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Empresarios anuncian que alcanzaron firmas para plebiscitar la inclusión financiera
El presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, Francisco Alonsopérez, anunció este miércoles que la iniciativa para llevar adelante un plebiscito nacional sobre la bancarización obligatoria alcanzó las firmas necesarias para ser aceptado por la Corte Electoral. El titular de la gremial señaló en una conferencia de prensa que se alcanzaron 272 mil firmas en todo el país, según informó el portal Fmgente.
Pese a que se alcanzó la cantidad de firmas que exige la Corte Electoral, la cámara seguirá recogiendo adhesiones con miras a someter a consulta popular la ley de Inclusión Financiera en las próximas elecciones departamentales de mayo de 2020. Es que una vez que se entreguen las firmas la corte deberá validarlas, por lo que algunas pueden quedar por el camino si son inconsistentes.
El proceso de validación, que es llevado adelante por dos miembros de la corte de diferente filiación partidaria, consiste en contrastar la firma de la credencial con la registrada en la hoja electoral.
La cámara empresarial no se puso como meta la consulta en las elecciones nacionales de octubre, ya que para eso hay plazo hasta el próximo sábado 27 de abril. Esto último fue lo que terminó por dejar fuera de competencia a la consulta -también para derogar la ley de Inclusión Financiera- que promovía Gustavo Salle, quien anunció en los últimos días que su campaña había llegado a poco más de 200 mil adhesiones. Como la iniciativa de Salle planteaba celebrar el plebiscito en las próximas elecciones nacionales contaba con tiempo hasta tres meses antes de la votación.
A diferencia de la iniciativa de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (Crece), la propuesta de Salle pretendía un agregado en el artículo 52 de la Constitución que dejara explícitamente señalado que “está prohibida cualquier forma de bancarización obligatoria” y que “toda persona física o jurídica tiene derecho a operar con dinero en efectivo en todo tipo de transacción económica o financiera cualquiera sea su monto”. También incluía una disposición especial por la cual los bancos y emisores de dinero electrónico no tendrían derecho a reclamo sobre daños, perjuicios y/ o lucro cesante alegando como motivo la reforma.
En tanto, Crece plantea reformar cuatro artículos de la constitución (24,36, 53 y 85). Entre los principales puntos se establece que nadie podrá ser obligado a celebrar un contrato en contra de su voluntad ni podrá ser sancionado por no hacerlo, y que el uso de mecanismos de dinero electrónico o de cualquier otro instrumento financiero será opcional para los contratantes.
Además, se establece que el empleo de dinero electrónico o de mecanismos de inclusión u otros relacionados con el sistema financiero, que podrá habilitar la ley, “no obstará (impedirá) al derecho de los interesados, de cancelar sus adeudos o percibir sus haberes mediante el pago en moneda efectiva corriente, en instrumentos físicos que emitirá la autoridad monetaria”.
