando se descorra el velo de la mentira del reparto cortoplacista, creará más resentimientos y más desigualdad, sin beneficios para nadie.

Por las mismas razones, tampoco cabe adoptar ningún sistema de tipo keynesiano. Ese es un segundo parámetro. La emisión, el crédito fácil, el gasto desproporcionado del Estado, la manipulación de los agregados vía la fijación de pautas, precios o cualquier otro método, son finalmente, un modo de planificación centralizada, una negación de las leyes básicas de la economía, que también tienen una apariencia de éxito al principio, para terminar en una crisis peor al final. Como dijera von Mises, con mejores argumentos que este columnista, Keynes terminó asemejándose al socialismo en sus concepciones aplicadas. (Sin olvidar que, tras su ministerio, Gran Bretaña defaulteó su deuda externa y perdió todo su poder como potencia mundial) No hay diferencia conceptual importante entre los dos sistemas.

El tercer parámetro tiene que ver con el sindicalismo y el paquete de legislación laboral, jurisprudencia y vicios. Que no es atribuible sólo al Frente Amplio, pero que es obsoleto y nada tiene que ver con lo que hace falta para figurar en el tablero mundial, suponiendo que se haya aceptado finalmente la conveniencia de participar del mundo. Los países que mejor han reaccionado ante los cambios imparables que plantea la competencia mundial han sido los que contaron con mecanismos que permiten la flexibilidad y previsibilidad constante. Adoptar esas prácticas no es opcional. Quien no las adopta pierde.

El cuarto parámetro es el gasto del Estado. Crucial, como dijimos al analizar el keynesianismo. Al entremezclarse el manejo de la economía con la política, el electoralismo y el marketing, los efectos negativos de los festivales de gastos se escamotean, las culpas se diluyen y las consecuencias se licuan al repartirse la pérdida resultante entre toda la sociedad. Se culpa entonces a algún contubernio, imperialismo o monstruosa conjura internacional alegando que haría falta más gasto aún. Como además se reparte felicidad y dinero, una mayoría prefiere ignorar el precio carísimo que siempre se paga por tener la mano blanda para gastar. Que todo esto ocurra lentamente, como en Uruguay, no cambia el resultado. Debería entonces instaurarse una restricción constitucional a la generación de déficits y al manejo discrecional de las variables centrales de la economía.

En la práctica, se tolera el gasto del estado, por desenfrenado que fuere, porque, además de coimear a las masas, se canaliza en consumo de corto plazo, modo precario de evaluar una economía. Pero las consecuencias nefastas se acumulan y el regreso es cada vez menos factible. Por el efecto nocivo sobre la responsabilidad de gobernantes y gobernados y por la acción diluyente del déficit y sus colaterales sobre la calidad institucional, también se justifica que se limite constitucionalmente.

El último parámetro sería la libertad de comercio. Esto significa ignorar las quejas de empresarios y sindicalistas sobre el supuesto daño que cualquier apertura hace al país y a las fuentes de trabajo. Por cada puesto que se pueda perder con la apertura, se gana cuando menos un puesto en otro sector, pero con mucha más eficiencia. Y se aumenta el bienestar de la sociedad al bajar los costos de lo que consume y aumentar su posibilidad de elección y variedad. Además, cada empleo protegido le cuesta a la sociedad 10 o 15 veces lo que genera en salarios directos e indirectos.

Seguramente cada lector querrá agregar sus propios parámetros, pero me conformo con estos cinco. ¿A qué ideología responden? A la seriedad en el manejo de la cosa pública. A retomar la cultura del trabajo y sobre todo a tener la posibilidad de trabajar productivamente. A luchar con chances en un mundo que no las da con facilidad. Y a dárselas a la sociedad. A lograr una menor desigualdad de oportunidades auténticas, no declamada por decreto, ni por confiscación.

En este momento es donde aparecen las conocidas frases que tanto he escuchado a mis compatriotas argentinos. "Pero eso en este país no se puede hacer". "Esto no es Suiza", si hacen eso las gremiales paran el país", a las que los uruguayos podrían agregar: "Uruguay es diferente" , "venimos así desde siempre", "No nos va nunca ni muy bien ni tal mal" y por el estilo, frases rioplatenses que en definitiva quieren siempre decir: "Tenemos miedo de cambiar y apuntar a un destino mejor. Es preferible que el Estado libre esa lucha por nosotros". Y pensando así, corremos el riesgo cierto de tener un destino peor.
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